Ciudad de México | 25 junio 2021
Tribuna Libre. - Ahora, la posibilidad de consultar a los ciudadanos si deben abrirse juicios contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto —a cuyas administraciones frecuentemente señala como responsables de los problemas del país— servirá al jefe del Poder Ejecutivo para continuar promoviéndose.
Sin ejercer un mayor presupuesto de lo ya asignado, la #SCJN determinó que
@INEMexico deberá realizar la consulta ciudadana sobre juicio a los expresidentes, programada para el domingo 1 de agosto y que contará con 50 mil casillas desplegadas en todo el territorio nacional. (Dijo AMLO en la cuenta de Twitter @GobiernoMX
La consulta ciudadana que planteará si deben abrirse o no procesos penales en contra de los expresidentes de la República, prevista para el próximo 1 de agosto e impulsada por Andrés Manuel López Obrador, servirá al propio mandatario para mantenerse en campaña y posicionarse rumbo al ejercicio de revocación de mandato que se realizará en marzo de 2022, coinciden politólogos.
Dentro de la consulta —avalada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre de 2020—, se hará a los
ciudadanos la siguiente pregunta: "¿Estás de acuerdo o no en que se
lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y
legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas
tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar
la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
El propio López Obrador fue quien propuso
realizar esta consulta y, sin importar cuál sea su resultado, él saldrá
beneficiado porque el ejercicio le permitirá mantenerse activo y posicionando
el mensaje de que está cumpliendo con su promesa de combate a la corrupción y
la impunidad, señalan los politólogos Juan Luis Hernández, de la Universidad
Iberoamericana, y Salvador Mora, de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM.
Ahora que pasaron las elecciones del 6 de junio
—en las que Morena ganó 11 de las 15 gubernaturas en disputa, la mayoría simple
en la Cámara de Diputados y la posición como la primera fuerza política en 19
de los 30 congresos locales que se renovaron—, la prioridad política inmediata
para el presidente es el proceso de revocación de mandato, dado que de este no
solo depende la continuidad de su gobierno, sino también la fortaleza con la
que su partido llegará a la sucesión presidencial en 2024.
Un día después de las recientes votaciones,
López Obrador señaló a sus adversarios que no pudieron quitarle la mayoría en
la Cámara de Diputados ni frenar su proyecto de transformación, y subrayó que
la próxima batalla será la revocación de mandato.
"Se los mando a decir a mis adversarios:
no se pudo ahora, ni modo; lástima, fifí; lástima, Margarito, pero al revés.
Pero ahí viene, viene la revocación del mandato y a eso me someto. Si la gente
dice 'ya no queremos que continúe el presidente, que renuncie', vámonos a
Palenque", dijo el lunes 7 de junio.
José Antonio Crespo, analista político y
profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), señala en entrevista con Expansión Política que el
presidente López Obrador busca mantenerse en una campaña permanente para
conservar el contacto con los ciudadanos.
"Permanentemente está en campaña, no deja
de hacer campaña desde que llegó al gobierno, es lo que sabe hacer, es lo que
le gusta y sabe que eso es importante, y por eso no afloja de hacer campaña en
los pueblos y a donde va, en las mañaneras... No siempre es campaña electoral,
pero campaña política, ideologizada contra la oposición, contra sus
adversarios, es permanente, nunca ha dejado de hacer campaña", expone
Crespo.
Ahora, la posibilidad de consultar a los
ciudadanos si deben abrirse juicios contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo,
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto —a cuyas administraciones
frecuentemente señala como responsables de los problemas del país— servirá al
jefe del Poder Ejecutivo para continuar promoviéndose.
La intención de López Obrador de posicionarse
rumbo al ejercicio de revocación de mandato se explica porque, a prácticamente
dos años y medio de iniciado su gobierno en 2018, la aprobación ciudadana hacia
su figura ha caído en alrededor de 20 puntos porcentuales.
De acuerdo con el poll of polls Oraculus, en
enero de 2019 López Obrador tenía una aprobación de 79%, pero para mayo esta se
ubicaba en 61%.
"El juicio contra expresidentes le servirá
para seguir haciendo campaña, que es lo que más ha buscado porque es una agenda
que él traía como opositor, y esa consulta le va a servir mucho de capital
político de cara a su revocación de mandato o no para 2022 y rumbo al
2024", asegura Juan Luis Hernández.
La propia consulta sobre expresidentes no ha
estado libre de controversia. Desde que López Obrador comenzó a promoverla,
actores políticos y sociales señalaron que era violatoria del debido proceso
penal. Incluso, el proyecto del ministro Luis María Aguilar planteaba
declararla inconstitucional, pero el pleno de la SCJN decidió validarla con
cambios a la pregunta que se consultará.
El politólogo Salvador Mora es de quienes
argumentan que la justicia no se consulta y que la verdadera intención del
presidente es hacer un uso político de este ejercicio ciudadano.
"Es un despropósito, porque no se tiene
que poner a consideración de la multitud una sanción cuando es una obligación
de la autoridad. Si se encuentra un delito, debe realizarse una investigación y
después viene la sanción. La consulta es un instrumento político", señala.
López Obrador sostiene que los ciudadanos son
quienes tienen derecho a decidir si debe juzgarse a los expresidentes o no,
pero desde que él, Morena y sus partidos aliados trajeron el tema a la
discusión pública, diversos constitucionalistas han advertido que esta es una
medida equivocada.
"Esta consulta popular tiene un vicio de
inconstitucionalidad, porque se estarán sometiendo a consulta derechos humanos,
la presunción de inocencia y el debido proceso", asegura Francisco Burgoa,
profesor de Derecho Constitucional en la UNAM.
Pero a pesar de esto, la consulta ha recibido
el aval de la SCJN y ha cumplido con los requisitos legales para ser organizada
y llevarse a cabo, lo que abre la puerta a que López Obrador llame a los
ciudadanos a participar en ella y, al mismo tiempo, pueda posicionarse mejor
rumbo a marzo de 2022.
Una encuesta reciente del diario El Financiero
indicó que, si el domingo que se efectuaron las pasadas elecciones se hubiera
realizado la revocación de mandato, el 46% de los encuestados habría votado a
favor de que López Obrador dejara el cargo y el 49% en pro de que se mantuviera
en él.
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