*Con 45
votos, aprueba el Pleno la iniciativa presentada por la diputada Ivonne
Trujillo, que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Xalapa, Ver. | 24 enero de 2020
Tribuna
Libre.- El
Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa
presentada el 17 de diciembre de 2019 por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz,
con el cual se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, ampliando el concepto de violencia política por razón de género para
reconocer que la padecen también las mujeres que ejercen un cargo de elección
popular o en el desempeño de un cargo público, por su única condición de ser
mujer.
Este dictamen, aprobado con 45 votos, señala
en el artículo 13 ter que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en
los órdenes del gobierno estatal y municipal, así como en los organismos
autónomos, todos los servidores públicos tienen la obligación de asegurar, en
el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia política.
Por tanto, están obligados a abstenerse de:
imponer por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas
ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres
ostenten o en cualquier ámbito de ejercicio de los derechos
político-electorales o de asociación de las mujeres y asignar responsabilidades
que tengan como resultado la limitación del ejercicio de sus tareas que
obstaculicen o restrinjan el ejercicio de su encargo.
Además de restringir el uso de la palabra, en
las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y
otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación aplicable,
e imponer a las mujeres sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el
ejercicio de sus derechos políticos.
También deberán abstenerse de divulgar o
revelar información personal y privada, de las mujeres electas, designadas, que
ocupen puestos administrativos o directivos, en el ejercicio de sus funciones
político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos
y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al
cargo que ejercen o postulan; y presionar o inducir a las autoridades electas o
designadas a presentar renuncia al cargo.
En las consideraciones del dictamen, la
Comisión coincide con la autora, en el sentido que la violencia política en
razón de género puede ser simbólica, económica, patrimonial, física, sexual y
puede llegar al feminicidio político. Puede ser perpetrada por conocidos y/o
por desconocidos, por hombres y también por mujeres; va dirigida contra
precandidatas, candidatas, candidatas electas, e incluso políticas en ejercicio
de su cargo; y no se limita al proceso electoral, la pueden padecer antes,
durante y después de ejercer un cargo.
Tras ser aprobado por el Pleno, el diputado
Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva, instruyó remitir el presente
decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.
