Duro
revés a la incompetente Fiscal Verónica
Hernández Giadans
Claudia Guerrero Martínez | 23 julio de 2020
Tribuna
Libre.- El
Subsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno yunista Bernardo Segura Molina ganó un amparo
contra la medida cautelar de prisión preventiva, dentro del proceso judicial
318/2019, el cual, bajo violaciones a sus derechos y pésimos criterios en la
conformación mal realizada en la Carpeta de Investigación, así como en su detención, le fue otorgada la
protección federal para que su proceso lo lleve fuera del Penal de Pacho Viejo,
ubicado en el municipio de Coatepec.
Recordemos, con base a los limitados
criterios de la propia Verónica Hernández Giadans y su staff de incompetentes
asesores, bajo las órdenes del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, se
le libró orden de aprehensión en contra
de la extitular de la Secretaría de Finanzas Clementina “N”; el
extesorero de SEFIPLAN Adrián “N” y el exsubdirector de Operación Financiera
José Francisco “N”, siendo acusados por presuntos actos de corrupción en el
manejo de recursos públicos, ejercicio indebido del servicio público y abuso de
autoridad, delitos que se tipifican como no graves y su proceso lo pueden llevar
en libertad, según el Catálogo de delitos
en el nuevo Código Penal Acusatorio.
Con base a informes confiables, nos aseguran
que los abogados de Bernardo Segura
Molina están pidiendo fijar la fecha de la Audiencia para que el Juez de
Control cambie la medida cautelar y lo
dejen en libertad, para continuar su proceso libre, como era desde un
principio. Cabe mencionar, la existencia
de anomalías en la orden de aprehensión,
pues no se había presentado la acusación por parte de la FGE para la defensa y
los amparos les fueron negados, alegando que la denuncia estaba en carácter de
“Reservada”.
Y no sólo había anomalías en esta detención,
bajo criterios mal conformados en Carpetas de Investigación pésimamente
elaboradas… El 18 de abril fueron detenidos exfuncionarios del DIF Estatal
durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, entre ellos Julián “N”,
Pedro Francisco “N”, Francisco “N”, César “N”, Teodocio “N”, Claudia “N”,
Víctor Manuel “N” y Emilia Yasbel “N”, en diferentes operativos, siendo presuntamente
ocho detenidos por elementos de la Policía Ministerial y trasladados a la Sala
de Juicios Orales, en el Penal de Pacho Viejo, en Coatepec.
Y las acusaciones van desde presuntos delitos
contra el servicio público, ejercicio indebido de funciones, incumplimiento de
un deber legal, abuso de autoridad y hasta fraude. Y durante el operativo, se
detuvo a Julián “N”, quien fungió como director de Atención a Población
Vulnerable y área Solicitante en el DIF Estatal, durante la época en que Karime Macías de Duarte era Presidenta y hoy
enfrenta un proceso de extradición a México, acusada por varios delitos por más
de 112 millones de pesos. Recordemos que Julián “N” sustituyó a Astrid Elías
Mansur al final del sexenio malogrado de Javier Duarte, hoy preso en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de
México.
Con base a testimonios, advertimos que la
detención de los presuntos involucrados en el caso de corrupción en el DIF
Estatal de Veracruz, desde abril del 2020, hubo personas que prestaron sus
credenciales de elector y comprobantes
de domicilio, con la promesa de entrar a programas asistenciales para personas
vulnerables, pero en realidad, sus datos fueron utilizados para la fundación de
empresas fantasmas o inexistentes, con el fin de desviar recursos públicos
durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa y bajo la complicidad de su
entonces esposa Karime Macías Tubilla, quien sabía de la realización de estos
fraudes al SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la detención, existen testimonios de
vulnerar los derechos de los detenidos, las audiencias eran a puerta cerrada y
les colocaban bolsas de tela en las cabezas, para evitar ser fotografiados por
reporteros y los medios de comunicación, con la finalidad de no ser reconocidos
pero lo más vergonzoso, muchos de estos detenidos, se dedican a ser albañiles,
empleadas domésticas o mujeres en situación vulnerable, quienes nunca supieron
que sus datos fueron utilizados para ser dueños de grandes empresas
inexistentes y proveedores del Gobierno del Estado.
Esto explica que nadie tenga fotografías
oficiales de los detenidos, con la excusa de la presunta inocencia, pero
además, evitar ser reconocidos como personas engañadas, quienes su único pecado
fue entregar su copia de elector, CURP y comprobante de domicilio. Hoy, son
señalados de ser los artífices de un millonario fraude en el DIF de Veracruz.
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