Ciudad, de México. | 16 septiembre de 2020
Tribuna
Libre.- Después
de una exposición de motivos, el presidente Andrés Manuel López Obrador
presentó la pregunta que a las 11:00 horas entregará la solicitud al Senado de
la República para que se realice la consulta popular contra los cinco últimos
expresidentes.
“¿Está de acuerdo o no con que las
autoridades competentes, con apego a la leyes y procedimientos aplicables
investiguen y en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte
de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,
Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus
perspectivas gestiones?”
En Palacio Nacional, el Ejecutivo federal
expuso los motivos para presentar esta solicitud de consulta contra los
expresidentes.
A Carlos Salinas de Gortari lo acusó de que
en su sexenio (1988-1994) la desigualdad en México se profundizó y señaló que
en esta administración se entregó a particulares nacionales y extranjeros, la
cantidad “sin precedentes” de bienes públicos.
“Un dato, en julio de 1988 cuando Salinas fue impuesto por un
fraude, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más
ricas del mundo solo aparecía una familia mexicana, la de la Garza Sada con 2
mil millones de dólares, pero al finalizar aquel sexenio ya estaba incorporados
a ese listado otros 24 mexicanos, casi todos ellos habían sido beneficiados con
empresas minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos”.
A Ernesto Zedillo (1994-2000), el presidente
López Obrador lo acusó de continuar con las políticas privatizadoras de su
antecesor “y las llevó hasta sus últimas consecuencias” en el caso del FOBRAPROA
en donde la deuda pública se terminará de saldar hasta el año 2070.
Mientras que en el caso de Vicente Fox
(2000-2006), López Obrador lo señaló de intervenir en la elección de 2006 en
favor de Felipe Calderón e impedir el triunfo de la oposición que él
encabezaba.
“Tal intromisión no solo fue reconocida en el
fallo con el que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio Fox quien al
año siguiente en una entrevista con Telemundo admitió “que era importarte
detener a López Obrador”.
El presidente señaló que en el caso del
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) embaucó al país en una
estrategia militar para combatir al narcotráfico, pero, indicó, se exacerbó la
violencia y se multiplicó las zonas del territorio nacional bajo el control de
la delincuencia.
“Lo más grave, colabores suyos le señalaron
los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna era
cómplice de una de las facciones del narcotráfico pero el gobernante no hizo
absolutamente nada”.
“A la luz de la detención y el enjuiciamiento
de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo puede explicarse
como fruto de una extrema irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva
con la delincuencia organizada”.
En el sexenio de su antecesor Enrique Peña
Nieto (2012-2018), el presidente acusó que en la campaña del entonces candidato
del PRI las elecciones de 2012 hubo grandes cantidades de dinero de
procedencia desconocida y lo cual no tuvo consecuencias legales para
que se anulará la elección.
“Sin embargo, declaraciones recientes de
Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña
Nieto, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos
anticipados de la empresa Odebrecht”.
“Por otra parte, los señalamientos de Lozoya
apuntan a la presunta complicidad de Enrique Peña Nieto en las cuantiosas sumas
de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos de la
aprobación de la Reforma Energética, así como en la compra fraudulenta de la
planta de fertilizantes de Agro Nitrogenados operación que causo al erario un
quebranto superior a 200 millones de dólares”.