Ciudad de México. | 13 febrero de 2020
Tribuna
Libre.- La
diputada federal de MORENA, Claudia Yáñez Cabrera, presentó una iniciativa de
reforma constitucional para establecer restricciones a los 32 delegados
estatales que busquen ser candidatos a puestos de elección popular, tales como
gobernador, senador o diputado local o federal.
En tribuna, señaló que se debe establecer que
tanto los delegados estatales como el coordinador general de Programas para el
Desarrollo deben de separarse de su cargo si buscan contender en un proceso
electoral, con un periodo de antelación específico.
Si buscan participar como candidatos a
gubernaturas de los estados, se debe establecer en el artículo 116
constitucional que estos funcionarios federales tienen que separarse de sus
funciones 3 años antes del día de la elección, certificando que no se
malversarán electoralmente los recursos humanos, financieros e informativos
para tal efecto.
Si quieren ser candidatos a diputados locales
o federales y senadurías, se debe reformar el artículo 55 de la Carta Magna
para estipular que deben separarse de sus cargos 1 año antes del día de las
elecciones, certificando que no se malversarán electoralmente los recursos para
sus fines.
Subrayó que los cargos de coordinador general
y de delegados estatales tienen acceso directo a recursos públicos, información
privilegiada y a bases de datos o padrones de beneficiarios de los programas
sociales que están bajo su responsabilidad.
“Con el tiempo las designaciones a estos
cargos públicos, y por el manejo de los padrones de beneficiarios, pueden ser
piezas políticas manipuladas por los partidos políticos para favorecer e
influir en posibles candidaturas, como aspirantes a gubernaturas, senadurías,
diputaciones locales y federales, debido a que no existen en la actualidad
mecanismos de control y restricción legal”, apuntó.
Refirió que el artículo 41 constitucional
establece que se deben garantizar los criterios para que los partidos políticos
cuenten de manera equitativa con elementos suficientes para llevar a cabo sus
actividades, sin ventaja sobre los demás candidatos.
“En este contexto, es necesario que tanto el
coordinador general de Programas para el Desarrollo, como los delegados de programas,
cuenten con mecanismos legales para contender por alguna gubernatura,
senaduría, diputación local o federal, tomando en cuenta que se encuentra
ventajosamente favorecidos ante sus adversarios políticos por el posible uso
indiscriminado de los padrones de beneficiarios de los programas sociales”,
destacó.
La iniciativa se turnó a la Comisión de
Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación en próximos días.