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sábado, 21 de marzo de 2020

Reforma Electoral para mitigar coronavirus, con vicios de inconstitucionalidad: oposición


*Cuitláhuac García usó la crisis sanitaria por el coronavirus para plantear una Reforma Electoral que estaría fuera del tiempo legal.

Xalapa, Ver. | 21 marzo de 2020 
Tribuna Libre.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez planteó la posibilidad de reducir hasta en un 40 por ciento el gasto en la organización de las elecciones de 2021 (más de 500 millones de pesos) ante el gasto público que provoca la pandemia del coronavirus el año próximo.

A casi una semana del anuncio, nadie conoce cuál es el sentido de la propuesta, sin embargo, actores políticos han planteado que existe la posibilidad de que se busque recortar las prerrogativas, lo que sería inconstitucional.

La opción de modificar el Código Electoral o la Constitución local llevará a los diputados a acelerar el proceso de dictaminación, pues tienen hasta el mes de agosto para hacer cualquier cambio a las dos leyes; en el caso de la carta magna requiere de dos periodos ordinarios de sesiones y el apoyo de los municipios para avalar cualquier cambio, lo que hace casi inviable el proceso.

La idea de adecuar la ley, reconocen algunos actores políticos, pondría en riesgo la operación del órgano electoral y los programas que deben implementar en la organización de los comicios; incluso el financiamiento de los partidos políticos.

Dirigentes partidistas ya han externado su rechazo a la propuesta pues consideran que la medida buscaría debilitar a la oposición, además, expusieron, el ahorro podría destinarse a programas con fines electorales en beneficio del partido Morena.

Según lo planteado por el gobernador, en 2021 se destinarían mil 230 millones de pesos a los comicios electorales. Pero si se modifica el código local sólo se etiquetarían 988 millones 668 mil pesos, lo que implica una reducción de 241 millones de pesos.

De acuerdo con la ley electoral, en su artículo 100, el OPLE tiene algunas obligaciones que implican un gasto, entre otras: imprimir los documentos y producir los materiales electorales; efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones, lo que obliga a contratar a personal para instalar consejos distritales y municipales, que se encargan de esa tarea.

Así como implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la Entidad; ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, así como solicitar al Registro Federal de Electores el padrón y la lista nominal de electores.

Además, debe organizar los debates entre los candidatos a cargos de elección popular local, entre otras atribuciones que le obligan al pago o contratación de empresas para realizar dichas actividades.

En el caso del artículo 50 del código local establece la fórmula para determinar el financiamiento que se otorga a los partidos políticos. Para poder disminuir el financiamiento en Veracruz tendría que ser modificada la Ley General de Partidos Políticos y la Constitución Federal; propuesta que está atorada en el Congreso de la Unión.

Recientemente el Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla dijo que, si bien no conocía el sentido de la propuesta, lo anunciado en conferencia de prensa por Cuitláhuac García Jiménez, le hacía presumir la intención de incidir en las actividades básicas del árbitro de la contienda.

En una entrevista radiofónica consideró que, si bien es necesario el reducir el costo en la organización de las elecciones, se debe garantizar la democracia y no poner en riesgo la credibilidad del propio instituto electoral.

En ese sentido, pidió no trastocar la democracia en Veracruz, luego de que se lograron la transición democrática en dos elecciones a gobernador, “y gracias a eso las elecciones se dieron en calma y paz, y eso se debe cuidar no trastocar. Yo estoy de acuerdo que la situación económica del Estado es difícil, es complicada, nosotros acudiremos con responsabilidad a escuchar las propuestas y hacer los comentarios”, recordó.

García Jiménez también habló de la posibilidad de reformar la Constitución local, ese cambio, según su dicho, generaría un mayor ahorro pues sólo se etiquetarían 687 millones 857 mil pesos para organizar la renovación de las 212 alcaldías y la elección de 50 diputados locales.

Según el artículo 66 de la carta magna, la función electoral se rige en dos sentidos, la organización desarrollo y vigilancia, trabajo que realiza el organismo local; así como la calificación y validación a través de los órganos jurisdiccionales, en este caso el Tribunal Electoral.

La misma ley reconoce que la reglamentación del OPLE, incluso, la elección de los consejeros depende del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que cualquier cambio o modificación estaría a cargo del Congreso federal.

En la única área en la que se podría lograr algún cambio para generar ahorro, sería en la reducción en el número de consejeros, que en la actualidad son siete. O desaparecer la Contraloría Interna, que es el órgano de control del OPLE, pero también corresponde a los legisladores federales.

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