*30
Ayuntamientos que fueron incluidos en el nuevo informe 2018 podrán impugnar
dicha medida.
Xalapa, Ver. | 31 enero de 2020
Tribuna
Libre.- Los
30 alcaldes que fueron incluidos en el nuevo informe de la Cuenta Pública del
2018, por tener un presunto daño patrimonial, podrían recurrir a algún
mecanismo legal por la doble fiscalización que se hizo al gasto público, la
cual es inconstitucional, dijo el Diputado Local, Bingen Rementería Molina.
Incluso, los $15 millones de pesos que se
gastaron para realizar la nueva revisión, podría ser un monto observado como
daño patrimonial, pues fue innecesario invertir en la nueva revisión, es
especial porque el reporte que se entregó a diputados refleja una reducción al
primer informe que se había entregado al Congreso Local con el presunto daño
patrimonial a la cuenta pública del año 2018.
El también integrante de la Comisión de
Vigilancia, recordó que la principal motivación de MORENA para apoyar una
segunda revisión de la cuenta pública 2018 fue porque dudaban de la correcta
fiscalización y justificación del pliego de observaciones presentado por el
anterior titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
En el nuevo informe, todos los datos de los
presuntos saqueos al erario público fueron a la baja, y se contó con la
inclusión en este nuevo informe de 30 municipios, de los que tiene presunto
daño patrimonial, pero como se menciona, esto es inconstitucional, por lo que
hay una gran posibilidad de que el tema se pueda impugnar por parte de dichos
municipios.
“La constitución es muy clara, y esta prohíbe
la doble fiscalización”, así de sencillo.
Cabe recordar que la nueva valoración de la
Cuenta Pública 2018, permitió a los alcaldes (la gran mayoría de MORENA o
simpatizantes de MORENA) como Emiliano Zapata, Coatzacoalcos, Catemaco,
Acajete, Magdalena, Amatitlán, Atoyac, Tamiahua, Coacoatzintla, Tantoyuca,
Córdoba, Coyutla, Tlacojalpan, Tlaquilpan, Ozuluama, Calcahualco, San Andrés
Tenejapan, Cerro Azul, Santiago Sochiapa, Chalma, Soledad Atzompa, Chocamán,
Isla, Úrsulo Galván, Villa Aldama, Xoxocotla, José Azueta y Zozocolco de
Hidalgo, justificar el manejo financiero y salir limpios en esta nueva
revisión.
Y por otro lado se observó en esta nueva
fiscalización con daños patrimoniales millonarios a los municipios (la gran
mayoría Panistas o Perredistas) como Acayucan, Benito Juárez, Boca del Río, Veracruz,
Chiconamel, Coatzintla, Coxquihui, el Higo, Ixhuatlán de los Reyes, Ixhuatlán
del Café, Jilotepec, Landero y Coss, Mecayapan, Medellín, Nautla, Omealca,
Pánuco, Playa Vicente, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Tenampa, Tepatlaxco,
Tepetzintla, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Uxpanapa, Xico, Zentla,
Las Vigas, Lerdo de Tejada y Maltrata, con montos que van desde los $80 mil
pesos, hasta los $7 millones de pesos.
Estos últimos, todos ellos podrán interponer
sendos amparos ante esta doble fiscalización que nunca se debió haber
permitido, ya que es inconstitucional y se podrá tumbar fácilmente.
