*Proceso es reversible, por lo que se continuarían considerando los derechos humanos de los presuntos agresores.
Xalapa, Ver | 28 julio 2021
Tribuna
Libre.- El
diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura
una iniciativa con Proyecto de Decreto que reformaría el artículo 185 del
Código Penal estatal, en materia de violación, para que sea incluido dentro de
las sanciones a este flagelo, la “inhibición sexual” química a los agresores.
En este sentido, señala la iniciativa,
actualmente en el Código Penal del Estado, en su artículo 185,está el delito de
violación equiparada con una punición de 10 a 30 años de prisión; sin embargo,
a pesar de esta sanción establecida, se debe optar por otra, aún más severa y
coercitiva, que refleje la disminución de las cifras de incidencia de este tipo
de delito.
Al respecto, indica el texto, la “inhibición
sexual” consistiría en la aplicación de una inyección hormonal que reduce la
producción de testosterona, bajando, desde el punto de vista fisiológico, los
deseos de mantener relaciones sexuales, forzadas o no.
Para este procedimiento, continúa, propone la
intervención de la Secretaría de Salud para la supervisión del mismo, así como
para garantizar la seguridad de los involucrados y la preservación de sus
derechos humanos.
Ante la posibilidad, de que en algún momento
se pueda cometer algún tipo de injusticia dentro del procedimiento, aplicando
sanciones a algún inocente, los derechos humanos también se protegerían, debido
a que este procedimiento es reversible.
Este tipo de sanciones, “daría lugar a una
mayor protección a las víctimas en el delito de violación; a la vez de que se
trata de una acción plenamente reversible, es decir, que el sujeto en cuestión,
puede volver a recuperar el deseo sexual”, añade.
Este procedimiento, a diferencia de la
“castración quirúrgica”, es un proceso dirigido en contra de violadores y otros
posibles agresores sexuales para reducir la libido y la actividad sexual,
logrando con ello la protección de
posibles víctimas.
Asimismo, se deben ponderar los derechos
humanos de las víctimas de estas agresiones, los cuales se ven mayormente
lacerados, toda vez que el sujeto activo está en plena conciencia de querer
realizar dicha conducta, ya sea por años o de manera reiterada, “de ahí que es clara
la disyuntiva sobre la protección de los derechos humanos de estas personas que
cometen atroces actos”, finaliza el texto.
Para su
estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales.
*ExhortanCOVEICYDET
a transparentar uso y resultados de los recursos de sanciones en materia
electoral
De la misma manera, el legislador presentó un
exhorto al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico (COVEICYDET) a fin de transparentar e informar a esta Soberanía,
sobre el uso y resultados obtenidos de los recursos provenientes de sanciones
previstas en la normatividad electoral, durante los ejercicios 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 y 2021.
Además, hizo un llamado al Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI),y al Órgano
de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), a efecto de revisar y dar
cumplimiento, de acuerdo a sus atribuciones, en cuanto a transparencia y
rendición de cuentas, a dicho Consejo.
Durante su intervención en tribuna, el
legislador señaló que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en su artículo 458, señala quelos recursos obtenidos por la
aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los
sujetos del régimen sancionador electoral, impuestas por autoridades locales,
serán destinados a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento
y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.
En este sentido, indicó que,en revisión de la
página de transparencia del COVEICYDET, existe nula, poca o confusa referencia
de la aplicación de dichos recursos, advirtiendo una total opacidad en el
manejo de los mismos, en especial de los provenientes de las sanciones
aplicadas en términos de la legislación electoral.
Señaló que no existe uniformidad y claridad
en las cifras que la institución ha recibido durante estos años por concepto de
transferencias derivadas de la aplicación de sanciones previstas en la
normatividad electoral, por lo que hace imprescindible regular la situación.
Si se toma como referencia la información del
propio COVEICYDET, tan sólo por los años 2017, 2018 y 2019, los fondos
transferidos por este concepto ascienden a $133 millones 998 mil, 528 pesos, de
los cuales, la ciudadaníano advierte avance alguno en materia científica y
tecnológica en la entidad, e inclusive, la propia información disponible no
refleja la eficiencia en el gasto, concluyó.
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