Xalapa, Ver. | 13 noviembre de 2020
Tribuna
Libre.- En
sesión virtual del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), la Magistrada
Presidenta y Magistrados, acreditaron la violencia política en razón de género
en contra de la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por la
reiteración del Presidente Municipal de no convocarla correctamente a sesiones
de cabildo.
En el juicio ciudadano 552 de este año,
promovido por la Regidora Quinta del Ayuntamiento en mención, controvierte la
omisión del Presidente Municipal de no convocarla debidamente a la Sesión de
Cabildo del 14 de agosto de 2020, además señala que se cometen actos constitutivos
de violencia política en razón de género en la sesión referida.
El Tribunal, al realizar el estudio, destaca
que durante el desarrollo de diversas sesiones, conforme al marco jurídico y
con base al test previsto en el Protocolo para la atención de la violencia
política contra las mujeres en razón de género, se acreditan los actos en
contra de la actora en su calidad de Regidora Quinta del Ayuntamiento.
En la sesión de cabildo del 14 de agosto
existió una indebida notificación de la convocatoria, ya que, nuevamente no se
ajustó a las reglas de notificación que este Tribunal le ha hecho de su
conocimiento a la autoridad responsable. Cuestión que se ha realizado de manera
reiterada.
Además, se advierte que el reconocimiento de
los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, implica la obligación para
todos los órganos jurisdiccionales del país de impartir justicia con
perspectiva de género.
Por lo tanto, se ordenó al Presidente
Municipal notificar a la Regidora Quinta de acuerdo a las reglas de
notificación, además el OPLEV debe inscribir al Presidente de Altotonga, en el
registro de personas condenadas y sancionadas por violencia política.
Como medida de no repetición se da vista al
Consejo General del OPLEV para que determine la sanción que corresponda en
contra del Presidente Municipal, también se da vista a la Fiscalía General del
Estado de Veracruz para iniciar una investigación imparcial con relación a los
hechos reclamados, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) para los
efectos que estime pertinente, respecto de su catálogo de registro nacional de
personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género.
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