* Mano
sucia en las energías limpias * Mano
puerca con Fong y los Quintanilla *
Ataque a Libertad Bajo Palabra * 1973:
orden de aprehensión contra Vasconcelos
* El sospechoso poder notarial de Morales Bustamante
Mussio Cárdenas Arellano | 23 mayo de 2020
Tribuna
Libre.- Sin estridencia,
Rocío Nahle no sería Rocío Nahle, la pólvora y el fuego de la 4T, la que
escandaliza por sainetes de tráfico de influencias o por inducir a Andrés
Manuel a embestir al sector de las energías limpias. Y ahí vuelve a resbalar.
Nahle es chispa y explosión, la que hace
trizas al presidente moviéndolo a sabotear el desarrollo de las energías solar
y eólica, entre otras, y mandar al diablo mínimo 7 mil millones de dólares en
inversión extranjera y darse un tiro con Canadá y la Unión Europea por el
albazo demencial.
Y al sexto día le tiene que bajar.
Mayo 15. Nahle impone un acuerdo que de
entrada es violatorio de la ley. No tiene el aval de la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria, cuyo presidente, César Hernández, mejor renunció. No se
aplicaron consultas públicas previas, como reza la normatividad. Intenta tumbar
contratos suscritos bajo un marco legal.
México, en manos de Andrés Manuel y Nahle, es
único: cualquier inversión se persigue de oficio.
Su argumento hoy es el abasto seguro de
energía eléctrica en tiempos de Covid 19. Primer engaño.
Su pretexto es la intermitencia del
suministro realizado por las empresas comercializadoras de energías limpias al
conectarse al Sistema Eléctrico Nacional. Segundo engaño.
Si no cumplieran con los parámetros dictados
por la Comisión Nacional de Control de Energía, no podrían venir suministrando
el servicio.
Y el Dios Peje atizando desde el púlpito de
las mañaneras, aduciendo contratos ventajosos y leoninos, avizorando que habría
nuevas reglas. Freno total a las energías renovables.
Y al final tuvo que recular.
Una veintena de amparos, varias suspensiones
provisionales, el amago de entramparse en litigios internacionales, pago de
daños y perjuicios, sanciones por violación a tratados pero, sobre todo, el
reclamo de Canadá y la Unión Europea, mostraron que López Obrador es un tigre
de papel.
Y la tigresa maulló. Olvidó que había que
rugir.
Con Rocío Nahle, México gira al revés. La
tendencia mundial son las energías limpias y la Cuarta Trastornación, en
cambio, impulsa el uso de combustóleo, altamente contaminante, para mover la
industria eléctrica.
Atrás del acuerdo anti energías limpias hay
mano sucia. Petróleos Mexicanos pierde clientes, se aferra al mal negocio de
las gasolinas y no alcanzará las metas de producción. Y alguien le debe comprar
el combustóleo de mala calidad. Y ese alguien es Comisión Federal de
Electricidad. Y para eso hay que cerrarle el paso a las energías renovables.
De ello habla el periodista Carlos Loret de
Mola, en Historias de Reportero, en El Universal:
“Pemex se las está viendo negras para vender
el combustóleo que obtiene al refinar petróleo. Resulta que el crudo pesado
mexicano refinado en nuestras muy ineficientes refinerías genera un combustóleo
de pésima calidad. Nadie lo quiere. Y mientras más se refina petróleo, más de
este producto se obtiene. Imagino la conversación entre Energía, Pemex y CFE:
¿Qué hacemos con todo este combustóleo, ya nadie lo quiere? Pues que lo queme
CFE en hacer luz. Pero contamina mucho. No importa”.
Ana Paula Ordorica, en su columna Brújula, en
El Universal, advirtió del impacto de los tres strikes lanzados por López
Obrador para ponchar a las empresas dedicadas a las energías limpias.
“Al presidente no le gustan ni las energías
limpias ni las inversiones privadas. Las primeras quizás porque no las
entiende, las segundas porque ve cualquier inversión privada como la mano del
cerdo capitalista que abusa del pueblo y se enriquece a su costado.
Y agregó:
“El gobierno quizás no se ha dado cuenta (o
no le importa) que se está dando un balazo en el pie porque varias de las
empresas que han invertido en energías renovables tienen créditos con la Banca
de Desarrollo. Si estas empresas quiebran, no le van a pagar a Banobras; Nafin,
etc.”.
Al quinto día, el jueves 21, Nahle varió el
discurso. Ya con los juicios de amparo encima, matizó:
“Sobre los privados, ya explicamos que se
hicieron tres subastas realizadas en el gobierno anterior, las cuales se están
respetando, ya casi el 70 por ciento de la infraestructura está instalada y
debería de entrar en funcionamiento el 2020 o 2021, se están respetando los
programas”.
Y le entró el sospechosismo:
“He hablado con algunos empresarios, pero hay
una campaña de ciertos grupos, están en todo su derecho, nada más que no pueden
difamar ni calumniar, porque calumnian y difaman y ahí ya es otra cosa”.
De pronto, otra Rocío Nahle, menos visceral.
Ya no dice que CFE recibía energía intermitente. Ya no aludió a la cancelación
de certificaciones para el suministro de energías renovables.
La 4T se instaló en el limbo.
Nahle no sale de una cuando entra en otra.
Arrancó el sexenio con una charada de antología: la cruzada contra el
huachicol, provocando desabasto de gasolina, la compra de centenares de pipas
de manera irregular, la tragedia de Tlahuelilpan en que las víctimas se
calcinaron por el flamazo justo cuando practicaban la ordeña ilegal. Y a final
el huachicol no tienen para cuando parar.
Una más: Dos Bocas, un proyecto refinero
condenado al fracaso, inoculado en el ego de Andrés Manuel. Teniendo seis
refinerías a medio andar, Nahle impulsa la construcción de un proyecto locuaz.
A nivel mundial la tendencia son los automóviles eléctricos. Las gasolinas no
tienen futuro.
Y mientras el destino la alcanza, le suelta a
Juan Carlos Fong Cortés, socio del compadre incómodo de Rocío Nahle, Arturo
Quintanilla Hayek, una fracción de los contratos para erigir la refinería.
Fong Cortés, su empresa, Construcciones y
Reparaciones del Sur, fue sancionado por una remediación fraudulenta derivada
de un derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos.
Marca a Rocío Nahle otro escándalo: el
contrato de 114 millones de pesos a los sobrinos de su compadre Arturo
Quintanilla Hayek, dos juniors de Coatzacoalcos, Josué y Jaime Quintanilla
Ayache, propietarios de la empresa Bidcom Energy, a la que el IMSS le asignó un
contrato para el suministro de 100 ventiladores respiratorios.
Lo menos que se les imputó fue tráfico de
influencias y el contrato se canceló por incumplimiento del proveedor al
entregar producto que no reunía los requisitos. Abogados consultados presumen
que se podría configurar homicidio imprudencial, como en el caso del hijo de
Manuel Bartlett, también con el IMSS.
Nahle es una contradicción. Su hija se titula
como ingeniera en desarrollo sustentable y la secretaria de Energía opera el
parón a las empresas e inversiones en energías renovables.
Así es Rocío Nahle. La estridencia, lo
sórdido, la ventaja y el privilegio, es lo suyo.
Y embaucar a Andrés Manuel.
Archivo muerto
Serían decenas de puntuales, descarnadas,
agudas, demoledoras denuncias, pero la de las empresas fantasma en la SEV de
Zenyazen Escobar fue la gota que derramó el vaso. Hacia las 8:30 de la noche,
el lunes 18, inició el ataque. Notificaciones a granel llegaban a Armando
Ortiz, director del portal Libertad Bajo Palabra (LBP), y en ellas la red
social Facebook reportaba quejas por el contenido de las notas de su fan page
que supuestamente violaban las normas comunitarias. A lo largo de casi una
hora, Armando Ortiz elevó la voz en un video en su cuenta personal de Facebook,
detallando el ataque, la acción concertada, imputando la autoría a empleados de
la Secretaría de Educación de Veracruz, pues días antes había sido alertado por
insiders de la SEV que habría una embestida cibernética contra Libertad Bajo
Palabra. Horas antes, LBP había logrado altísima repercusión al difundir la
denuncia del senador panista Julen Rementería del Puerto, quien realizó un
hallazgo fenomenal, la incongruencia de cifras en la Dirección de Espacios
Educativos, obras no realizadas, obras que no corresponden al gobierno del
morenista Cuitláhuac García sino al de su antecesor, Miguel Ángel Yunes
Linares, obras inconclusas, empresas contratistas que cobraron pero no
concluyeron los trabajos, cuyos domicilios fiscales son casas abandonadas, ex
cantinas y hasta una tienda donde se expende mole. Dicho en breve, empresas
fantasma; empresas de papel al estilo Javier Duarte con el esquema usado para
saquear el erario de Veracruz. Un atraco con sabor a Morena. Antes, LBP había
exhibido el nepotismo de Cuitláhuac García, la operación burda de los dineros y
contratos a manos de su primo Eleazar Guerrero, subsecretario de Finanzas;
acreditó con actas de nacimiento y defunción, el parentesco vía la abuela
común, quien tuvo dos esposos y dio vida a dos familias, que el gobernador
niega; las tretas de la familia Ferráez con eventos del gobierno de Veracruz;
el sobreprecio en la adquisición de patrullas para la Policia Estatal, y así un
sinnúmero de trapacerías más. El ataque en Facebook muestra la vena infame de
Cuitláhuac García, un gobernador de pacotilla sin un gramo de talento para el
cargo al que no llegó por méritos propios sino por el efecto López Obrador. El
episodio es un ataque a la libertad de expresión, al periodismo crítico, a la
labor de un gran comunicador, Armando Ortiz, al que ni remotamente habrán de
doblegar. Así de infame —y torpe— es la 4T… Una causa penal, la 34/973,
contiene un caso delictivo y una orden de aprehensión. En ella se consigna la
agresión y amenazas a Edmundo López Velarde, catedrático de la Escuela
Secundaria y de Bachilleres Miguel Alemán González, en enero de 1973, y entre
sus victimarios un nombre que hoy es clave: Carlos Manuel Vasconcelos Guevara.
A tres columnas, destacando la nota, Diario de Sotavento, el emblemático
periódico de don Alfonso Grajales que diera cuenta de la vida pública de
Coatzacoalcos y el sur a mediados y finales del siglo pasado, reseñó las piruetas
delictivas del actual líder de la CTM —que dice que pronto dejará— y
autopostulado y adelantado candidato —independiente, pues también afirma que se
va del PRI (hay audio como evidencia)— a la presidencia municipal. Con
Vasconcelos estuvieron implicados el ya fallecido Moisés Garduza y Ángel Athié,
amigo entrañable de “La Amenaza” Vasconcelos y luego agente judicial. La orden
de aprehensión les fue girada por el juez Salvador Torres Ferman. La
investigación ministerial la integró Celestino Zamora López, entonces agente
del Ministerio Público del Fuero Común. Vasconcelos y sus compañeros terminaron
gozando de cabal impunidad. Hubo orden de aprehensión y siguieron libres. Y hoy
quiere ser alcalde de Coatzacoalcos. Alguien dijo que el expediente de “La Amenaza”
es voluminoso y de escándalo. Tiene razón… Bajo sospecha, el poder notarial con
el que Carlos de la Rosa López representó y aún representa al ex tesorero
municipal, Alfonso Morales Bustamante. Emitido el 11 de marzo pasado, el
documento está viciado de origen. Es impugnable. Y es, insisto, sospechoso.
Afectado por una cirrosis devastadora, Alfonso Morales murió este 10 de mayo.
Para esas fechas, cuando suscribió el poder notarial —número 32,137— su salud
se hallaba diezmada, tácitamente su enfermedad se hallaba en grado terminal.
¿Tenía o no capacidad para otorgar el poder? La pregunta bulle entre los
cercanos al ex tesorero municipal de Coatzacoalcos. ¿Qué movió a Carlos de la
Rosa, ex director jurídico municipal y amigo del ex alcalde Joaquín Caballero
Rosiñol a aceptar el poder, sabiendo que el documento es impugnable? ¿O eso no
lo aprendió en la universidad? Caballero y Morales Bustamante habían sido
citados a comparecer ante la Auditoría Superior de la Federación para solventar
por última vez inconsistencias en el ejercicio 2015, poco más de 8 millones de
pesos, provenientes de recursos federales. Caballero aún tendrá lidiar con la
presión de la ASF; Morales Bustamante ya no. Según versión de integrantes del
círculo cercano al ex tesorero, éste firmó documentos “de cuando estábamos en
la presidencia” mientras se hallaba muy mermada su salud. Ellos, como ya se ha
expuesto —tengo los testimonios—, mantienen el dilema sobre si Morales
Bustamante firmó libremente o se sintió obligado o fue obligado. Hay por lo
menos dos aseveraciones a este reportero en ese sentido. Carlos de la Rosa
sostiene que él no obligó a nadie y que se le difama. Que denuncie y que pruebe
en qué línea de texto se le imputó que él obligó a Morales Bustamante a
suscribir documentos. ¿Por qué aceptó el poder notarial a sabiendas que por el
estado de salud del ex tesorero cualquier acto que realice carecerá de validez?
Lo de la ASF es, a fin de cuentas, pecatta minuta. Falta aún ver cómo
enfrentarán Caballero y su tropa el enorme peso de las inconsistencias por 142
millones de pesos en el ejercicio 2017. Y hay más: si apareciera algún mandato
de Caballero a Morales Bustamante en ese año, que no fue acatado, para corregir
las irregularidades financieras, ¿qué reportó el contralor Ignacio Alejandro
Montero Álvarez? ¿O no advirtió nada? ¿O lo hizo y Caballero lo desoyó? ¿Y cuál
es la responsabilidad del regidor de Hacienda, Felipe Hernández Pulido, hijo
del líder moral de la Sección 11 del sindicato petrolero, Ramón Hernández
Toledo? Son 142 millones de pesos y no terminan de cuadrar. Y un poder notarial
envuelto en la sospecha. ¿Qué uso le dio, qué diligencias realizó Carlos de la
Rosa López desde el 11 de marzo, cuando Morales Bustamante lo emitió? ¿Estaba
lúcido el ex tesorero municipal al emitirlo? ¿Estaba capacitado para otorgarlo?
De no ser así, entonces el documento es nulo. Y la sospecha crece. De la Rosa y
Caballero son como el azúcar y el café, como el whisky y el hielo. Juntos en
las buenas y en las malas, en el gozo y en la desventura, en la bondad y en la
maldad. Otras historias, incluidos los episodios judiciales, los han mantenido
unidos. Ya se verá.