*No
existe algún plazo ni término para que Guatemala responda si concede o no la
solicitud de México.
*La SRE
informó que desde el mes de agosto de 2019 se envió todo el expediente completo
a Guatemala.
*Durante
el sexenio de Duarte de Ochoa, Veracruz se convirtió la fosa clandestina más
grande de México.
*Duarte
fue extraditado por lavado de dinero y delincuencia organizada, que luego
extrañamente le fue quitada por la PGR.
*Ahora
los delitos por los que se le juzga son delitos NO graves, por lo que el
resolutivo de Guatemala será transcendental.
Ciudad, de México. | 28 julio de 2020
Tribuna
Libre.- A
poco más de dos años de que se girara una orden de aprehensión en contra del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su probable
responsabilidad en diversas desapariciones forzadas ocurridas en su estado, el
proceso penal en su contra increíblemente no ha iniciado.
¿La razón? El gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador no ha conseguido el permiso diplomático que requiere de
Guatemala para poder ejecutar oficialmente la orden de aprehensión girada en
contra del exgobernador, trámite indispensable para poner en marcha el proceso.
Así lo revela un oficio de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) entregado vía transparencia a Animal Político,
medio de comunicación que hizo público todo el escándalo de Duarte y cómplices,
que además sostiene que no hay un plazo o fecha límite para obtener una
respuesta del gobierno centroamericano sobre el permiso que se requiere.
El permiso de Guatemala es necesario ya que
Duarte fue detenido en abril de 2017 en ese país y el tratado de extradición
firmado con ellos (como la mayor parte de los tratados) contempla que una
persona solo puede ser procesada por los delitos por los cuales se pidió su
detención originalmente. En el caso del exgobernador de Veracruz, la solicitud
original fue solo por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La orden de captura en contra de Duarte se
giró el 6 de junio de 2018 durante el gobierno de Yunes Linares luego de que la
Fiscalía General de Veracruz (FGE) presentó ante una jueza del estado los
avances de una carpeta de investigación, en la que se sostiene que Duarte de
Ochoa tiene responsabilidad plena en diversas desapariciones forzadas ocurridas
en el estado.
En dicha indagatoria se presume que Duarte de
Ochoa permitió que fuerzas de seguridad estatales perpetraran, de forma
sistemática, diversas desapariciones en Veracruz entre los años 2010 y 2016, la
mayoría de las cuales siguen sin esclarecerse.
La jueza que recibió el caso determinó que
había indicios suficientes para otorgar la orden de captura, pero a partir de
ese punto todo el procedimiento se ha complicado.
Fallas, omisiones y retrasos han prolongado
el fallo de Guatemala.
Luego de que se girara la orden de
aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, el gobierno de México tardó
prácticamente un año tan solo en enviar de forma correcta la solicitud
denominada “excepción al principio de especialidad” a Guatemala, para poder
procesar a Duarte por un delito distinto.
En su momento se hizo patente que desde el
inicio hubo complicaciones al integrar el expediente debido a errores o falta
de datos en el mismo. Fue la propia SRE la primera que consideró que existía
información incompleta, por lo que devolvió la solicitud a la Fiscalía General
de la República (FGR) que, a su vez, la entregó a la Fiscalía de Veracruz
(FGE).
El 17 de junio de 2019 la Embajada de México
entregó finalmente la solicitud a Guatemala pero unos días después, el 28 de
junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano devolvió
el expediente pidiendo que se corrigieran algunas omisiones.
En el nuevo oficio que la SRE entregó ahora
por medio de transparencia, la cancillería sostiene que la información ya fue
completada y entregada por parte de México a Guatemala desde agosto del año
pasado, pero que se continua en espera de una resolución.
“La solicitud de excepción a la regla de
especialidad, que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos presentó al
Gobierno de la República de Guatemala, con el fin de que se autorice que el
señor Javier Duarte de Ochoa, quien fuese extraditado por ese país a México en
2017, pueda ser sujeto a proceso penal diverso a aquel que motivó su entrega, actualmente
continua en estudio por las autoridades competentes de aquel país”, indica la
SRE.
La cancillería añade que no existe algún
término ni plazo para que Guatemala responda si concede o no dicha solicitud.
Desaparición e impunidad durante el Duartazgo.
De acuerdo con datos oficiales de la
Secretaría de Gobernación, en Veracruz hay más de 5 mil personas reportadas
como desaparecidas o no localizadas. Se trata del cuarto estado en el país con
la mayor cantidad de personas cuyo paradero es desconocido.
No solo eso. Hasta febrero pasado en Veracruz
se habían descubierto 432 fosas clandestinas con restos humanos, la mayor cifra
para una entidad solo detrás de Tamaulipas.
En la administración de Javier Duarte en
Veracruz se volvió constante la participación de fuerzas estatales y
municipales en la desaparición de personas, en presunta complicidad con el
crimen organizado. El común denominador de muchos de estos casos es que
continúan en la impunidad.
Ejemplos sobran. El caso especial de la
desaparición de al menos 15 jóvenes a manos de la policía estatal de Veracruz
en 2013. Todas las víctimas fueron detenidas sin órdenes de aprehensión ni
causa alguna que justificara su arresto. Se presume que algunas de ellas fueron
llevadas a la Academia de la Policía Estatal donde fueron torturadas. Ninguno
regresó con vida.