*El ejercicio en el que decidirá si los expresidentes deben ser enjuiciados por las decisiones que condujeron a desastres, tendrá poco impacto en la impartición de justicia, según constitucionalistas.
Ciudad de México | 05 julio 2021
Tribuna Libre.- México se encamina hacia su primera consulta popular nacional de carácter formal en su historia impulsada por el Jefe del Ejecutivo y cuyos resultados serán jurídicamente obligatorios solo si se alcanza el 40% de participación de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal que se hizo ex professo para el ejercicio.
De lograr que el 1 de agosto participen más de 37 millones de ciudadanos, surgirán, a decir de los constitucionalistas Javier Martín Reyes y Francisco Burgoa, más interrogantes que respuestas dado lo ambiguo y genérico de la pregunta avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y quien va estar obligado a cumplir con ese mandato “ambiguo y genérico” de la consulta, es el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que, de entrada, “ya nos dijo que ni va a participar y que si lo hace, votaría por el no, porque su fuerte no es la venganza”, añade Martín Reyes.
Además -agrega en entrevista con Expansión Política-, el alcance de lo que se decida en este ejercicio de democracia participativa, que tendrá un costo de 528 millones de pesos, “está relacionado solo con las facultades discrecionales del poder Ejecutivo”, no con las decisiones de las fiscalías general y locales.
Si las fiscalías cuentan con pruebas suficientes respecto de la posible comisión de algún ilícito, tienen el deber de investigar, no esperar al resultado de una consulta, pues la justicia no se consulta, se aplica, enfatizó.
Así, el próximo 1 de agosto los ciudadanos deberán expresar el sentido de su voluntad al manifestarse por el “SÍ” cuando estén a favor o por el “NO" cuando estén en contra, respecto de la pregunta avalada por la Corte, que a la letra dice:
"¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
Para Reyes y Burgoa, el contenido de la nueva pregunta no es la que, en los hechos, busca promover la administración lopezobradorista que tiene casi como exclusiva dedicatoria a cinco expresidentes.
Y es que en su inicio, el presidente propuso que se preguntara a la ciudadanía:
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?.
Incluso, el 2 de octubre de 2020, el propio López Obrador se quejó de que los ministros cambiaran la pregunta original, ya que dijo, la nueva es “poco clara”.
“Se aprobó que se lleve a cabo esta consulta, se cambió la pregunta, es otra, al final es sí o no y ya la gente va a irla interpretando. Es genérica, no diría abstracta, sería mucho, es poco clara”, dijo el mandatario en aquella ocasión y detalló lo que, a su juicio, se debe entender:
“Se puede interpretar cómo quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no?”.
Con 8 votos favor y 3 en contra, los
ministros de la Corte avalaron (en su tiempo) el nuevo cuestionamiento a
presentar a la ciudadanía.
(Expansión Política)
