José Miguel Cobián | 06 julio de 2020
Tribuna
Libre.- En
el imaginario colectivo, cuando el semáforo está en rojo, es cuando hay mayor
riesgo de contagio. Si el semáforo
cambia a naranja, la población lo interpreta como que el riesgo de contagio
comienza a disminuir. Esa es la lógica
por encima de cualquier explicación que pudiera dar la autoridad de salud
federal.
Cuando alguien ve el color con que está
pintado el país, generaliza la situación a todo el país, acorde al color, rojo
o naranja. De manera inteligente, ya se
señala por estados el color de riesgo, que para la población es lo más fácil de
comprender. Pero aún así, los colores
varían por municipio y por región en cada estado.
Ya ha quedado claro que iniciamos el cierre y
cuarentena de manera equivocada, pues se aplicó lo mismo a todo el país, a
pesar de que los momentos de la pandemia son diferentes para cada región. Así, zonas que no tuvieron un infectado a lo
largo de dos o tres meses, desgastaron a la población y a su economía con el encierro. Ahora cuando apenas está iniciando la etapa
de contagios masivos, es cuando el gobierno decide abrir y marcar como naranja
muchas zonas que en realidad deberían de estar en rojo.
Incapaz de reconocer que cometió un error y
así explicarlo a la población, se opta por reanudar la actividad económica,
reconociendo una innegable realidad: La mayoría de los mexicanos vivimos al
día, no podemos estar sin salir a trabajar, porque de hacerlo así, simplemente
no tendríamos dinero para comer.
Al inicio de la pandemia, se insistió mucho
en que era necesario tener políticas públicas agresivas para salvar a aquéllos
que pudieran morir por COVID. Se pidió
una y otra vez al gobierno federal otorgar una renta básica, ya fuera por
persona o por familia, para así detener la pandemia, evitando la cadena de contagios. La solución era sencilla y barata. Sin personas en la calle, en 21 días se
acabaría la transmisión del virus en el país, y podríamos reanudar nuestra vida
cotidiana, con las debidas precauciones.
En lugar de ello, el gobierno decidió actuar
como observador de la pandemia, e incluso promotor, al permitir la llegada de
viajeros de países ya envueltos en contagios masivos; al decidir no realizar
pruebas, las cuales hubieran servido para llevar a la cuarentena EXCLUSIVAMENTE
a aquéllos contagiados y a su cadena de contactos. La decisión tomada fue claramente
equivocada. Hoy los costos de no apoyar
a la población más vulnerable económicamente se miden en miles de muertos (más
los que se acumulen), los costos medidos en pérdidas de empleos son abrumadores,
y costará mucho tiempo y dinero recuperar esos empleos formales; los costos a
nivel economía nacional son brutales, la pérdida de 10% o más de la riqueza nacional medida en el
PIB, lo cual no se recuperará a lo largo de todo el sexenio.
Otorgar una renta básica a cada mexicano o a
cada familia, establecer reglas estrictas para que solo salieran a la calle
previa autorización hubiera sido considerado por la oposición como
autoritarismo, sin embargo, en casos excepcionales y cuando de salvar vidas y
haciendas se trata, deben de aplicarse medidas excepcionales también. Gobernar implica ejercer el poder que fue
otorgado de manera democrática. Un
gobernante no puede renunciar al ejercicio del poder. Hoy y a lo largo de quizá 30 años, pagaremos
el precio económico, el de vidas humanas será irrecuperable.
Originalmente y en base a criterios
científicos y conforme informaron las autoridades federales cuando iniciaron el
proceso denominado ¨nueva normalidad, el semáforo obtiene su color en función
de el grado de transmisión comunitaria, evaluación de la curva de contagios, la
conectividad intermunicipal, el tamaño de la población, la densidad
poblacional, la capacidad resolutiva de salud (disponibilidad hospitalaria
real), edad promedio poblacional, prevalencia de enfermedades crónicas. Lamentablemente el criterio ha sido
modificado por razones políticas del gobierno en turno.
Actualmente según los reportes de la
secretaría de salud, ¨los colores son determinados con base en la ocupación
hospitalaria y la condición de los pacientes.¨
Este cambio a determinar colores basados en disponibilidad hospitalaria,
genera enorme confusión en la población y la expone a mayores contagios, pues
presuntamente se basa a la ocupación hospitalaria, parámetro que es totalmente
manipulable por parte de la autoridad, ya que se aumenta el número de camas de
manera indiscriminada. Camas que en su
mayoría están vacías, pero no por no estar disponibles, sino porque no cuentan
con el personal y los insumos necesarios para su correcto funcionamiento como
camas de hospital.
Descaradamente el gobierno al cambiar el
criterio para definir el color del semáforo, deja claro que lo único que le
preocupa es tener camas disponibles, y evitar el presunto colapso de los
sistemas de salud pública. Pareciera que
la meta es tener suficientes camas, sin importar que en esas camas no se pueda
atender correctamente a los enfermos COVID.
Lo más grave, es que la señal que se envía al público implica un total
desinterés por reducir los contagios.
Parecen decir: ¨no importa que te contagies, no importa que te mueras,
lo único importante es que podamos presumir que no se colapsó el sistema de
salud¨.
Algún día terminará la pandemia. Parece que en tiempo de frío se va a agudizar
el problema de salud, ya que el calor ralentiza la transmisión del virus (ojo,
no la evita). Cuando termine todo,
habremos de evaluar los daños, y la falta de control de los mismos por parte
del gobierno federal. Los estatales y municipales, ante la reducción de
participaciones y la falta de capacidad técnica y científica a nivel estatal y
local, poco pueden hacer. Los
protocolos, las reglas de convivencia deben de ser emitidas por el gobierno
federal, que ante el fracaso de su política de salud pública, ha preferido
dejar la responsabilidad en estados y municipios sin capacidad para
asumirla.
Desde diciembre sabíamos que llegaría la
pandemia. El presidente dijo públicamente que estaba preparado su gobierno para
enfrentarla. Al día de hoy no tiene
protocolos ni para dispersar recursos de apoyo a adultos mayores sin ponerlos
en riesgo. Se han realizado compras de
emergencia a precios elevados de insumos médicos. La protección de los miembros de los
servicios de salud ha brillado por su ausencia, dando como resultado la mayor
proporción mundial de trabajadores de salud fallecidos en la lucha contra la
infección. Se sigue insistiendo en la
inutilidad del cubre bocas y la careta, cuando TODO el mundo camina en sentido
contrario, y lo mismo sucede con las pruebas. Tal parece que el gobierno
prefiere asumir mayor daño económico y mayor pérdida de vidas, que reconocer su
error y rectificar.
Sugiero hacerle caso a las recomendaciones de
gobiernos de países que han logrado contener exitosamente la pandemia, y analizar
detalladamente las recomendaciones del gobierno mexicano, por tu bien y el de
tu familia.
