*Tras
lograr la destitución definitiva de Jorge Winckler, la LXV Legislatura
procedería a la designación en pleno periodo de aislamiento.
Xalapa, Ver. | 02 abril de 2020
Tribuna
Libre.- La
LXV legislatura del estado de Veracruz está contra el tiempo para nombrar a un
nuevo Fiscal General del Estado, de acuerdo con los plazos establecidos en la
Constitución, máxima ley del estado que deben acatar los legisladores locales,
se debía emitir la convocatoria para recibir propuesta de potenciales
candidatos, cinco días después de que se generó la vacante del cargo, el 26 de
marzo.
Según la Carta Magna el proceso de
nombramiento llevaría al menos 28 días, por lo que la designación se daría
durante el periodo de aislamiento voluntario a consecuencia de la contingencia
del coronavirus.
El lunes 30 de marzo, el Consejo de
Salubridad Federal acordó ajustar las medidas sanitarias ante la pandemia del
coronavirus COVID -19, que extiende el periodo de la campaña Quédate en Casa, a
partir del 30 de marzo y hasta el 30 de abril.
Durante ese periodo, la 65 Legislatura
debería designar un nuevo Fiscal General luego que removieron de manera
definitiva a Jorge Winckler el pasado 26 de marzo, cuando con 33 votos
determinaron revocar el nombramiento que le dio la 64 legislatura.
Según los plazos establecidos en la
Constitución se tienen 28 días naturales, una vez emitida la convocatoria, para
ratificar con la votación de las dos terceras partes del Congreso a Verónica
Hernández Giadáns, por un periodo de 9 años, o para nombrar a un nuevo titular
del órgano autónomo.
El periodo de elección quedó estipulado en
noviembre del 2018, cuando el Congreso tenía mayoría panista. La ley
contemplaba un proceso legislativo de hasta 50 días a partir de la emisión de
la convocatoria, por lo que se acotó el periodo de elección del abogado de los
veracruzanos. Además, se excluyó al ejecutivo del proceso.
La Constitución local, establece en su
artículo 67 la función, el proceso de nominación y la operación de los órganos
autónomos, entre ellos la Fiscalía General del Estado.
En su inciso C establece que el Fiscal
General durará en su encargo nueve años. Y será designado y removido por el
Congreso del Estado.
Para su nombramiento, se establece que, a
partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Congreso contará con
cinco días naturales para emitir Convocatoria pública, a los ciudadanos,
organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones, para que presenten
propuestas a efecto de cubrir la vacante.
La remoción definitiva se validó el pasado 26
de marzo, con la votación de 33 diputados a favor y 12 en contra. Morena sabía
que no tenía la votación calificada, por lo que, en el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política se determinó que bastaba con la mayoría simple para
separarlo del cargo.
Fue ese mismo día cuándo se publicó en la Gaceta
Oficial del Estado, en su número extraordinario 124, el acuerdo por el que se
destituía de manera definitiva del cargo a Winckler Ortiz, por lo que a partir
del viernes 27 el Congreso está obligado a emitir una convocatoria para la
elección del nuevo titular.
En entrevista reciente, el presidente de la
Comisión de Procuración de Justicia, José Manuel Pozos Castro, explicó que
estaban analizando los plazos legales para emitir la convocatoria que llevará
al nombramiento del titular de la FGE.
Según la ley, la recepción de propuestas se
hará en un plazo de diez días naturales, contado a partir del siguiente a aquel
en que se haga pública la convocatoria respectiva. Cumplido dicho plazo, y
cerrada la recepción de propuestas, la comisión encargada del ramo citará de
inmediato, y por un término no mayor de diez días naturales, a comparecer a las
y los ciudadanos que cumplan los requisitos, con objeto de que aporten mayores
elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia.
En un plazo de tres días naturales, contados
a partir de que haya concluido el periodo de comparecencias de las y los
candidatos, la comisión del ramo deberá emitir su dictamen, que contendrá una
terna de candidatos, el cual será sometido al Pleno del Congreso del Estado,
para que se realice el nombramiento.
El Congreso, con base en la terna propuesta
en el dictamen, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de cinco días
hábiles contados a partir de emitido el dictamen.
En caso de que ninguno de los integrantes de
la terna obtenga la mayoría de los votos arriba señalada, se realizará una
segunda votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que
cuente con la misma mayoría calificada.
Si después de las dos rondas previstas
ninguno de los candidatos alcanzó el voto requerido, se realizará una tercera
votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente
con la mayoría absoluta.
El Fiscal General podrá ser removido por el
Congreso por las causas graves que establezca la ley, y por el mismo
procedimiento de votación establecido para su designación. Las ausencias del
Fiscal General serán suplidas en los términos que señale la ley.
Yunes hace
renunciar a Luis Ángel Bravo
En enero del 2015 la Fiscalía del Estado dejó
de ser parte de la estructura del Gobierno del Estado y se convirtió en un
órgano autónomo.
Luis Ángel Bravo Contreras, fue nombrado
Fiscal General del Estado el 30 de enero del 2015 por un periodo de 9 años, su
nominación la respaldaron 38 diputados del PRI y sus aliados; tras la votación
los legisladores del PAN abandonaron la sesión en la que rindió protesta de
ley.
El también ex comisionado del IVAI, el
primero en ser recluido en el penal de Pacho Viejo, renunció a la nominación el
28 de noviembre del 2016, y se hizo efectiva el 1 de diciembre de ese año,
fecha en la que rindió protesta como Gobernador del Estado el panista Miguel
Ángel Yunes.
Previo a su separación del cargo nombró a
Jorge Winckler Ortiz como Fiscal Visitador que, de acuerdo con la ley orgánica,
era el responsable de asumir la titularidad de la FGE tras la ausencia o
renuncia del titular.
Poco más de un mes después, el 30 de
diciembre, la mayoría de los legisladores le dio su voto de confianza. Y tras
rendir protesta empezó la cacería contra funcionarios y ex funcionarios
duartistas, incluido Luis Ángel Bravo.
El ex priista fue internado en el penal de
Pacho Viejo acusado de desaparición forzadas, su detención se dio previo al
proceso electoral el 17 de junio del 2018, y salió el 22 de mayo del 2019, para
llevar su proceso en libertad.
Antes de su detención la Fiscalía emitió la
llamada ficha roja, mecanismo que permite a Fiscalías de otros estados y países
apoyar en la localización y detención de un presunto delincuente.
La historia se repite
Desde que el OPLE dio a conocer el virtual
triunfo de Morena en las urnas, actores políticos exigieron la renuncia del
entonces Fiscal General Jorge Winckler Ortiz, incluso, se iniciaron dos juicios
políticos en su contra, sin lograr destituirlo del cargo.
Sin embargo, en septiembre del año pasado, la
Diputación Permanente determinó separarlo del cargo de manera provisional, por
no contar con los exámenes de control y confianza para ocupar el cargo.
El pasado 26 de marzo, se votó un acuerdo de
la Junta de Coordinación Política, en el que la medida se tornó definitiva, por
lo que el Congreso local tendrá que nombrar a un nuevo titular.
Al igual que en el caso de Luis Ángel Bravo,
un juez del Poder Judicial giró una orden de aprehensión contra el exabogado de
los veracruzanos, quien es considerado un prófugo de la justicia.