*Presenta
el Grupo Legislativo una iniciativa, ante el Congreso de la Unión, para
reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Xalapa, Ver. | 23 junio de 2020
Tribuna
Libre
Los integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario
Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en el Congreso de
Veracruz, presentaron al Pleno la iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que
busca reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto que el delito de extorsión quede
señalado entre las conductas delictivas que ameritan oficiosamente la
imposición de la prisión preventiva por parte de los jueces.
En la sesión, cuarta ordinaria del segundo
periodo, el Pleno conoció la iniciativa y, como parte del proceso legislativo,
instruyó turnarla a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales; en caso de aprobarse por esta Soberanía, sería turnada al
Congreso de la Unión para continuar el trámite correspondiente.
En el texto de la iniciativa se establece que
con esta reforma el Constituyente Permanente Federal podría reflejar en la
Carta Magna una realidad social imperante en el país. “La de miles de mexicanos
que tienen que entregar a delincuentes parte importante del fruto de su
trabajo, pues de lo contrario corren el riesgo de perder sus vidas o sus
bienes, entre éstos los inmuebles y los productos con que honradamente se ganan
la vida y que permiten su contribución al desarrollo económico nacional”.
Expone que la extorsión es un delito que
tiene características especiales, ya que no sólo produce un daño patrimonial
sino que, adicionalmente, genera en la víctima una afectación emocional desde
el momento mismo en que el agente activo se comunica para obligarla a hacer o
dejar de hacer determinada conducta.
De esta manera, el artículo 19 de la Carta
Magna Federal indicaría que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez
la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad,
así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado
previamente por la comisión de un delito doloso.
El juez ordenará la prisión preventiva
oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores o
personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o
por cualquier causa no puedan resistirlo, delincuencia organizada, homicidio
doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, extorsión, robo
de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Robo al transporte de carga en cualquiera de
sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y
desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de
uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos
graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo
de la personalidad, y de la salud.
La propuesta legislativa fue signada por las
diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los
legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes.