*La extorsión será considerado delito contra la libertad.
Xalapa, Ver. | 12 marzo 2021
Tribuna
Libre.- El
Pleno de la LXV Legislatura avaló con 34 votos a favor, el dictamen presentado
por la Comisión Permanente de Seguridad Pública que reforma diversas
disposiciones del Código Penal del Estado de Veracruz, en materia de extorsión,
robo, despojo, ultrajes a la autoridad,
contra las instituciones de seguridad pública, y contra la seguridad de
la comunidad.
Con las modificaciones en la
redacción de los delitos planteados, se actualiza la codificación
proporcionando mayores herramientas para enfrentar los problemas de
criminalidad en el Estado ante el aumento de la incidencia y violencia con el
que son cometidos.
Con dichas reformas, puestas
a consideración el pasado 11 de febrero por el gobernador del estado, ingeniero
Cuitláhuac García Jiménez, se amplían y endurecen las penas y multas en delitos
contra la libertad, estableciendo a la extorsión en este rubro, ya que además
de afectar el patrimonio, la misma libertad de la víctima se ve coartada al no
poder realizar las actividades habituales ante el temor del mismo acto
intimidatorio.
Asimismo, incorpora el
delito de extorsión contra la comunidad comercial y de trabajo, además de
duplicar las penas cuando los delincuentes sean servidores públicos y/o estén o
hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública.
Además, se incrementan las
penas a las conductas de ultraje a la autoridad, con el objeto de que sean
acorde con el hecho criminal que representa, ya que trastoca, en el marco del
ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden
público y la garantía de la seguridad ciudadana.
De la misma forma, se cambia
el nombre del Capítulo I del Título XXII, del Código Penal de la entidad,
correspondiente a espionaje contra Instituciones de Seguridad Pública, por
Delitos contra las Instituciones de Seguridad Pública, toda vez que comprende
un mayor número de infracciones cometidos en contra de dichas instituciones.
Será acusado de Delitos
contra las Instituciones de Seguridad Pública, quien dañe o impida el paso de
vehículos de Seguridad Pública Estatal o Municipal, utilizando cualquier tipo
de instrumento dañino, a quienes posean equipo o artefactos de comunicación
para acechar, vigilar o realizar cualquier acto encaminado a obtener o
intervenir canales de comunicación que afecte el trabajo de las Instituciones.
También, a quien proporcione
información a cualquier persona sobre las acciones, actividades o labores de
los integrantes de las instituciones públicas estatal o municipal; de la misma
forma, continúa el dictamen, a quienes posean identificaciones falsas,
insignias, uniformes o vehículos que emulen ser oficiales, así como quienes
resguarden información, documentación o mensajes físicos o tecnológicos,
relacionados con actividades ilícitas.
Se añade un Capítulo IV, del
Título XXII referente a Delitos contra la Seguridad de la Comunidad, a través
del cual se sancionará a quien porte o resguarde equipos de comunicación
contratados con documentación falsa o de terceros sin consentimiento, así como
quien posea equipos de cualquier tipo utilizados para la intervención, escucha
o transmisión de información privada, sin un fin lícito.
Quien posea identificaciones
falsas o alteradas, tenga uno o más inmuebles, en calidad de arrendatario,
adquirido a través de documentación falsa; resguarde, posea o porte mensajes
producidos por cualquier medio que tenga relación con bandas, pandillas, grupos
o actividades delictivas con la finalidad de favorecerlos.
Las penas se incrementarán,
para quienes en la ejecución de dichos delitos, induzcan u obliguen a niñas, niños
o adolescentes, personas que no tengan la capacidad de comprender la magnitud
de los actos, personas adultas mayores o cuando el responsable sea un servidor
público o haya estado en funciones dentro de los 5 años anteriores de la
comisión del delito.
Al hacer uso de la voz, por
el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi,
señaló que la propuesta es la punta de lanza de una estrategia acordada en el
seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para combatir conductas que,
además de afectar el patrimonio de las personas, se realizan con una gran carga
de violencia, afectando la libertad, tranquilidad y la seguridad de
veracruzanas y veracruzanos.
Agregó que esta estrategia,
es derivada del análisis de datos duros, y de escuchar las voces y exigencias
ciudadanas, por lo que su objetivo “es proporcionar mayores herramientas
jurídico penales con las cuales se pueda combatir principalmente el robo con
violencia; el delito de extorsión que se viene realizando a las personas que
ejercen actividades comerciales, empresariales o profesionales; el despojo y,
reconfigurando los delitos en contra de la seguridad pública y ultrajes a la
autoridad”.