*La diputada Deisy Juan Antonio exhortó a ambos organismos a emitir el “Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género”.
Xalapa, Ver. | 01 abril 2021
Tribuna Libre. - Durante los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria, de la Diputación Permanente, la legisladora Deisy Juan Antonio, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual exhorta al Tribunal Electoral del Estado (TEV), así como al Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), a convocar a las autoridades competentes y emitir medidas protectoras en casos relacionados con violencia de género.
Asimismo, para que
conjuntamente expidan el “Protocolo para la Atención de Violencia Política
contra las Mujeres por Razones de Género para el Estado de Veracruz”, el cual
deberá definir el alcance que tendrá
cada una de las instancias en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares
en la materia, para que de esta forma, se logre una adecuada coordinación entre
las autoridades involucradas en la atención de estos conflictos, así como la
protección de los derechos político-electorales de las mujeres.
La legisladora señaló que la
violencia política por razón de género, es definida por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, como “las acciones u omisiones de personas
servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer que
tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con
el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales
incluyendo el ejercicio del cargo”.
En este sentido, dijo que, y
con la finalidad de combatir estas acciones, han sido promovidos diversos
juicios de protección de los derechos político-electorales y procedimientos
sancionadores, que, de acuerdo al procedimiento administrativo conducente,
emiten medidas de protección cautelares, para salvaguardar la integridad de las
personas, ante eventuales actos que pudieran resultar lesivos de sus derechos.
Algunas de las autoridades que
se han relacionado como parte de las medidas cautelares, son la Secretaría de
Gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Justicia para las
Mujeres, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública, agregó.
Al respecto, subrayó la
diputada, en ocasiones las actuaciones de estas autoridades resultan poco
claras y ambiguas toda vez que, al definir los efectos de su intervención, sólo
se hace con la salvedad de que se lleve a cabo dentro del ámbito de sus
respectivas atribuciones.
Aunado a ello, continuó, para
Veracruz no existe un documento normativo en el que se establezcan cuáles serán
los alcances de cada autoridad vinculada respecto de su intervención en las
citadas medidas de protección; por lo que se hace indispensable la expedición
de un protocolo, el cual permita brindar una mejor atención, sanción y
reparación integral, ante casos de violencia política contra las mujeres en
razón de género, concluyó.