Secretario
Técnico de FGE Veracruz no pasó exámenes
de control y confiabilidad
Claudia Guerrero Martínez | 27 enero de 2020
Tribuna
Libre.- Después
de la publicación de una servidora, el 06 de enero pasado, difundida en redes
sociales y después, retomada durante
una comparecencia en el Congreso de Veracruz, esta información se
convirtió en escándalo internacional, por la aceptación bajo juramento frente a
diputados locales, sobre el parentesco
que tiene la Encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica
Hernández Giadans, con su prima hermana
Guadalupe Hernández Hervis, ésta última, acusada de ser la principal operadora
en los secuestros, trasiego de droga y cobros de piso del Comandante “H”, Hernán Martínez Zavaleta, Jefe
de plaza en Coatzacoalcos, detenido en el 2018 y quien curiosamente en
diciembre pasado, después de ser informadora del exsecretario de Seguridad
Pública, Jaime Humberto Téllez Marié en el 2018, Guadalupe Hernández Hervis obtuvo un Amparo
Federal a finales del 2019, bajo
presuntas negociaciones desde la Fiscalía General de la República. Ahora
tenemos documentos confidenciales, en los que el Secretario Técnico de la
FGE, Manuel Fernández Olivares no
pasó los exámenes de control y
confianza, en años anteriores, lo que
obliga a no ser apto para el cargo, por no convenir a la Institución y luego,
actualmente ocupa un cargo de alta jerarquía y no cuenta con dichas
evaluaciones. Les vamos a contar, sobre este nuevo escándalo, en el que la
Encargada de la FGE, engañó a todos, para nombrar a personajes con oscuros
vínculos con la delincuencia organizada…
Resulta que Manuel Fernández Olivares, alias
“Pámpano” y quien laboraba con el expresidente del Tribunal Superior de
Justicia, Edel Álvarez Peña, fue nota nacional cuando en mayo del 2019,
varios medios de comunicación, entre ellos, el periodista Ricardo Ravelo
informó sobre la presencia de Fernández Olivares en el Poder Judicial y a quien
lo relacionaba con grupos criminales, durante sus cargos como Juez de Distrito
y ser acusado de servir a los intereses de células delincuenciales, entre
ellos, Luis Hernández Lechuga, alias “El Lucky”, líder de plaza en Veracruz, en
el 2011 y detenido en el 2012, durante
el operativo “Veracruz Seguro”.
Con base a la declaración de El Lucky, interrogado por un Fiscal adscrito a la Secretaría de Marina,
ésta se lee en el expediente
947/2012/VER-FIEAFTVS, en el cual, los detenidos señalaron directamente a
Manuel Fernández Olivares, alias “El Pámpano”, quien siendo Ministerio Público
apoyó y protegió a los entonces detenidos, bajo el pago de 100 mil pesos
mensuales.
Ya para el 2017, Manuel Fernández Olivares fue designado Juez
Primero de Primera Instancia en
Coatzacoalcos, lugar, en donde Hernán Martínez Zavaleta era Jefe de Plaza y su
operadora Guadalupe Hernández Hervis, prima hermana de la hoy Encargada de la
FGE, Verónica Hernández Giadans. Guadalupe
era la operadora de cobros y trasiego de droga, entre otros negocios
ilícitos. Y esto se confirma, cuando en
julio del mismo 2017, fue removido del cargo, por haber protegido al Comandante
H y sus colaboradores. En el 2019, estuvo laborando en el Poder Judicial como
Secretario de Acuerdos de la Sala Constitucional del Poder Judicial y asesor de
Edel Álvarez Peña.
Vergonzoso, que mientras Manuel Fernández
Olivares asiste a las reuniones de seguridad para la presunta “Construcción de
la Paz”, teniendo información confidencial
sensible a la mano, que puede ser filtrada a grupos
delincuenciales, éste sigue relacionado
con células delictivas, entre ellas la prima de la Encargada de la FGE Verónica
Hernández Giadans, de nombre Guadalupe Hernández Hervis, quien fue beneficiada
con un amparo federal en diciembre pasado, llevando su procesos en libertad, no
por ser inocente, sino haber alegado anomalías en su proceso judicial… Y con
esto se comprueba que la administración de Cuitláhuac García se ha convertido
en un Narco-Gobierno, con funcionarios coludidos con estos grupos delictivos.
La liga para leer esta nota en: https://www.sinembargo.mx/17-05-2019/3582249
Y si esto capta su interés en lo que estamos
informando, también les comentamos que Manuel Fernández Olivares no pasó los
exámenes de control y confianza en el 2011. Resulta que con base a documentos
confidenciales, expedidos el 26 de octubre del
2011, la entonces Procuraduría
General de Justicia y su Centro de Evaluación
y Control de Confianza, bajo una Investigación Socioeconómica y la Autorización para la Realización de la
Investigación Socioeconómica, se le realizó estos estudios al actual Secretario
Técnico de la FGE, Manuel Fernández Olivares, en la que otorga su consentimiento para que a su cónyuge,
María de Lourdes Montalvo Olea, proporcione
al Investigador todos los datos que se requieran. En este documento se
observa su nombre, rúbrica y hasta huella dactilar. De igual manera, en el
mismo día, 26 de octubre del 2011, se le realizó la Evaluación Psicológica, Evaluación de
Control de Confianza, aceptando éstos
exámenes con firma y huella dactilar…
También, el 27 de octubre del 2011, el actual Secretario Técnico de la FGE autorizó que se
le realizara la Prueba de Evaluación
Poligráfica, con inicio de las 9:20 horas, observándose de igual forma su firma
y huella dactilar.
En los documentos, se anexa el resultado
que se lee “NO HABER APROBADO LAS
EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA”, firmado por Bertoldo Reyes Campuzano,
quien era Subprocurador de Supervisión y Control de la antes Procuraduría
General de Justicia del estado de Veracruz,
de quien también se aprecia su
firma en el documento. Cabe
mencionar algo muy importante, la relación de Bertoldo Reyes Campuzano en el
Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez es
evidente, cuando a su hijo, Daniel Reyes Morán, le entregaron una Notaría, como
lo publicamos con la liga: https://plumaslibres.com.mx/2018/12/30/cuitlahuac-garcia-entrega-paquete-de-16-notarias-a-operadores-de-morena/
, el 30 de diciembre del 2018
En el Oficio con el número FGJ/SSC/0190/2012,
con fecha del 31 de enero del 2012,
dirigido a Felipe Amadeo Flores Espinosa y firmado por Bertoldo Reyes
Campuzano, éste último externa textualmente: “Acuerdo dictado dentro del
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad número 027/2012, del Índice del
Departamento de Procedimientos Administrativos de Responsabilidad de esta
Subprocuraduría, iniciado con motivo del oficio número PGJ/OP/0774/2012, con fecha del 31 de enero
del 2012, se remite el Expediente número “CECC/Integración de Expediente/21
mayo 2009/0285”, signado por el Teniente de Infantería Guillermo Díaz Salas,
Coordinador del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, que contiene el resultado del dictamen final de
las evaluaciones de control de confianza practicadas al Lic. Manuel Fernández
Olivares, Agente del Ministerio Público Tercero Investigador en Veracruz,
Veracruz, en el cual, dicho servidor público resultó No Aprobado; por medio del
presente y anexo al mismo, me permito enviar a Usted copia debidamente
certificada del acuerdo de inicio del expediente antes citado”…
En el mismo documento, Bertoldo Reyes
Campuzano advierte a Amadeo Flores Espinosa: “Lo anterior con la finalidad de que en el ejercicio de sus facultades y
atribuciones que le confiere la ley, tenga a bien disponer de las medidas
precautorias que estime necesarias aplicar a Manuel Fernández Olivares, Agente
del Ministerio Público Tercero Investigador en Veracruz, Veracruz, para la
debida conducción y preservación de la función de la cual forma parte y del
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad al cual se le ha sometido”…
Rúbrica de Bertoldo Reyes Campuzano.
Increíble, que Verónica Hernández Giadans
sabiendo estos documentos, realizó una omisión a un deber legal y nombrar a
Manuel Fernández Olivares, como Secretario Técnico de la FGE y hacerlo su
segundo al mando… Y sin evaluaciones de control y confianza, como ella también
omite. Aun cuando no pasó el examen de control y
confianza en el 2011, fue nombrado como Secretario Técnico y la
normatividad que rige a todo servidor público en la Fiscalía General del Estado
no puede aspirar a un cargo, por el
antecedente de no haber aprobado las evaluaciones de control y confianza. Así
lo indica la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dicta
en el Artículo 22, que “le corresponde
al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de
evaluación y control de confianza de entidades federativas realicen sus
funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en
materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las
Instituciones de Seguridad Pública”.
De igual manera, en el Artículo 52, en el
rubro de Ministerios Públicos, el cual dicta: “No estar suspendido ni haber
sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni
estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local,
en los términos de las normas aplicables y presentar y aprobar las evaluaciones
de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables”.
Además,
en el Artículo 56.- “Los integrantes de las Instituciones de Procuración
de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control
de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca
la normatividad aplicable. Los resultados de los procesos de evaluación y los
expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en
aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o
judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones
aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley… Artículo 57.- Las solicitudes
de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso,
concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que
el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los
requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad
administrativa o penal, local o federal”…
Para terminar, no perdamos de vista que las evaluaciones de
Control y Confianza de Manuel Fernández Olivares no fueron aprobados, por tener
vínculos con la delincuencia organizada.
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