Xalapa, Ver. | 13 mayo de 2020
Tribuna
Libre.- Existe
preocupación de habitantes de la comunidad Los Atlixcos, en el municipio de
Alto Lucero, por posible escasez de agua y contaminación de afluentes, expuso
en tribuna el legislador José Magdaleno Rosales.
El diputado José Magdaleno Rosales Torres, presentó
un anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual exhorta a la Secretaría del
Medio Ambiente (Sedema) del Estado de Veracruz a realizar y presentar una
evaluación de impacto ambiental del proyecto avícola “El Llano”, a instalarse
en la comunidad de los Atlixcos, municipio de Alto Lucero, en cumplimento con
la normatividad establecida en la Ley Estatal de Protección Ambiental para la
entidad.
Asimismo, solicitó a la Procuraduría del
Medio Ambiente (PMA) de Veracruz, revisar las condiciones en las que se lleva a
cabo y funcionará el proyecto avícola a instalarse en dicha comunidad a fin de
evitar condiciones que puedan causar un desequilibrio ecológico afectando la
salud de los residentes de la zona.
Al dar detalles sobre su anteproyecto, el legislador
del distrito XVII de Medellín, señaló que la cercanía de la instalación avícola
en relación con la comunidad, mantiene preocupada a la población ante la
posible escasez de agua que se generaría, así como el riesgo de que los
desechos pudieran contaminar los afluentes y mantos freáticos que proveen del
vital líquido a las comunidades de Villa Candelaria, Topilitos, la Calera,
Tecuán, Colorado, Altamirano, Mata Verde y los Atlixcos.
Como antecedente, explicó que en noviembre de
2019, gracias a grupos ambientalistas de la zona, se logró detener de forma
momentánea la construcción del complejo; sin embargo, en diciembre del mismo
año fueron retirados los sellos, a lo que la Sedema argumentó que no había
recibido la manifestación de impacto ambiental, por lo que era competencia de
la PMA resolver ese asunto.
El legislador, recordó que Ley Estatal de
Protección Ambiental para el Estado, en su artículo 12, fracción XII, menciona
que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y
bienestar”, tomando esto como base para la realización y conducción de la
política ambiental estatal.
Además, dijo que en el artículo 6, fracción
XIII establece como atribución de la Sedema, “Evaluar el impacto ambiental de
las obras o actividades y, en su caso, de los estudios de riesgo
correspondientes, que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación
y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la presente Ley”.
Asimismo, continuó Rosales Torres,
corresponde a la Procuraduría del Medio Ambiente según la citada Ley,
“controlar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento de la legislación,
reglamentos y normatividad en materia ambiental”.
El marco legal contempla que aquellos que
pretendan realizar obras o actividades que puedan atentar contra el medio
ambiente, deberán presentar una manifestación de impacto ambiental que, de
acuerdo al orden jurídico, el promovente debe publicar durante dos días un
extracto del estudio en los dos periódicos de mayor circulación de la región
donde se llevará cabo el proyecto, agregó.
En este sentido, añadió el diputado, “toda
esta documentación no ha sido exhibida a los ciudadanos afectados y se presume que
no se ha realizado apegándose a lo establecido en el reglamento, y sin embargo
se está por concluir la obra”, concluyó.
El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para que continúe el trámite legislativo correspondiente.