• Esto, relacionado con las solicitudes ciudadanas para retirar la concesión por el servicio de agua a estas empresas.
Xalapa, Ver. | 26 septiembre de 2020
Tribuna
Libre.- La
diputada Deisy Juan Antonio exhortó, a través de un Anteproyecto de Punto de
Acuerdo, a la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), para que
remita a la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento el informe y
documentación respectiva sobre el avance de la auditoría integral ordenada, en
diciembre de 2019, a organismos relacionados con el servicio de agua a fin de
conocer el estado que guarda dicho procedimiento.
Ante la importancia y derecho inherente de
todo ciudadano para contar con servicios públicos de mayor y mejor cobertura,
principalmente en lo que refiere al servicio de agua potable, dijo la
legisladora, autoridades u órganos públicos atienden esta necesidad a través de
concesionarios o cualquier otro medio legal sujeto a un régimen de derecho
público o privado, procurando garantizar cobertura en el servicio con calidad, eficiencia, sustentabilidad
ambiental y equilibrio financiero.
Sin embargo, señaló, en la entidad ha habido
casos en los que no se ha procedido con la transparencia y legalidad adecuada
para otorgar las concesiones que regulan
este servicio. “Tal fue el caso de la propuesta presentada por el Consorcio
integrado por Odebrecht Ambiental, S.A. e Interagbar de México S.A. de C.V.,
comercialmente conocido como Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de
C.V.
En años anteriores, en un acto de ilegalidad,
continuó, se autorizó a los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, para
que a través del organismo público descentralizado Sistema de Agua y
Saneamiento, se otorgara la concesión de este servicio a la empresa conocida
comercialmente como Grupo MAS, por un término de treinta años, puntualizó.
En este sentido, destacó, desde el inicio de
sus operaciones, la empresa demostró la falta de transparencia y eficiencia
para brindar el servicio de agua potable y saneamiento en dichos municipios,
teniendo fugas en red del agua bombeada, averías, subcontaje, medidores sin
reparar, abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales, falta de inversión
de infraestructura hidráulica, contaminación por descargas de agua no tratadas,
así como cobros excesivos por el consumo de agua de una pésima calidad.
Dichas demandas han sido constantes por parte
de los usuarios del servicio, indicó la diputada, por lo que el pasado 18 de
agosto fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda Municipal y de Agua
Potable y Saneamiento, la solicitud ciudadana para retirar la concesión por el
servicio de agua a estas empresas.
Al respecto, manifestó la presidenta de la
Comisión de Agua Potable y Saneamiento que se ha realizado un análisis de la
situación con base en todos los
elementos posibles para estar en condiciones de llegar a un acuerdo; para que
en caso de proceder a la revocación del título, se generen los menores costos
posibles al estado y no afecte el financiamiento de proyectos y obras para la
sociedad.
El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.
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