Andi Uriel Hernández Sánchez | 22 agosto de 2020
Tribuna
Libre.- El
principio de legalidad, establecido en los artículos 14, 16, 103 y 107 de la
Constitución de la República, se refiere a la obligación de todas las
autoridades y al Estado mismo a realizar SOLO AQUELLOS ACTOS QUE LA LEY LES
PERMITE EXPRESAMENTE. Exceder esos límites pone en grave indefensión a los
ciudadanos frente al poder del gobierno. En este sentido, es pertinente
denunciar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida actualmente
por Santiago Nieto Castillo, se ha excedido de las facultades que le fueron
otorgadas en el decreto presidencial del 7 de mayo de 2004, mismo que le dio
origen. Actualmente, el congelamiento de cuentas bancarias y su difusión a
través de los medios de comunicación, cobijados bajo el doble discurso de la
lucha anticorrupción, se ha convertido en una de las armas privilegiadas de
persecución y represión política de la 4T.
La UIF, perteneciente a la Secretaría de
Hacienda, fue creada como una entidad de seguridad nacional cuyos objetivos son
combatir y prevenir el financiamiento utilizado por el terrorismo, el crimen
organizado y el narcotráfico; así como detectar operaciones con recursos de
procedencia ilícita. Está facultada para recabar y procesar información del
sistema bancario, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), para denunciar, según sea el caso, ante la Fiscalía General de la
República, conductas que puedan tipificarse dentro de alguno de los delitos
mencionados.
Sin embargo, la UIF no tiene facultad para
bloquear cuentas por sí misma, esto solo puede hacerlo la FGR, que además
requiere de la autorización de un juez federal. Pues es un grave acto de
molestia contra la propiedad privada, que solo puede afectarse “en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente (FGR o un juez), que funde y
motive la causa legal del procedimiento”, según el artículo 16 constitucional.
De forma excepcional, la UIF podrá bloquear cuentas solo a petición de un
gobierno extranjero, que previamente haya firmado un convenio con nuestro país,
según la jurisprudencia 2a/J. 46/2018 10a, (17) de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Fuera de este supuesto, la misma SCJN estableció que el actuar de
la UIF es inconstitucional.
En los hechos, la UIF actúa como un órgano
jurisdiccional, a pesar de formar parte del Poder Ejecutivo, que realiza
acciones propias de un procedimiento penal, con la complacencia y el silencio
tanto del poder Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos como
la FGR, lo que, hecha por tierra, una vez más, la supuesta división de poderes
que hay en nuestro país. Tal conducta es justificada por la 4T, como necesaria
en el combate a la corrupción, aunque es claro que dicha consigna es utilizada
de manera facciosa y electorera, pues no se ha procedido legalmente contra
altos funcionarios del gobierno, cuya excesiva riqueza no puede explicarse como
consecuencia de sus sueldos en el servicio público, dígase Manuel Bartlett,
Irma E. Sandoval, Napoleón Gómez Urrutia, entre muchos otros.
Así pues, el reciente bloqueo de cuentas
bancarias de dirigentes y negocios del Movimiento Antorchista, es un acto
ilegal que viola los principios de la Constitución. Además, sin que se
notificaran las razones legales para tal acción, el titular de la UIF, Santiago
Nieto, se apresuró a declarar ante los medios de comunicación que se trataba de
una acción conjunta con las Fiscalías de Puebla y el Estado de México, porque
“se habían detectado la entrega de cuantiosas sumas de dinero del gobierno
pasado a la Organización”. El hecho se presenta en los medios como verídico,
aunque el acusador no muestra prueba alguna ni los acusados han tenido la
oportunidad de defenderse. Otra violación constitucional a los derechos de
audiencia previa y presunción de inocencia.
La actividad financiera del MAN es producto
de 46 años de arduo trabajo, la mayoría de nuestros negocios existen desde
antes del sexenio de Peña Nieto, nunca han sido un secreto (hemos realizado
inauguraciones públicas en casi todos los casos y ofrecido ruedas de prensa,
más de una vez, en las 32 entidades de la República para explicar su procedencia,
operación y finalidad) y obedecen al deseo de poner en pie a una organización
de mexicanos que luche por un mejor país, sin tener que depender de ningún
patrocinador ni público ni privado.
Nuestras gasolineras, restaurantes, hoteles,
centros recreativos, pequeñas cooperativas y otros micro negocios son producto
de la colecta pública que realizamos los antorchistas y de las aportaciones de
nuestros propios militantes. Su existencia no nos avergüenza, por el contrario,
nos llena de orgullo y de satisfacción y son una lección valiosa a la lucha
social del mundo entero, pues una organización que se financia a sí misma, está
en mejores condiciones de luchar por el bienestar del pueblo pobre,
sencillamente porque no está en deuda con nadie.
El presidente López Obrador, con motivo de
los videos en donde se ve a Pío López Obrador recibiendo fajos de billetes,
dijo en su mañanera que “todas las revoluciones se han hecho con dinero”, y es
cierto, todas las organizaciones sociales y de lucha han necesitado de fuentes
de financiamiento. Él dijo que el recurso recibido por su hermano eran
aportaciones privadas de diversos simpatizantes de su causa, por lo que es
legítimo y no hay nada ilegal en ello. Suponiendo, sin conceder, que esto sea
cierto. ¿No es más legítimo y limpio que una organización genere su propio
dinero mediante negocios lícitos y que rinden cuentas a las autoridades, como
los del Movimiento Antorchista? Dejo en Usted, amable lector, la respuesta.
Ante el embate judicial, los antorchistas nos
defenderemos. Naturalmente que daremos la batalla legal ante los tribunales
pertinentes, aunque, como he demostrado antes, no exista verdadera
independencia de estos hacia el Poder Ejecutivo y se permita a la UIF actuar
como fiscal, juez y verdugo, demostrando el desprecio que el régimen de la 4T
tiene hacia la ley. Por lo que también haremos uso de nuestro derecho a la
libre manifestación y a la protesta pacífica, pues como también dijo el
presidente AMLO, cuando denunciaba persecución política de Vicente Fox: “cuando
hay línea política, no hay ley que valga”. Llamamos a todos los mexicanos
agraviados por la 4T (no a los chairos), a que vean en la agresión e intento de
destrucción del Movimiento Antorchista un reflejo de lo que les espera a todos
los opositores del régimen y a que, en este sentido, responda al llamado de
unidad nacional que les realizamos fraternal y solidariamente a todos ellos,
para luchar por el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho. Hoy somos
nosotros, mañana puede ser cualquiera.
