Xalapa, Ver. | 13 agosto de 2020
Tribuna
Libre.-
Con el anuncio del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de
que Enrique Peña Nieto fue acusado por Emilio Lozoya de haberle ordenado
recibir sobornos de dinero ilegal para su campaña presidencial en 2012, el
último presidente priista podría ser el primer exmandatario nacional en ser
llamado a juicio para que responda por un delito grave, que podría ser lavado
de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) y posiblemente
delincuencia organizada, dos delitos graves que no prescriben a pesar de los 8
años transcurridos desde su candidatura.
Peña tendría que responder, junto Luis
Videgaray, su coordinador de campaña y luego secretario de Hacienda y canciller
en su gobierno, por los 100 millones de pesos que, según la acusación de
Lozoya, habría recibido de Odebrecht y que utilizó para pagar a “asesores
extranjeros” que contrató para su proselitismo, dinero que por su procedencia
ilegal de la constructora brasileña Odebrecht y el destino que se le dio para
pagar servicios de asesoría de campaña, habría sido blanqueado para ocultar su
origen y, al involucrar en la recepción y uso de esos recursos financieros a
varias personas, configurarían un posible delito de delincuencia organizada, de
acuerdo con abogados penalistas consultados.
Las acusaciones hechas por Emilio Lozoya, que
el lunes le anticipamos en esta columna, incluyeron también a un diputado
federal y cinco senadores, cuyos nombres no fueron revelados por el fiscal
Gertz y a los que el exdirector de Pemex asegura haberles repartido, por
órdenes de Peña Nieto ya presidente y de Videgaray, secretario de Hacienda, 120
millones de pesos en sobornos para la Reforma Energética, aprobada entre el 11
y el 12 de diciembre de 2013 por las Cámaras del Senado primero y de Diputados
un día después.
Los nombres del diputado y los senadores que
se reservó el fiscal para empezar a investigarlos, apuntan a los integrantes de
la Comisión de Energía del Senado en el 2013 en donde estaban los priistas
David Penchyna, presidente; Carlos Romero Deschamps, secretario; Ernesto
Gándara Camou; Héctor Yunes Landa; José Ascención Orihuela y Oscar Román
González.
Los panistas Salvador Vega Casillas,
secretario; Francisco Domínguez Servién; Francisco García Cabeza de Vaca y José
Luis Lavalle Maury.
Los perredistas Rabindranath Salazar Solorio
y Dolores Padierna Luna.
El petista Manuel Bartlett Díaz y el senador
del PVEM Carlos Alberto Puente Salas.
En cuanto al diputado federal podría tratarse
de dos nombres: Marco Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía, o
Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro en 2013.
Y en cuanto a la Reforma Electoral, que se
aprobó entre el 14 y 15 de mayo en las dos cámaras del Congreso de la Unión,
Lozoya también acusó haber dado “sobornos” por 200 millones de pesos a “varios legisladores y a un secretario de
finanzas de un partido” a través de un enlace del que proporcionó el nombre,
sin que se especificaran ni nombres ni montos por parte del titular de la FGR.
Pero la otra “bomba” que soltó Lozoya y que
anunció ayer Gertz Manero, es que se abrió también una investigación, derivado
de la información que entregó el ex funcionario peñista, sobre la construcción
de la planta Etileno XXI, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. En
los permisos y autorizaciones para que la brasileña Braskem, filial de
Odebrecht, construyera ese complejo petroquímico –el más grande de América
Latina-- asociada con la mexicana Idesa
en Coatzacoalcos, Veracruz, en el año 2008, en donde Emilio Lozoya acusa que
“hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa, que
también está vinculada con una empresa mexicana socia de Odebrecht y que ahí
también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en
los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”, informó ayer el fiscal.
Es decir que si Peña podría ser el primer
presidente en la historia de México en ser llamado a comparecer en un proceso
judicial en calidad de acusado, por el pago de sobornos tanto a su campaña
presidencial como para la aprobación de sus llamadas “reformas estructurales”,
el expresidente Felipe Calderón podría ser el segundo exmandatario que tuviera
que declarar en un juicio para explicar, al menos, las irregularidades y
privilegios que le dieron a Odebrecht y su filial Braskem para construir el
imponente complejo petroquímico de Etileno XXI con “pérdidas graves para el
gobierno federal”.
Todo depende de los peritajes y la validación
de las pruebas entregadas por Lozoya Austin para hacer sus acusaciones: a saber
recibos de los pagos; cuatro testigos que declararán y un video, que
constituyen las pruebas documentales con las que la FGR abrirá las carpetas de
investigación y hará las diligencias para ratificar las acusaciones, las
declaraciones de los testigos y, si se considera procedente, llamará a declarar
a las personas que imputó el exdirector de Pemex.