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junio 25, 2021

La consulta ciudadana sobre enjuiciar a los expresidentes este uno de agosto fortalecerá a AMLO

                                             Ciudad de México | 25 junio 2021

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Tribuna Libre. - Ahora, la posibilidad de consultar a los ciudadanos si deben abrirse juicios contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto —a cuyas administraciones frecuentemente señala como responsables de los problemas del país— servirá al jefe del Poder Ejecutivo para continuar promoviéndose. 

Sin ejercer un mayor presupuesto de lo ya asignado, la #SCJN determinó que 
@INEMexico deberá realizar la consulta ciudadana sobre juicio a los expresidentes, programada para el domingo 1 de agosto y que contará con 50 mil casillas desplegadas en todo el territorio nacional. (Dijo AMLO en la cuenta de Twitter @GobiernoMX

La consulta ciudadana que planteará si deben abrirse o no procesos penales en contra de los expresidentes de la República, prevista para el próximo 1 de agosto e impulsada por Andrés Manuel López Obrador, servirá al propio mandatario para mantenerse en campaña y posicionarse rumbo al ejercicio de revocación de mandato que se realizará en marzo de 2022, coinciden politólogos. 

Dentro de la consulta —avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre de 2020—, se hará a los ciudadanos la siguiente pregunta: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

 

El propio López Obrador fue quien propuso realizar esta consulta y, sin importar cuál sea su resultado, él saldrá beneficiado porque el ejercicio le permitirá mantenerse activo y posicionando el mensaje de que está cumpliendo con su promesa de combate a la corrupción y la impunidad, señalan los politólogos Juan Luis Hernández, de la Universidad Iberoamericana, y Salvador Mora, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

 

Ahora que pasaron las elecciones del 6 de junio —en las que Morena ganó 11 de las 15 gubernaturas en disputa, la mayoría simple en la Cámara de Diputados y la posición como la primera fuerza política en 19 de los 30 congresos locales que se renovaron—, la prioridad política inmediata para el presidente es el proceso de revocación de mandato, dado que de este no solo depende la continuidad de su gobierno, sino también la fortaleza con la que su partido llegará a la sucesión presidencial en 2024.

 

Un día después de las recientes votaciones, López Obrador señaló a sus adversarios que no pudieron quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados ni frenar su proyecto de transformación, y subrayó que la próxima batalla será la revocación de mandato.

 

"Se los mando a decir a mis adversarios: no se pudo ahora, ni modo; lástima, fifí; lástima, Margarito, pero al revés. Pero ahí viene, viene la revocación del mandato y a eso me someto. Si la gente dice 'ya no queremos que continúe el presidente, que renuncie', vámonos a Palenque", dijo el lunes 7 de junio.

 

José Antonio Crespo, analista político y profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala en entrevista con Expansión Política que el presidente López Obrador busca mantenerse en una campaña permanente para conservar el contacto con los ciudadanos.

 

"Permanentemente está en campaña, no deja de hacer campaña desde que llegó al gobierno, es lo que sabe hacer, es lo que le gusta y sabe que eso es importante, y por eso no afloja de hacer campaña en los pueblos y a donde va, en las mañaneras... No siempre es campaña electoral, pero campaña política, ideologizada contra la oposición, contra sus adversarios, es permanente, nunca ha dejado de hacer campaña", expone Crespo.

 

Ahora, la posibilidad de consultar a los ciudadanos si deben abrirse juicios contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto —a cuyas administraciones frecuentemente señala como responsables de los problemas del país— servirá al jefe del Poder Ejecutivo para continuar promoviéndose.

 

La intención de López Obrador de posicionarse rumbo al ejercicio de revocación de mandato se explica porque, a prácticamente dos años y medio de iniciado su gobierno en 2018, la aprobación ciudadana hacia su figura ha caído en alrededor de 20 puntos porcentuales.

 

De acuerdo con el poll of polls Oraculus, en enero de 2019 López Obrador tenía una aprobación de 79%, pero para mayo esta se ubicaba en 61%.

 

"El juicio contra expresidentes le servirá para seguir haciendo campaña, que es lo que más ha buscado porque es una agenda que él traía como opositor, y esa consulta le va a servir mucho de capital político de cara a su revocación de mandato o no para 2022 y rumbo al 2024", asegura Juan Luis Hernández.

 

La propia consulta sobre expresidentes no ha estado libre de controversia. Desde que López Obrador comenzó a promoverla, actores políticos y sociales señalaron que era violatoria del debido proceso penal. Incluso, el proyecto del ministro Luis María Aguilar planteaba declararla inconstitucional, pero el pleno de la SCJN decidió validarla con cambios a la pregunta que se consultará.

 

El politólogo Salvador Mora es de quienes argumentan que la justicia no se consulta y que la verdadera intención del presidente es hacer un uso político de este ejercicio ciudadano.

 

"Es un despropósito, porque no se tiene que poner a consideración de la multitud una sanción cuando es una obligación de la autoridad. Si se encuentra un delito, debe realizarse una investigación y después viene la sanción. La consulta es un instrumento político", señala.

 

López Obrador sostiene que los ciudadanos son quienes tienen derecho a decidir si debe juzgarse a los expresidentes o no, pero desde que él, Morena y sus partidos aliados trajeron el tema a la discusión pública, diversos constitucionalistas han advertido que esta es una medida equivocada.

 

"Esta consulta popular tiene un vicio de inconstitucionalidad, porque se estarán sometiendo a consulta derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso", asegura Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM.

 

Pero a pesar de esto, la consulta ha recibido el aval de la SCJN y ha cumplido con los requisitos legales para ser organizada y llevarse a cabo, lo que abre la puerta a que López Obrador llame a los ciudadanos a participar en ella y, al mismo tiempo, pueda posicionarse mejor rumbo a marzo de 2022.

 

Una encuesta reciente del diario El Financiero indicó que, si el domingo que se efectuaron las pasadas elecciones se hubiera realizado la revocación de mandato, el 46% de los encuestados habría votado a favor de que López Obrador dejara el cargo y el 49% en pro de que se mantuviera en él.

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