*Por
desfalcos a recursos Federales del Seguro Popular.
*La
denuncia embarra a Fidel Herrera y a su tapadera Javier Duarte.
*El
ahora dueño de la franquicia del Partido Verde en Veracruz deberá contratar
abogados.
*Javier
Duarte de Ochoa dio carpetazo por medio de la FGE a las investigaciones de la
ASF.
Ciudad, de México. | 24 agosto de 2020
Tribuna
Libre.- Este
domingo se da a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) logró
reabrir una investigación por desvíos de recursos federales del Seguro Popular
en el Gobierno de Fidel Herrera (2004-2010), pesquisa que la PGR indebidamente
turnó a la Fiscalía de Veracruz, y que fue archivada en tiempos de Javier
Duarte (2010-2016).
Y es que se destaca que el Segundo Tribunal
Colegiado Penal de la Ciudad de México concedió en última instancia el amparo a
la ASF, para que la Fiscalía de Veracruz revoque el carpetazo que dictó la
propia FGE el 3 de junio de 2015 en la averiguación previa
I.M.FESP/041/2015/III-02.
Acto seguido, deberá devolver esa
investigación a la ahora Fiscalía General de la República (FGR), para que
continúe con el trámite de esta indagatoria que hace un lustro estaba
registrada en la dependencia federal con el número PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-VI/379/2014.
Esta investigación es una de las 13
averiguaciones previas que en conjunto suman desvíos por 4 mil millones de
pesos, denunciados por la ASF, iniciadas por la entonces Procuraduría General
de la República (PGR) y luego turnadas a la Fiscalía de Veracruz, que las
archivó en cuestión de minutos, el mismo día en que las recibió.
En esta indagatoria, la ASF denunció un
desvío de recursos transferidos por la Federación al estado de Veracruz, por
concepto de cuota social y aportación social solidaria del Sistema de
Protección Social en Salud (Seguro popular) durante el sexenio de Herrera
Beltrán.
La sentencia del colegiado precisa que las
irregularidades fueron detectadas por la ASF al fiscalizar la Cuenta Pública
del año 2009, en la auditoría 684 de tipo Financiera y de Cumplimiento.
La ASF destaca que la excepción al
cumplimiento de la norma fue en los rendimientos financieros generados por la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), entonces a cargo de Javier
Duarte de Ochoa, y no ministrados al Régimen Estatal de Protección Social en
Salud del estado, por $26 millones 207 mil pesos.
También, en los pagos por concepto de medidas
de fin de año a personal regularizado por $55 millones 49 mil 600 pesos, y la
adquisición de medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de los
Servicios de Salud, por $12 millones 992 mil 200 pesos.
El órgano fiscalizador recurrió al amparo en
contra de las declaratorias de incompetencia de la PGR y la falta de
notificación en la que incurrió cuando tomó esa decisión, así como contra el no
ejercicio de la acción penal.
Es hasta ahora que ha ganado el pleito
jurídico en una de las 13 indagatorias, con un argumento sencillo: acreditó que
los recursos desviados son federales y, por tanto, el asunto es competencia ahora
de la FGR.
En su momento, la Visitaduría General de la
PGR inició una investigación contra los dos agentes del Ministerio Público que
declinaron la competencia en favor de las autoridades veracruzanas, que optaron
por no investigar las denuncias que en su mayoría apuntaban a la Administración
de Javier Duarte de Ochoa.
Esta investigación se debió turnar a la
entonces Procuraduría General de la República, pero por razones obvias dos
agentes del ministerio público, declinaron competencia en favor de la Fiscalía
de Veracruz, en donde dieron carpetazo a la investigación de los desvíos de
esos recursos. Cabe mencionar que durante el gobierno de Javier Duarte se
llevaron a cabo campañas permanentes para inscribir a las personas al Seguro
Popular; hasta a miles de muertos inscribieron para robarse los recursos
federales.
Y es que entre más inscritos hubiera, más
recursos cosecharía el estado de Veracruz, recursos que fueron desviados para
otros fines.
Y ahora la Auditoría Superior de la
Federación ganó un amparo para que esas denuncias, lo mismo que muchas otras
tantas más fueran reactivadas y pasen a la competencia federal a cargo de la
FGR.