Claudia Guerrero Martínez | 12 julio 2021
Tribuna
Libre.-
Colapsa Poder Judicial y no hay culpables; prefieren cesar a jueces y
desaparecer juzgados en Veracruz
Increíble, ante infinidad de cesados en el
Poder Judicial, hubo daños colaterales y la presidenta magistrada, Isabel Inés
Romero Cruz, en una reunión con jueces, reconoció su desconocimiento sobre los
expedientes de los cesados, así como admitir la terrible situación económica
del Poder Judicial, a tal grado, que hay problemas para pagar la última
quincena. Además, allegados a la titular del Tribunal Superior de Justicia, de
apellido “Niño” lloró en dicha reunión, durante el relato de un panorama
devastador, digno de un premio Óscar.
La ilegalidad en el despido de jueces y
trabajadores de los diferentes Juzgados provocará un colapso en el Poder
Judicial, por el pago de indemnizaciones y hasta laudos. La lista de los
empleados cesados son: Maribel Rodríguez Matamoros, Andrés Enrique Cruz Topete,
Lorena Díaz Rodríguez, María Alicia Caram Castro, Franklin Hernández de la
Cruz, Roberto Rafael Dorantes Guevara, Fernando José Oropesa Romero, quien
lleva más de 11 años laborando para el Poder Judicial, así como Elvira Martínez
Landa, Óscar Antonio Guerrero Hernández, Marco Antonio Castellanos Mar, María
Concepción Andrade López, Alejandra Espinoza Fernández, Zulahmi Herrera Báez,
Erycka Paola León Tablada, Jessica Elsa Sierra Arriola, Karla Sofía Barrera
Torres, Epitacio Gómez Francisco, Diana Suárez Pérez, Adrián Duarte González,
Liliana Robles García, Carlos Ramón Salgado Vásquez, Adriana Aburto Sánchez,
Adriana Muñoz Díaz, Nazaria Calderón Valdivia, Karla Marina León Perdomo,
Marlem González Pérez, Jesús González Jiménez, Delia de la Cruz Zárate y María
del Carmen Rivera Huesca, quien es secretaria del civil menor en Cosamaloapan.
Lo interesante es desaparecer 12 Juzgados
Familiares, 11 Microregionales, 2 Juzgados Digitales, un Juzgado Octavo de
Primera Instancia en Córdoba y un Juzgado Tradicional, también en Córdoba. Los
empleados del Poder Judicial criticaron duramente a Cuitláhuac García,
llamándolo ignorante del Derecho y de la impartición de justicia, cuando en el
discurso del Gobernador, asegura, sin ser experto, ni abogado, que los Juzgados
Microregionales no servían, ni tampoco los Juzgados Familiares. Una afirmación
sin sustento y su desconocimiento provocará un terrible colapso en el Tribunal
Superior de Justicia en Veracruz.
Si bien, se asegura que el Poder Judicial
atraviesa una terrible crisis económica, por presuntos desfalcos en anteriores
administraciones, lo cierto es que en esta institución, donde se imparte la ley
y presuntamente ser aplicada, no hay investigaciones sustentadas, tampoco
imputados, ni indiciados, mucho menos haber librado órdenes de aprehensión en
contra de expresidentes del TSJ, exadministradores del Poder Judicial, ni de
personas que según el Gobernador de Veracruz, son los culpables de la situación
del presunto colapso administrativo.
Ante esta crisis, culpan a la Secretaría de Finanzas y Planeación por no otorgar más presupuesto y salió a aclarar esto, el titular de SEFIPLAN, José Luis Lima Franco, quien aseguró que esta quiebra se atribuye a la mala administración del gasto de los más de mil 600 millones de pesos, designados en el 2021. Y lo más interesante, no hay culpables, ni imputaciones por esta debacle, como es en contra de Sofía Martínez Huerta, magistrada desaforada por el Congreso de Veracruz, sin recibir un castigo ejemplar.
Y nos comentan empleados del Poder Judicial
sobre otra queja y la publicamos textualmente: “Poner del conocimiento al
público, que el jueves 8 de julio de 2021, se llevó a cabo una discusión en la
Sala de Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, donde
se abordó el tema sobre el descuento del 30 por ciento de la compensación, que
obtienen los Magistrados de dicha institución, con el fin de salvaguardar la
"quiebra" que atraviesa el Poder Judicial del Estado, hasta terminar
el año”.
“Algunos Magistrados se han mostrado
renuentes en la aportación "voluntaria" que les solicitó el
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y es que al momento de manifestar dicha
solicitud por parte de la Magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz y los
señores Magistrados prefirieron exigir cuentas del presupuesto”, comentaron los
inconformes.
Y van más allá: “Sin embargo, el punto
medular, lo es la negativa por parte de la Magistrada Claudia Reséndiz Aguilar,
quien propuso eliminar a un secretario de estudio y cuenta (proyectista), cuya
función es elaborar los proyectos de sentencia, es decir, son las personas
quienes realizan el trabajo, al igual que los oficiales administrativos. Lo
preocupante, es que los proyectistas reciben un ingreso mensual de $35,000
pesos mensuales, mientras que un Magistrado percibe la cantidad aproximada de
$140,000 pesos mensuales, con una gran diferencia”.
Además: “Dicha Magistrada prefiere que
recorten al personal, quienes se encargan de sacar el trabajo, a que le
descuenten el 30 por ciento de sus percepciones. Lo que no saben, es que la
servidora pública, hace años, igualmente fue proyectista, por lo que el día de hoy
olvidó de dónde proviene, al mostrar cero empatías hacia sus colaboradores,
cero respetos a la carrera judicial y sobre todo, cero ejemplo a la austeridad
que prolifera la 4T”.
Esperemos que los señores Magistrados, aborden la preocupante situación económica, de forma madura y ética, pues como se mencionó en la sesión, es una cuestión temporal y la solución no es seguir recortando personal, menos aún, en tiempos de pandemia. Habrá que ajustarse el cinturón a los togados unos meses y ojalá brinden el ejemplo a la ciudadanía, pues son unos pocos, quienes deciden sobre muchos.
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