*A una
semana de que le voten a favor la "Ley Nahle" en Veracruz, el
panorama se le complica a la ZACATECANA.
Ciudad, de México. | 19 mayo de 2020
Tribuna
Libre.- El
coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks,
demandó la destitución inmediata del gabinete energético encabezado por la
secretaria de Energía, Rocío Nahle, así como los directores de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Octavio Romero Oropeza.
En un comunicado, calificó el Acuerdo por el
que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en
el Sistema Eléctrico Nacional como la primera auténtica estatización del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Precisó que más allá de la cadena de
irregularidades para la entrada en vigor de la medida, una de las más graves y
directas afectaciones sobre la población mexicana es el desplazamiento de la
generación limpia de electricidad para regresar al carbón y el combustóleo,
altamente contaminantes.
Romero Hicks señaló que con ello se elimina
la posibilidad de instalar plantas de energías limpias, como la eólica y la
solar, que resultan más baratas y sin impacto al medio ambiente, comprometiendo
a México en los acuerdos internacionales.
Asimismo, destacó el desaseo para obligar a
que el acuerdo mencionado fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación
sin cumplir con el obligado requisito de evaluar el impacto regulatorio de la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Tal medida ha generado la preocupación y
protesta de las embajadas de Canadá y las 19 naciones que integran la Unión
Europea, pues advierten que se ponen en riesgo inversiones por más de seis mil
500 millones de dólares de las empresas de sus países que están en México.
Consideró que las prohibiciones que establece
el acuerdo vigente, desde el sábado pasado, constituyen una auténtica
estatización, toda vez que la Secretaría de Energía asume totalmente el control
del Sistema Eléctrico Nacional y frena las inversiones en energías limpias o
renovables.
De igual forma, agregó, se imponen pruebas y
limitaciones para las nuevas centrales de generación de energía a través de
métodos renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o
solares y prohíbe construcciones en lugares que se consideren congestionados o
con poca capacidad de transmisión.
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El
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acusa a Rocío Nahle de atentar “contra
el Estado de Derecho”
Ciudad, de México. | 19 mayo de 2020
Tribuna
Libre.- El
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusó a la Secretaría de Energía (Sener),
encabezada por Rocío Nahle García, de atentar contra la legalidad, el Estado de
Derecho, la libre competencia y el bienestar de los consumidores, luego de
haber publicado el acuerdo que frena las inversiones privadas en energías
renovables.
“El ‘Acuerdo por el que se emite la Política
de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico
Nacional’, publicado el viernes 15 de mayo en el Diario Oficial de la
Federación, es una violación flagrante al marco constitucional y legal
mexicano. A través de este instrumento, Sener usurpa facultades para incidir
ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”,
aseguró.
En un comunicado, el órgano empresarial acusó
que este acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, lo que
“representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en
México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos,
de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de
todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales
representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares”.
Asimismo, destacó que la medida que ha
entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos,
autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria,
atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico
nacional.
Por ello, hizo un llamado a la Secretaría de
Gobernación y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, con el
objetivo de que se investiguen y esclarezcan “las circunstancias irregulares en
las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta
destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la
Secretaría de Energía”.
Además, afirmó que el sector privado “agotará
los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como
los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para
salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector
energético mexicano como motor de desarrollo del país”.
