Ciudad, de México. | 29 agosto de 2020
Tribuna
Libre.- El
presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado la posibilidad de que haya
en México una consulta en la que los ciudadanos digan si están a favor de que
se enjuicie a exmandatarios que hayan incurrido en corrupción u otros delitos.
Este jueves se conoció que un grupo de 15 senadores de Morena ya tiene lista
una petición para que ocurra este procedimiento.
Analistas políticos y dirigentes de
oposición, han cuestionado este propósito. El líder nacional del PAN, Marko
Cortés, mencionó esta semana que la consulta es innecesaria, que si el
presidente López Obrador tiene pruebas contra exmandatarios como Carlos
Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entonces haga una denuncia. “Que
no haga política, que haga justicia, que dé resultados, la ley no se consulta,
la ley se aplica”.
A pesar de estas críticas, el presidente
López Obrador no descartó que incluso fuera él el que iniciara el procedimiento
de consulta, como le faculta la Ley Federal de Consulta Popular publicada en
2014.
En su artículo 12, señala que quienes podrán
solicitar una consulta de este tipo, para que la ciudadanía se exprese sobre un
tema de “trascendencia nacional”, son: el jefe del Ejecutivo; el equivalente al
33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso;, o los
ciudadanos, recolectando firmas que equivalgan a por lo menos el 2% de los
inscritos en la lista nominal de electores, en este momento integrada por 90
millones 36 mil ciudadanos.
En el caso del Senado, el 33% serían 43
legisladores. Faltaría que se sumaran 27 en la petición presentada por
legisladores como Martí Batres, Jesusa Rodríguez, Citlalli Hernández, Nestora
Salgado y Napoléon Gómez Urrutia, para que pueda continuar el procedimiento.
La misma Ley refiere los tiempos límite para
presentar la petición de consulta, por las tres vías mencionadas, del uno al 15
de septiembre, en este caso, de cara a las elecciones federales del 2021.
Sea cual sea la vía, en todos los casos ya
sea el Congreso, el presidente o los ciudadanos tendrán que someter su petición
de consulta, incluyendo la pregunta que se hará a la gente, a la revisión de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine su
constitucionalidad.
Si es la vía legislativa, el procedimiento es
así: la petición de consulta se turna al presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de origen, se turna a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las
comisiones que correspondan.
Después, “el dictamen de la petición deberá
ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso; en caso contrario, se
procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido… aprobada
la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a la Suprema Corte
junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su
constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales”.
Si la Corte se pronuncia por la
constitucionalidad, como explicó el presidente, entonces entra el Instituto
Nacional Electoral (INE) para hacerse cargo del ejercicio de la consulta, de
difundirla y organizar el proceso para que la gente diga Sí o No, además de
contar los votos y dar a conocer los resultados.
Sobre esto último, en el artículo 64 se
establece que los resultados serán vinculatorios, para los poderes Ejecutivo y
Legislativo federal, “así como para las autoridades competentes”, cuando se
registre una participación total de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en
la lista nominal de electores. “Cuando el resultado de la consulta sea
vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir
de la declaratoria de validez”, se refiere en la Ley.
Según dijo el presidente López Obrador en la
mañanera del 24 de agosto, la consulta, de agotarse todos los procedimientos
mencionados, podría realizarse el 6 de junio (día en que se celebran las
próximas elecciones) o el 1 de agosto de 2021.
El mandatario federal habló de este tema
luego de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su intento de que le
otorguen el criterio de oportunidad, denunciara que los expresidentes Carlos
Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, presuntamente participaron en
casos de corrupción y sobornos, como los de la constructora Odebrecht.
¿Qué
pregunta proponen los senadores de Morena?
En su petición, de acuerdo con el documento
difundido la noche del jueves, los 15 senadores de Morena proponen que en la
consulta se haga esta pregunta a los ciudadanos: «¿Estás de acuerdo con que
las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos
actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país
realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un
procedimiento judicial garantizando el debido proceso?»
Sobre por qué plantear la consulta para
eventualmente enjuiciar a los exmandatarios, mencionaron que “en México,
durante décadas y a lo largo y ancho del país, la corrupción no sólo ha dañado
nuestro tejido económico y social, sino que se ha entronizado, a tal grado, que
se encuentra en la raíz de las causas que han provocado decenas de miles de
muertes violentas” que han enlutado a la sociedad.
“A ese entramado perverso no han estado
ajenas, por omisión o por comisión, las más altas esferas del poder político.
El combate a la corrupción y a la impunidad es una causa noble que interesa a
todos los mexicanos”, apuntaron.
Desde el inicio del gobierno de López
Obrador, apuntaron, se ha dicho que no se trata de “un acto de venganza” llevar
a juicio a los expresidentes de México.
En el caso de que se acredite la comisión de
actos de corrupción en agravio de la nación durante el ejercicio de sus
funciones, dijeron, se tratará de un acto de justicia.
“Consideramos de la mayor relevancia que los
mecanismos de participación ciudadana directa puedan fortalecer la actuación de
los órganos de gobierno… es claro que la presente consulta nos atañe a todas y
todos los mexicanos, ya que tiene repercusión en todo el país y genera impacto
en la mayor parte de la población; es decir, la corrupción es un fenómeno
nocivo que afecta a toda la población; razón por la cual se colman los extremos
previstos en el artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, por lo que
respecta a que se trata de un tema de trascendencia nacional”.
Los legisladores recordaron que desde la
expedición de la Ley, “en nuestro país no se ha podido realizar ninguna
consulta popular. En el año 2014, pese a que se reunieron más de 2 millones de
firmas para llevar a cabo una consulta respecto a la reforma energética, la
Corte declaró inconstitucional la materia de esta.
“Igualmente, es fundamental mencionar que
jamás se había formulado petición de consulta popular por parte de los
integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso; por esta razón, nos encontramos
ante un hecho histórico y una decisión de la mayor trascendencia en la presente
legislatura”.