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viernes, 2 de octubre de 2020

La Suprema Corte avala constitucionalidad de consulta a expresidentes

*Con votos 6 a favor y 5 en contra, la SCJN avaló la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes; posteriormente, modificó con 8 votos la pregunta del presidente. 

                                                 Ciudad, de México. | 02 octubre de 2020

 

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Tribuna Libre.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, con 6 votos a favor y 5 en contra, la constitucionalidad de la solicitud de consulta que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntar a los ciudadanos si se debe investigar y en su caso sancionar a los últimos cinco expresidentes de México por los delitos que cometieron antes, durante y después de su gestión.

Cinco minutos antes de las 12:00 horas, arrancó la sesión remota en la que el pleno de la Suprema Corte definió el futuro de la solicitud presentada el pasado 15 de septiembre pasado.

Los ministros que votaron a favor de declarar la constitucionalidad de la consulta fueron, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara.

En contra de la constitucionalidad se pronunciaron Luis María Aguilar, el ponente del proyecto, Jorge Mario Pardo, José Fernando Franco, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández.

La Corte determinó un receso. A su regreso los ministros presentaron una nueva pregunta para la consulta propuesta por el presidente López Obrador.

Con ocho votos a favor se votó cambiar la pregunta para que quede de la siguiente manera:

"¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

La pregunta que envió el presidente enlistaba a los expresidentes y especificaba que si se estaba de acuerdo en investigarlos por su proceder en el encargo y después del mismo.

"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?", fue la pregunta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo se desarrolló la sesión?

Primero en emitir su voto, fue el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se pronunció a favor de declarar constitucional la materia de la consulta.

“La materia de esta consulta no busca restringir los derechos humanos o sus garantías, para que esto fuera así la materia debería versar sobre la suspensión o limitación de la existencia, vigencia, titularidad, los principios o el carácter contra mayoritario de los derechos fundamentales, esto no es lo que se plantea en el caso, no se está sometiendo a consulta si deben restringirse o limitarse derechos fundamentales”, aclaró.

En redes sociales, diversos politologos consideraron que haber sido el primero en informar el sentido de su voto, fue "para tirar" línea a los demás ministros.

Zaldívar se pronunció porque la Suprema Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir su rol en la protección de derechos humanos en la participación política.

“No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales con pleno respeto al marco constitucional… No podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal”, destacó.

Zaldívar agregó que es falso que con esta consulta se asuma que los expresidentes son responsables de haber cometido ciertos delitos, pues dijo, que la pregunta lo que busca es conocer si la ciudadanía está de acuerdo o no en que las autoridades investiguen y en su caso sancionen conforme a las leyes correspondientes por los ilícitos en que pudieran haber incurrido antes, durante y después de su gestión.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció por reformular la pregunta, de lo contrario, apuntó, su voto sería a favor de ministro Aguilar.

La ministra Margarita Ríos-Farjat votó a favor de la constitucionalidad de la pregunta. Al argumentar su voto, refirió que no coincide con los motivos del proyecto Aguilar, particularmente porque no planteó la posibilidad a la Suprema Corte de modificar la pregunta.

“Me basta saber que la pregunta podría admitir modificaciones para entonces explorar alternativas viables que sean acorde al derecho humano en juego”, destacó.

El ministro Javier Laynez Potisek consideró inconstitucional la materia, porque recordó que la restricción de los derechos humanos no pueden ser objeto de consulta, además cuestionó por qué en algunos casos se pide su opinión a los ciudadanos y en otros no, cuando la misma ley establece que las faltas deben ser sancionadas.

“La justicia no se consulta porque afecta los mecanismos protectores de los derechos humanos y los derechos humanos mismos”, manifestó.

¿Qué sigue para la consulta?

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, una vez avalada a constitucionalidad de la pregunta, ésta no podrá ser modificada.

Ahora corresponderá al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar, publicar la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnar la petición a la Comisión de Gobernación para su análisis.

Posteriormente, deberá ser aprobada o rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados y el Senado. Si es rechazada, el trámite concluye ahí, pero si se aprueba, el Congreso expedirá mediante decreto la convocatoria a la consulta ciudadana y notificará al Instituto Nacional Electoral para la organización de ésta.

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