*El
comisionado de Jalisco, Salvador Romero Espinosa, impartió conferencia
magistral en Xalapa.
Tribuna
Libre.- La
falta de regulación en el uso de redes sociales digitales por parte del sector
gubernamental conlleva riesgos como eliminación de información pública,
ausencia de rendición de cuentas, utilización de recursos ilícitos, falta de
responsabilidad en la difusión de información, pérdida de cuentas en cada
administración pública, propagación de noticias falsas, carencia de certeza de
la fuente y violación al artículo 134 constitucional.
Esto lo alertó el comisionado del Instituto
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco, Salvador Romero Espinosa, al impartir en El Colegio de
Veracruz la conferencia magistral “Las redes sociales digitales, su relación
con el derecho a la información, la libertad de expresión y la privacidad”,
nombre que lleva el libro del cual es autor y que presentó en este evento.
En el encuentro organizado por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI),
el comisionado informó que, ante las premisas de diversos riesgos por la falta
de normatividad, en junio de 2019 el Sistema Nacional de Transparencia aprobó
las “Políticas generales para la difusión de información pública mediante las
redes sociales digitales”, lo que se convirtió en el primer antecedente formal
en México –materialmente legislativo–.
“De alguna forma se creyó que estas políticas
eran para restringir los derechos de los servidores públicos, que ya no iban a
poder bloquear a nadie, la realidad es que no era ese el objetivo; el objetivo
era tratar de fijar ciertas directrices de cómo usar las cuentas de redes
sociales para difundir información pública y dar algunos conceptos”, destacó.
Romero Espinosa explicó que de no poner
atención a este tema es más fácil que haya cuentas ficticias de servidores
públicos; que, si bien existen las opciones para verificación, no se puede
dejar a las plataformas la responsabilidad de elegir cuál es la correcta, pues
con engaños se podría verificar la de alguien que no es la oficial. Por lo que
deben ser los sujetos obligados quienes asuman el deber de dar a conocer las
fuentes que van a dar certeza de la información que se consulta.
Por otro lado, advirtió de los casos en los
que –tras los cambios de administración– se llevan las claves de las redes
sociales, lo que genera años perdidos de trabajo y hasta de recursos públicos
invertidos cuando se paga para aumentar seguidores; los nuevos responsables deben
abrir cuentas diferentes, los seguidores muchas veces no se enteran y continúan
siguiendo las anteriores, mismas que –incluso– llegan a usarse para ‘golpear’ a
la actual integración. Todo esto, consecuencia de que no haya nada que obligue
a dejar las contraseñas, enfatizó.
Abundando sobre estas implicaciones, el
experto delató: “si tú borras una publicación que no está respaldada en tus
archivos, estás borrando información pública” y, además, enfatizó que el día
que desaparezcan esas redes sociales todo lo que se subió se perderá. Asimismo,
mostró como preocupante que se difunda información indebida a través de redes
sociales oficiales y no haya responsabilidad porque no se tiene definido
quiénes las administran.
Finalmente, acusó que la laguna legal permite
que las cuentas de redes sociales se puedan llegar a utilizar como forma de
financiamiento ilícito, se publiciten con dinero privado o de procedencia
desconocida y no se rindan cuentas, o lleven a una violación del artículo 134
de la Constitución al utilizarse dinero público para promocionar la imagen de
servidores públicos.
El cónclave buscó que los ciudadanos tengan
mayor certeza de sus derechos, por ejemplo, si alguien no puede leer lo que
opina una persona en calidad de autoridad porque lo bloquea, esto se considera
por extensión una violación a la libertad de expresión. Por lo que se planteó
que esta práctica debe evitarse a menos que haya una justificación como
comportamientos abusivos por parte del seguidor.
En cuanto a los servidores públicos, el
objetivo fue que estén conscientes de sus obligaciones; de lo indispensable de
contar con directorios oficiales y padrones estatales; de la diferencia entre
cuentas oficiales y las “personales públicas”, que son aquellas donde existe consentimiento
del servidor público de ser integrado al directorio de cuentas de redes
sociales de la autoridad, difunde información pública derivada de su cargo y es
titular o cuatro niveles jerárquicos por debajo.
Para más información, las políticas generales
señaladas se pueden conocer en: http://bit.ly/3bn9M99
.
El libro presentado este día puede
descargarse en: http://bit.ly/3blFovV .