* Los
principales postulados en la actual administración es la cero tolerancia a los
actos de corrupción, Rubén Ríos.
Xalapa, Ver. | 28 febrero de 2020
Tribuna
Libre.- El diputado Rubén
Ríos Uribe presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) y a la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), para que realicen una investigación respecto a
la adquisición de las torres de seguridad violentadas en días pasados, en el
municipio de Córdoba, toda vez que no cumplían con las condiciones de blindaje
necesarias.
Asimismo, solicitó que, a través de la
Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República
(FGR), se deslinden o finquen las
responsabilidades a que haya lugar a los funcionarios responsables, para que
los actos no queden impunes.
En su exposición de motivos, el legislador
del distrito XIX de Córdoba señaló que “la muerte de cuatro elementos de
seguridad pública enfrentando a la delincuencia en el municipio de Córdoba y la
existencia y utilización de una costosa torre de seguridad que se presentó como
blindada, cuando no lo era, pone a la vista uno de los más abominables actos de
corrupción en la memoria reciente de esa ciudad”.
Asimismo, destacó que la inseguridad es uno
de los primeros compromisos de la agenda pública de los tres poderes y de los
tres órdenes de gobierno, y señaló la inadmisible falta de compromiso de
autoridades y funcionarios, quienes, a su parecer, comprometieron la vida de
las y los veracruzanos y la restitución de la paz en el estado.
El Presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura consideró inaceptable “jugar con la exigencia ciudadana de
seguridad pública, sin mencionar, el poner en riesgo la integridad de los
elementos policiacos, que son nuestra primera línea de defensa contra la
delincuencia”.
Finalmente, indicó que uno de los principales
postulados en la actual administración es la cero tolerancia a los actos de
corrupción, lo que obliga a poner especial atención en la utilización de
recursos públicos, bajo la supuesta adquisición de bienes o servicios con una
calidad que no corresponda a las especificaciones facturadas.
Con la adhesión de los grupos legislativos
PRI-PVEM, Morena y Del Lado Correcto de la Historia, el Anteproyecto fue
turnado a la Junta de Coordinación Política.