*Presenta
la diputada Montserrat Ortega iniciativa de reforma a la Ley para la
Integración de las Personas con Discapacidad para el Estado.
Xalapa, Ver. | 29 julio de 2020
Tribuna
Libre.- La
diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó al Pleno de la LXV Legislatura una
propuesta de reforma a la Ley para la Integración de las Personas con
Discapacidad del Estado que tiene como finalidad establecer que las autoridades
estatales y municipales deberán incorporar en todas las transmisiones en vivo
que realicen el recuadro destinado para la interpretación del contenido a
lengua de señas mexicana.
En su participación, la diputada del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que, además, con esta
propuesta se busca incorporar a los organismos públicos, a los que la
Constitución Local otorga autonomía. “Así todas las personas pueden acceder a
la información que generan el Organismo Público Local Electoral, el Tribunal
Electoral de Veracruz, la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, entre otros”.
De esta manera, las autoridades estatales y
municipales deberán garantizar la accesibilidad a la información, para ello,
todas las transmisiones en vivo en los medios de comunicación televisiva,
plataformas digitales o redes sociales de tipo audiovisual que difundan;
deberán proyectar, de manera simultánea, un recuadro que incluya la
interpretación en lengua de señas mexicana.
El recuadro para la interpretación en lengua
de señas se ubicará en la parte inferior derecha de la pantalla, ocupando al
menos una sexta parte de ésta.
La imagen del intérprete debe abarcar desde
la cabeza hasta la cintura y debe contar con espacio a los lados y por encima
de la cabeza a fin de que la visibilidad de las señas no sea eliminada o
disminuida, respetando los Lineamientos del Instituto Federal de
Telecomunicaciones en la materia.
Al participar en la sexta sesión, la
legisladora puntualizó que las barreras de comunicación impiden a las personas
con discapacidad auditiva comprender adecuadamente los mensajes que reciben,
ocasionando aislamiento de los grupos sociales en que se desarrollan y
segregándolos de la sociedad en general, lo que resulta en un acto de
discriminación masiva, al ser excluidos de los mensajes de comunicación oficial
de los distintos espacios del poder público.
Recordó que, de acuerdo a los datos de la
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 6.3 por ciento de la
población son consideradas como personas en situación de discapacidad, de los
cuales presentan discapacidad auditiva el 18.4 por ciento, esto es, un millón
449 mil 516 personas.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables.