*Los
cambios que hicieron a sus espaldas quedarán sin efecto.
*Podría
reinstalar a la novia de su hijo y demás familiares que fueron destituidos.
*Ante
conflicto interno, Juez desecha amparos promovidos por nuevos funcionarios.
*Los
recomendados de Juan Javier Gómez Cazarín tendrán que recoger sus chivas.
Xalapa, Ver. | 04 agosto de 2020
Tribuna
Libre.- En
su carácter de patrón, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, tiene la
autoridad para impedir cambios en cargos administrativos realizados por el
Consejo a sus espaldas.
Lo anterior lo determinó un Juez federal,
autoridad que desechó los amparos promovidos por los nuevos funcionarios que
reclamaron la negativa de la Presidenta a permitirles ocupar los cargos que les
asignó dicho órgano en sesión extraordinaria celebrada el 15 de julio de 2020.
Cabe recordar que este asunto generó una gran
controversia, ya que Martínez Huerta utilizó la fuerza pública para impedir que
se diera la entrega/recepción en puestos administrativos de la Judicatura.
En su momento trascendió que Hortensia
Guillermina Hernández Fernández fue designada como Secretaria de Acuerdos; por
su parte, Griselda Castillo Lara en la Contraloría y Elvis Viveros Arroyo como
director de recursos materiales, entre otras modificaciones, todos ellos
identificados plenamente con Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado Local de
Morena y presidente de la junta de coordinación política del Congreso del
estado.
Además de evidenciar fallas en el trámite del
amparo, un Juez federal desechó un amparo tramitado por los afectados acusando
la negativa de Martínez Huerta a que ocupen sus cargos y su petición de auxilio
a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para impedirlo.
El Juez determinó que el actuar realizado por
la Presidenta fue en su carácter de patrón, según la propia Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, que establece que los puestos administrativos están
subordinados al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura.
Se añade que en el artículo 207 se establece
que en el Poder Judicial tendrán el carácter de servidores públicos de
confianza los titulares de los órganos, los secretarios de Acuerdos, los
secretarios de Estudio y Cuenta, los secretarios de Sala, los actuarios, los
administradores de causa judicial y los auxiliares de Sala.
También los directores generales, los
directores de área, subdirectores, jefes de departamento, asesores, cajeros,
pagadores, los de seguridad y “todos aquellos que tengan a su cargo funciones
de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios”.
Es decir, la Presidenta hizo uso de sus
facultades para impedir la llegada de los funcionarios designados por el
Consejo a sus espaldas.
Apenas el pasado 31 de julio, se confirmó que
Martínez Huerta prorrogó por su cuenta del 3 al 14 de agosto la suspensión de
las actividades no esenciales en el Poder Judicial, señalando que actualmente
"no se cuenta con un Consejo de la Judicatura legalmente integrado".