Córdoba, Ver | 15 julio 2021
Tribuna
Libre.- En
medio de otra confrontación entre Morena y el Instituto Nacional Electoral, la
consulta popular se acerca: mientras el partido acusa al INE de “boicotear”
este primer ejercicio de democracia directa en México, el organismo electoral
pide no engañar a los ciudadanos sobre la intención de este mecanismo.
“Quien quiera promover la participación
ciudadana en estos ejercicios de democracia directa, también debería promoverlo
con apego a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó”,
dijo el consejero electoral Ciro Murayama.
“Sin engañar que se trata de una pregunta que
el máximo Tribunal no consideró válido constitucionalmente y por eso retiró
nombres de personas y formuló otra (pregunta)”, agregó.
A través de redes sociales, Morena difunde
que la consulta es para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
No obstante, la Corte modificó la pregunta que
promovía inicialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador:
"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven
a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para
emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en
los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia
y los derechos de las posibles víctimas?", señala la pregunta final de la
Corte.
El consejero Ciro Murayama aclaró que la
difusión de la consulta popular, que hará el INE a partir de este jueves 15 de
julio, será exclusivamente sobre lo que avaló la Corte: "Es la que va
estar en la papeleta, donde la ciudadanía va a expresar el sí o el no, el
domingo 1 de agosto”.
“Nosotros como INE tenemos la obligación solo
de difundir y de promover la participación alrededor de la pregunta que la
Corte determinó como válida el 2 de octubre de 2020”, insistió el también
presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
Murayama dijo que en el nuevo cuestionamiento
no se menciona a ningún individuo, tampoco a ningún conjunto de personas
identificadas ni a quienes hayan ocupado uno u otro cargo, dado que habla de
actores políticos en lo general.
“Así que las expresiones de distintos
ciudadanos, algunos con responsabilidades políticas en el sentido de que la
consulta que está organizado el INE es para determinar si se enjuicia a
expresidentes, pues no se apega a lo que la Corte determinó”, añadió.
La consejera Adriana Favela refirió que la
difusión de la consulta le corresponde en primer momento al INE, “pero no es
una cuestión exclusiva, salvo que sea en radio y televisión como lo marca la
propia normatividad”.
Otras personas podrán participar en la
difusión de este ejercicio –explicó–, “pero lo tienen que hacer con muchísima
responsabilidad, dando la información de manera correcta”.
"Creo que es muy importante estar
comunicando los temas en relación a esta consulta popular de manera eficaz y
con información que sea verídica y que esté totalmente avalada por el INE”,
abundó.
El 27 de junio, el dirigente nacional de
Morena, Mario Delgado, aseveró que el INE obstaculiza la consulta popular para
enjuiciar a los expresidentes: acusó al instituto por no usar los tiempos
oficiales de radio y televisión para difundir este ejercicio.
“Están claramente obstaculizando este
ejercicio. Dicen que no tienen dinero, ahí está el tiempo que tienen oficial,
no les cuesta, es nada más cuestión de que decidan promover desde ahora la
participación del pueblo de México”, dijo.
“Han dicho que empezará a partir del 15 de
julio porque no quieren que la gente se entere”, apuntó el líder morenista.
Este mismo posicionamiento fue llevado a la
sesión del Consejo General del 1 de julio, por Sergio Gutiérrez Luna,
representante de Morena, quien acusó al organismo de “boicotear” la consulta
popular.
“Observamos un intento de boicot, es muy
claro que no hay la convicción, no hay el deseo de que este ejercicio
democrático sea un éxito”, dijo.
El consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, rechazó cualquier boicot del Instituto contra la consulta popular.
Señaló que lo deseable era instalar más de 1000,000 mesas receptoras de
opinión, en lugar de las más de 57,000 que se tienen proyectadas.
“No es la consulta que el INE hubiera querido
hacer. El INE hubiera querido hacerla con 104,000 mil mesas de votación, pero
el costo se hubiera elevado a los 1,400 millones de pesos”, expresó.
El líder nacional de Morena, Delgado
Carrillo, mantiene una campaña en Twitter para promover la consulta popular. En
sus mensajes llama a la población a participar en este ejercicio y da las
razones por las que se debe enjuiciar a los expresidentes.
“¿Por qué enjuiciar a los expresidentes?
Tenemos una oportunidad histórica de decirle no a la impunidad y sí a la
justicia en nuestro país. No perdamos la oportunidad de organizarnos y ejercer
nuestro derecho constitucional que nos otorga la #ConsultaPopular2021, este 1
de Agosto, vota #JuicioSiImpunidadNo”, escribe en esta red social.
Quién también promueve la consulta popular es
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien
reconoce que se trata de “un mecanismo para el ejercicio de los derechos
fundamentales, en particular el voto”,
“La democracia directa complementa la
representativa. Ejercer nuestros derechos es la forma óptima de fortalecer la
democracia”, explica el también abogado y profesor.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aclaró que la consulta popular
no es sobre el juicio a expresidentes.
En entrevista con El País, reconoció que la
pregunta “es ambigua y general; conscientemente se hizo de esa manera”.
“Una consulta de ese tipo no es una apelación
a procesos judiciales, sino a una especie de comisión de la verdad, a
instrumentos no jurisdiccionales que pudieran generar una salida a conflictos y
a sucesos dolorosos para el país”, destacó.
Además, “no se podía acotar una pregunta de
otro tipo, porque entonces sí hubiéramos tenido un problema de
constitucionalidad. Los procesos judiciales no se consultan, pero sí se puede
consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de
investigación o de sanación nacional. De justicia transicional”.
