José Miguel Cobián | 21 agosto de 2020
Tribuna
Libre.- Aunque
todo mundo esté entretenido con la denuncia de Lozoya, hay que puntualizar
algunas cosas respecto de las API´s en el País, más allá de las opiniones de
los lambiscones del régimen, que opinan para quedar bien con algún funcionario
estatal o nacional de Morena, en lugar de pensar en el bien de México.
Antes de que Salinas de Gortari creara las
administraciones portuarias integrales, los puertos de México eran nidos de
ladrones y corrupción (algo ha mejorado este punto aunque no se ha resuelto al
100%). Los puertos fuente principal de comercio internacional,
detenían el desarrollo económico de México a cambio de beneficiar a ciertos
grupos de delincuentes legales o ilegales que medraban en ellos.
Los grupos de estibadores, los grupos que
movían la carga, los administradores de los puertos, los vigilantes, y cuanta
persona estaba involucrada en cualquier aspecto de la operación del puerto
obtenía beneficios ilegales.
Como todo lo que administra el gobierno, los
puertos eran botín político. Las
empresas que importaban o exportaban, ya sea de manera permanente o para
adquirir maquinaria, equipo y tecnología para desarrollar la industria nacional
sabían que su mayor problema era la ineficiencia en el manejo de sus mercancías
y sobre todo los ROBOS que existían.
Dejar un contenedor mas allá de lo mínimo indispensable implicaba que se
sufriría una pérdida total o parcial de la mercancía.
Era común que llegaran productos terminados,
y que las bandas de delincuentes, estuvieran enteradas hasta del número de
placas del vehículo que los transportaría, así, se lograba robar exactamente lo
que algún comprador ilegal había solicitado previamente. Práctica que por cierto, siguió vigente pero
ahora a través de ¨pitazos¨, mucho
tiempo después.
Si se quería conseguir cocaína de la más
pura, había que acudir con los policías federales que cuidaban el recinto
portuario. Lo mismo sucedía en caso de tráfico de cualquier tipo de armas. Era la autoridad encargada de la seguridad
del puerto, la que manejaba esos negocios ilícitos.
Ante el problema que significaba reducir la
corrupción en un sistema de gobierno donde reinaba la corrupción, Carlos
Salinas de Gortari, decidió que crear las administraciones portuarias
integrales, con una figura de sociedad anónima, que tuvieran como objetivo
elevar la eficiencia de los puertos mexicanos y permitir el despegue económico
de México, sobre todo por la próxima entrada en vigor del TLC.
Así, se otorgó la administración de los
puertos a las API´s, cuyos accionistas, son todos, entidades del gobierno
federal. Es decir, se deja el control
del puerto al gobierno, pero el criterio pasa de permitir que los aliados roben
a buscar la eficiencia y ampliación de capacidad de los puertos.
Las entidades tienen la posibilidad de
otorgar concesiones por plazos de 20 o 30 años renovables por un período
similar. Estas concesiones permiten que
el puerto adquiera infraestructura pagada por particulares, que además pagan
una renta al administrador, es decir al
gobierno federal. Así se han
construido terminales de carga y descarga de líquidos, de granos, de
automóviles, de productos terminados, etc.
Y con el dinero que pagan esos particulares por el permiso para
construir y administrar sus propias terminales por 20 años, se ha pagado buena
parte de la ampliación de infraestructura.
En el caso del puerto de Veracruz, la construcción del nuevo puerto
tiene una aportación significativa gracias a
los ingresos de la propia API.
Como dato interesante, la construcción del
nuevo puerto de Veracruz, que tiene una importancia económica enorme, no sólo
para el propio estado sino para todo el país, se ha suspendido a partir de la
llegada del nuevo gobierno. Es una obra
que no se va a cancelar, simplemente se retrasará seis años, a ciencia y
paciencia del gobierno estatal y del federal.
Ahora viene la pregunta de porque se le
ocurrió al presidente declarar lo que dijo en la mañanera. Tengo una hipótesis muy clara. La nueva administradora, que nada sabe de
cómo funcionan los puertos, recibió información de un subalterno igual de mal
capacitado que ella, de alguna de tantas concesiones que se han otorgado. Investigó un poco más, y descubrió que el
puerto estaba concesionado por cien años a la API. En su ignorancia, no sabía que figura
jurídica es la API, y mucho menos, quienes son los accionistas. Así que de inmediato reportó al presidente,
quien a su vez, no tiene la menor idea de cómo funcionan los puertos, y le
compró la idea de que había un abuso y corrupción en esa concesión del gobierno
federal al gobierno federal. Pero el presidente tampoco sabía que las API´s
pertenecen al gobierno federal.
Ese día no había tema para distraer a la
legión de seguidores en la mañanera, y es utilizó la información recién
recibida, sin la mínima verificación ni el mínimo control o conocimiento
profundo del asunto. Exactamente igual a
como se toman todas las decisiones en este gobierno. Así salió el presidente en su
personificación del paladín vengador de la justicia a atacar a la API Veracruz,
y así siguió al día siguiente, pues se percibe que no tiene capacidad de
autocrítica y mucho menos de reconocer un error.
Como muchos temas, éste ya pasó a segundo
término debido a que ahora le toca el turno al asunto Lozoya y su
denuncia. Sin embargo, leer tal
cantidad de artículos de presuntos periodistas, que sin la mínima información
opinan al respecto con el fin de agradar al poder, resulta nauseabundo. Tanto como quienes solo critican al régimen
sin tener las pruebas de sus dichos. Se
vale defender y se vale criticar siempre que se conozca el tema y se tenga
evidencia, fuera de eso, los colegas se convierten en sicarios o prostitutas de
la pluma. Algo que debemos evitar para
que México salga adelante.
Si te preguntas la razón del título, la
respuesta es muy sencilla. La pena ajena
viene en dos vertientes, una la de los columnistas y opinadores que opinan sin
conocer del tema, y que incluso reciben doctorados honoris causa de
universidades patito como premio a su traición a la patria y sumisión al
régimen en turno.
La otra vertiente es la pena ajena que siento
por nuestro presidente. Como él mismo lo
confesó, no prepara sus conferencias, lo cual implica una falta de respeto a
los mexicanos. Opina a bote pronto, sin
conocer a fondo los temas, toma decisiones sobre el futuro de México sin estar
bien enterado y como ha quedado claro una y
otra vez, sin escuchar las opiniones de sus asesores, o de quienes
conocen del tema convirtiéndose así en el hazmerreír de la comunidad
internacional. Siento Pena por el país,
porque el rumbo no se puede marcar con ocurrencias o improvisación.
Me queda claro que el presidente tiene un
objetivo político, y que lo lleva a cabo de manera impecable, pues es un tema
que domina. El tema de administración
pública es algo en lo que tiene enormes áreas de oportunidad para aprender a
gobernar antes de que pase a la historia como un mal presidente y como quien le
causó mucho daño a México, por obra, acción y omisión.