*El
Consejo Estatal sería un organismo público descentralizado de la Administración
Pública Estatal con atribuciones similares al modelo federal.
*Se
cambiaría el término “integración”, por el de “inclusión”, expuso el legislador
Antonio García Reyes.
Xalapa, Ver. | 06 diciembre de 2019
Tribuna
Libre.- Con
el propósito que la ley local en materia de inclusión de personas con
discapacidad sea adecuada en concordancia con las normas de la legislación
general y con el actuar del Gobierno Federal, además que corresponda con el
paradigma internacional sobre la discapacidad, vista como un movimiento
encaminado a visibilizar la problemática que enfrentan las personas con esa
condición, el diputado Antonio García Reyes presentó una iniciativa ante el
Pleno de la LXV Legislatura.
En su propuesta, planteada durante la quinta
sesión ordinaria, el integrante del Grupo Legislativo de los Partidos
Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) indicó
que la nueva conceptualización de la discapacidad obliga a la revisión del
marco jurídico local aplicable, de tal manera que la política pública de
gobierno a favor de esas personas sea acorde con el modelo social desde el que
se debe ver y entender a la discapacidad.
En primer término se plantea modificar el título
de la Ley, a efecto de sustituir el concepto de “integración” por el de
“inclusión”, de tal modo que se denomine Ley para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por otra parte, se establece el Consejo
Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como
el órgano responsable de establecer las políticas públicas en materia de
inclusión de personas con discapacidad, así como de la coordinación
institucional e interinstitucional respectivas y de promover, fomentar y
evaluar la participación de los sectores público y privado en las acciones,
estrategias, políticas públicas y programas correspondientes.
Asimismo, se propone la conversión del
Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad a un organismo público descentralizado de la Administración
Pública Estatal, con atribuciones semejantes en lo conducente a las del Consejo
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
(CONADIS) y con una Junta de Gobierno igual. Además se plantea la creación de
una Asamblea Consultiva que funja como una instancia ciudadana de asesoría y
consulta del Consejo.
En su intervención, el legislador precisó
estar convencido que la implementación de políticas públicas, en materia de
atención a las necesidades de las personas con discapacidad, debe estar a cargo
de un organismo especializado, de existencia permanente y dotado tanto de
atribuciones legales como de recursos para el efectivo cumplimiento de su labor
de promoción de la inclusión social de dichas personas.
“Mismas que representan un importante
porcentaje de la población veracruzana y que cotidianamente enfrentan
innumerables barreras que impiden el ejercicio de sus derechos fundamentales”,
agregó.
En la iniciativa se prevé puntualizar el
derecho de las personas con discapacidad a la participación en la vida política
y no sólo a la pública, que ya está prevista en la ley, “ya que si bien se
puede pensar que ambas participaciones son iguales, en estricto sentido no es
así, ya que al referirnos a la de índole política la vinculamos a la inclusión
en ese ámbito de las personas con discapacidad, que puede llegar a traducirse
en que los partidos políticos impulsen a cargos de elección popular a hombres y
mujeres con discapacidad”.
Por otra parte, se pretende darle un papel
más preponderante a la Secretaría de Desarrollo Social en la Junta de Gobierno
del Consejo, procurando así, conforme a la tendencia internacional, que
predomine el modelo social al momento de planear, impulsar e implementar
políticas públicas dedicadas a las personas con discapacidad.
En concordancia con lo anterior, a dicha
dependencia estaría sectorizado el organismo público descentralizado cuya
creación se propone y su titular presidiría la Junta de Gobierno.
Con la adhesión de las bancadas de Morena y
del Partido Acción Nacional, así como de los grupos legislativos mixtos Del
Lado Correcto de la Historia y Acción Nacional Veracruz, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables.