*Presenta
Mercedes Santoyo Domínguez ante el Congreso el trabajo de la CGE durante el
primer año de esta administración.
Tribuna
Libre.- La
disciplina y el orden son compromiso de este gobierno y responsabilidad de cada
servidor público, manifestó la titular de la Contraloría General del Estado
(CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, al comparecer ante la Comisión Permanente de
Hacienda del Estado de la LXV Legislatura, integrada por la diputada Rosalinda
Galindo Silva y el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidenta y secretario,
respectivamente.
Comenzó subrayando que su compromiso es
mejorar los procesos que se desarrollan en todas las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo. Durante este año, se mantuvo como línea prioritaria la
capacitación oportuna del personal de las distintas áreas del gobierno,
incluyendo principalmente las unidades administrativas de los entes públicos y
los Órganos Internos de Control (OIC).
Durante su presentación celebrada en el
auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, destacó la realización del Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación. Con esta base, se promovió la realización de 150
capacitaciones a las que asistieron tres mil 134 servidores públicos del Poder
Ejecutivo, 53 por ciento mujeres y 47 por ciento hombres.
El temario abordado en dichas jornadas fue:
Ética para los servidores públicos, Cultura de la legalidad, Elaboración y
actualización de manuales administrativos, Introducción a la administración
pública, Sistema Estatal Anticorrupción, Bitácora electrónica de seguimiento a
la obra pública, Trabajo en equipo y otros como apoyos a la profesionalización
de servidores públicos.
Hizo referencia también a las evaluaciones
aplicadas a los OIC, donde el resultado obtenido fue un cumplimiento del 70 por
ciento a los Programas Generales de Trabajo 2019.
En un hecho inédito en la administración
pública estatal, comentó la funcionaria, la CGE llevó a cabo una evaluación
primaria a despachos externos y prestadores de servicios profesionales que
realizaron auditorías a los entes fiscalizables para el ejercicio 2018
Asimismo, informó la verificación y
seguimiento dado a la Declaración de Situación Patrimonial y de Interés que las
y los servidores públicos están obligadas a presentar. En esto, se han recibido
y procesado un total de 22 mil 351 declaraciones, de las cuales se generaron 11
mil 306 de inicio, dos mil 445 de conclusión y ocho mil 600 de modificación de
situación patrimonial. Junto con esto, se concretaron 43 evoluciones
patrimoniales y 135 análisis del Sistema de Declaraciones Patrimoniales de
Situación Patrimonial y de Intereses de servidores y exservidores públicos.
Por otra parte, con la finalidad de
fortalecer y consolidar el control interno y el Sistema Estatal de
Fiscalización, la CGE publicó en agosto de 2019 las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno en las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
Precisó que, durante el ejercicio 2018, sólo
se llevaron a cabo dos auditorías internas; 48 al Poder Ejecutivo, distribuidas
en: 19 auditorías integrales, 27 específicas y dos de obra pública. Se
determinó 143 observaciones generales y 178 relevantes, de las que se han
solventado 63 generales y 65 relevantes, es decir, 45.5 por ciento y 35.4 por
ciento respectivamente.
En cumplimiento al Acuerdo de coordinación,
celebrado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Estado de
Veracruz, para la coordinación especial en el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,
se dio seguimiento a 918 incidencias derivadas de la inspección por parte de la
Secretaría de la Función Pública al Sistema Electrónico de Información Pública
Gubernamental (Compranet); 260 corresponden a dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo, 22 a organismos autónomos y 636 a municipios.
Santoyo Domínguez detalló que, en el ámbito
de transparencia, se ha intervenido en 520 sesiones de órganos colegiados, de
las cuales 438 fueron de carácter ordinarias y 82 extraordinarias. Asimismo, se
han registrado 20 mil 471 operaciones, de acuerdo con su modalidad de
contratación, constatando en todo momento la priorización de las empresas
veracruzanas, las cuales representan el 92 por ciento del total de empresas
asignadas.
En el periodo comprendido entre el 01 de
enero al 31 de octubre de 2019, se realizaron 458 evaluaciones de tipo
financiero y programático presupuestal, de las cuales resultaron 319
inconsistencias y 51 recomendaciones.
Por el mismo sentido, los OIC presentaron los
informes de hallazgos en la aplicación del recurso público, reportando un total
de 177 inconsistencias.
Para el ejercicio 2019 –prosiguió la
funcionaria-, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) programó realizar 29
auditorías a la Cuenta Pública 2018, de las cuales, considerando la 2ª Entrega
del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, realizada el pasado 31
de octubre, 19 auditorías han concluido y 10 están en proceso.
En colaboración con la Secretaría de la
Función Pública (SFP), agregó, se programaron 16 auditorías a fondos y
programas federalizados, determinando ejecutar ocho auditorías conjuntas y ocho
directas.
Respecto de los Comités de Contraloría
Ciudadana (CCC) y Comités de Contraloría Social (CCS), se logró integrar 786
CCC, con la participación de seis mil 023 ciudadanos, contabilizándose a la
fecha mil 234 comités vigentes y un total de nueve mil 391 ciudadanos que
participan activamente, así como 489 CCS, integrados por mil 603 ciudadanos
beneficiados.
A fin de evitar la duplicidad de funciones
para contribuir a la contención del gasto corriente, comentó la funcionaria, la
CGE continúa trabajando en la revisión de estructuras orgánicas, la creación
innecesaria de plazas y la asignación arbitraria de sueldos. En esto, se
dictaminaron 60 estructuras orgánicas, 37 dependencias y entidades, 21
institutos tecnológicos y dos universidades tecnológicas.
Mercedes Santoyo concluyó su exposición,
explicando lo referente a procedimientos administrativos iniciados en contra de
exservidores públicos de la Administración Pública 2011-2016.
Aquí refirió que la Dirección Jurídica de la
CGE cuenta con antecedentes litigiosos en el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa (Tejav), donde esa autoridad emitió en septiembre del año en
curso un acuerdo que indica que han causado estado sentencias en contra de dos
exfuncionarios y, por tanto, queda firme para todos los efectos legales la
inhabilitación para desempeñar empleos o cargos o comisiones por cinco y tres
años respectivamente.