*Fue
turnada a las Comisiones de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales
la petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Xalapa, Ver. | 10 enero de 2020
Tribuna
Libre.- Durante
la novena sesión ordinaria, del primer periodo, correspondiente al segundo año
de labores, la LXV Legislatura turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación
y de Justicia y Puntos Constitucionales el oficio, enviado por la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, por el cual solicita a esta Soberanía
la suspensión y revocación del mandato de los ciudadanos José Paulino Domínguez
Sánchez y Lucero Yazmín Palmeros Barradas, presidente y síndica,
respectivamente, del ayuntamiento de Actopan.
Por otra parte, se dio entrada a la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) el informe, remitido por la titular del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), respecto a la revisión del manejo
y disposición final de residuos sólidos, realizado por dicho órgano, el cual
contiene los resultado del análisis de información proporcionada por los
ayuntamientos de la entidad, a través de los Órganos Internos de Control.
Lo anterior, en atención al exhorto emitido
por este Poder Legislativo en la sesión del 25 de julio de 2019.
En otro tema, las diputadas Vicky Virgina
Tadeo Ríos, Montserrat Ortega Ruiz y María Esther López Callejas, así como el
legislador Jorge Moreno Salinas, remitieron su primer informe de actividades.
El Pleno se dio por enterado.
De igual manera, en el desahogo de los temas
del Orden del Día y como consecuencia del fallecimiento del C. Genaro Rodríguez
Hernández, Subagente Municipal propietario de la localidad “La Frontera”,
perteneciente al Municipio de Misantla, se llamó al C. Eleuterio Rivera, subagente
municipal Suplente, para que previa protesta de ley ante Cabildo, pase a
desempeñar el cargo referido.
De igual forma fueron aprobados diversos
dictámenes de acuerdo por los que se autorizó a los ayuntamientos de
Ayahualulco y Jalacingo a donar, de manera condicional y en su caso revocable,
fracciones de terreno de propiedad municipal a favor del Gobierno del Estado, a
través de la Secretaría de Educación de Veracruz, para el funcionamiento de
diversas escuelas.