*Con votos 6 a favor y 5 en contra, la SCJN avaló la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes; posteriormente, modificó con 8 votos la pregunta del presidente.
Ciudad, de México. | 02 octubre de 2020
Tribuna
Libre.- El
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, con 6 votos a favor
y 5 en contra, la constitucionalidad de la solicitud de consulta que presentó
el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntar a los ciudadanos si se
debe investigar y en su caso sancionar a los últimos cinco expresidentes de
México por los delitos que cometieron antes, durante y después de su gestión.
Cinco minutos antes de las 12:00 horas,
arrancó la sesión remota en la que el pleno de la Suprema Corte definió el
futuro de la solicitud presentada el pasado 15 de septiembre pasado.
Los ministros que votaron a favor de declarar
la constitucionalidad de la consulta fueron, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara.
En contra de la constitucionalidad se
pronunciaron Luis María Aguilar, el ponente del proyecto, Jorge Mario Pardo,
José Fernando Franco, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández.
La Corte determinó un receso. A su regreso
los ministros presentaron una nueva pregunta para la consulta propuesta por el
presidente López Obrador.
Con ocho votos a favor se votó cambiar la
pregunta para que quede de la siguiente manera:
"¿Estás de acuerdo o no en que se llevan
a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para
emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en
los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia
y los derechos de las posibles víctimas?".
La pregunta que envió el presidente enlistaba
a los expresidentes y especificaba que si se estaba de acuerdo en investigarlos
por su proceder en el encargo y después del mismo.
"¿Está de acuerdo o no con que las
autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables,
investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte
de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,
Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes,
durante y después de sus respectivas gestiones?", fue la pregunta que
propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Cómo
se desarrolló la sesión?
Primero en emitir su voto, fue el presidente
de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se pronunció a favor
de declarar constitucional la materia de la consulta.
“La materia de esta consulta no busca
restringir los derechos humanos o sus garantías, para que esto fuera así la
materia debería versar sobre la suspensión o limitación de la existencia,
vigencia, titularidad, los principios o el carácter contra mayoritario de los
derechos fundamentales, esto no es lo que se plantea en el caso, no se está
sometiendo a consulta si deben restringirse o limitarse derechos
fundamentales”, aclaró.
En redes sociales, diversos politologos
consideraron que haber sido el primero en informar el sentido de su voto, fue
"para tirar" línea a los demás ministros.
Zaldívar se pronunció porque la Suprema Corte
no desaprovechara la oportunidad de asumir su rol en la protección de derechos
humanos en la participación política.
“No nos corresponde ser una puerta cerrada,
sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes
discusiones nacionales con pleno respeto al marco constitucional… No podemos
hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario
catastrófico de populismo penal”, destacó.
Zaldívar agregó que es falso que con esta
consulta se asuma que los expresidentes son responsables de haber cometido
ciertos delitos, pues dijo, que la pregunta lo que busca es conocer si la
ciudadanía está de acuerdo o no en que las autoridades investiguen y en su caso
sancionen conforme a las leyes correspondientes por los ilícitos en que
pudieran haber incurrido antes, durante y después de su gestión.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se
pronunció por reformular la pregunta, de lo contrario, apuntó, su voto sería a
favor de ministro Aguilar.
La ministra Margarita Ríos-Farjat votó a
favor de la constitucionalidad de la pregunta. Al argumentar su voto, refirió
que no coincide con los motivos del proyecto Aguilar, particularmente porque no
planteó la posibilidad a la Suprema Corte de modificar la pregunta.
“Me basta saber que la pregunta podría
admitir modificaciones para entonces explorar alternativas viables que sean
acorde al derecho humano en juego”, destacó.
El ministro Javier Laynez Potisek consideró
inconstitucional la materia, porque recordó que la restricción de los derechos
humanos no pueden ser objeto de consulta, además cuestionó por qué en algunos
casos se pide su opinión a los ciudadanos y en otros no, cuando la misma ley
establece que las faltas deben ser sancionadas.
“La justicia no se consulta porque afecta los
mecanismos protectores de los derechos humanos y los derechos humanos mismos”,
manifestó.
¿Qué
sigue para la consulta?
De acuerdo con el artículo 26 de la Ley
Federal de Consulta Popular, una vez avalada a constitucionalidad de la
pregunta, ésta no podrá ser modificada.
Ahora corresponderá al presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar, publicar la
resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnar la petición a la Comisión de
Gobernación para su análisis.
Posteriormente, deberá ser aprobada o
rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados y el Senado. Si es rechazada,
el trámite concluye ahí, pero si se aprueba, el Congreso expedirá mediante
decreto la convocatoria a la consulta ciudadana y notificará al Instituto
Nacional Electoral para la organización de ésta.