*Cuitláhuac
García usó la crisis sanitaria por el coronavirus para plantear una Reforma
Electoral que estaría fuera del tiempo legal.
Tribuna
Libre.- El
gobernador Cuitláhuac García Jiménez planteó la posibilidad de reducir hasta en
un 40 por ciento el gasto en la organización de las elecciones de 2021 (más de
500 millones de pesos) ante el gasto público que provoca la pandemia del
coronavirus el año próximo.
A casi una semana del anuncio, nadie conoce
cuál es el sentido de la propuesta, sin embargo, actores políticos han
planteado que existe la posibilidad de que se busque recortar las
prerrogativas, lo que sería inconstitucional.
La opción de modificar el Código Electoral o
la Constitución local llevará a los diputados a acelerar el proceso de
dictaminación, pues tienen hasta el mes de agosto para hacer cualquier cambio a
las dos leyes; en el caso de la carta magna requiere de dos periodos ordinarios
de sesiones y el apoyo de los municipios para avalar cualquier cambio, lo que
hace casi inviable el proceso.
La idea de adecuar la ley, reconocen algunos
actores políticos, pondría en riesgo la operación del órgano electoral y los
programas que deben implementar en la organización de los comicios; incluso el
financiamiento de los partidos políticos.
Dirigentes partidistas ya han externado su
rechazo a la propuesta pues consideran que la medida buscaría debilitar a la
oposición, además, expusieron, el ahorro podría destinarse a programas con
fines electorales en beneficio del partido Morena.
Según lo planteado por el gobernador, en 2021
se destinarían mil 230 millones de pesos a los comicios electorales. Pero si se
modifica el código local sólo se etiquetarían 988 millones 668 mil pesos, lo
que implica una reducción de 241 millones de pesos.
De acuerdo con la ley electoral, en su
artículo 100, el OPLE tiene algunas obligaciones que implican un gasto, entre
otras: imprimir los documentos y producir los materiales electorales; efectuar
el escrutinio y cómputo total de las elecciones, lo que obliga a contratar a
personal para instalar consejos distritales y municipales, que se encargan de
esa tarea.
Así como implementar y operar el Programa de
Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en
la Entidad; ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de
escrutinio y cómputo de casilla, así como solicitar al Registro Federal de
Electores el padrón y la lista nominal de electores.
Además, debe organizar los debates entre los
candidatos a cargos de elección popular local, entre otras atribuciones que le
obligan al pago o contratación de empresas para realizar dichas actividades.
En el caso del artículo 50 del código local
establece la fórmula para determinar el financiamiento que se otorga a los
partidos políticos. Para poder disminuir el financiamiento en Veracruz tendría
que ser modificada la Ley General de Partidos Políticos y la Constitución
Federal; propuesta que está atorada en el Congreso de la Unión.
Recientemente el Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla dijo que, si bien no conocía el sentido de la
propuesta, lo anunciado en conferencia de prensa por Cuitláhuac García Jiménez,
le hacía presumir la intención de incidir en las actividades básicas del
árbitro de la contienda.
En una entrevista radiofónica consideró que,
si bien es necesario el reducir el costo en la organización de las elecciones,
se debe garantizar la democracia y no poner en riesgo la credibilidad del
propio instituto electoral.
En ese sentido, pidió no trastocar la
democracia en Veracruz, luego de que se lograron la transición democrática en
dos elecciones a gobernador, “y gracias a eso las elecciones se dieron en calma
y paz, y eso se debe cuidar no trastocar. Yo estoy de acuerdo que la situación
económica del Estado es difícil, es complicada, nosotros acudiremos con
responsabilidad a escuchar las propuestas y hacer los comentarios”, recordó.
García Jiménez también habló de la
posibilidad de reformar la Constitución local, ese cambio, según su dicho,
generaría un mayor ahorro pues sólo se etiquetarían 687 millones 857 mil pesos
para organizar la renovación de las 212 alcaldías y la elección de 50 diputados
locales.
Según el artículo 66 de la carta magna, la
función electoral se rige en dos sentidos, la organización desarrollo y
vigilancia, trabajo que realiza el organismo local; así como la calificación y
validación a través de los órganos jurisdiccionales, en este caso el Tribunal
Electoral.
La misma ley reconoce que la reglamentación
del OPLE, incluso, la elección de los consejeros depende del Instituto Nacional
Electoral (INE) y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, por lo que cualquier cambio o modificación estaría a cargo del
Congreso federal.
En la única área en la que se podría lograr
algún cambio para generar ahorro, sería en la reducción en el número de
consejeros, que en la actualidad son siete. O desaparecer la Contraloría
Interna, que es el órgano de control del OPLE, pero también corresponde a los
legisladores federales.