Grupo Chedraui cierra verificentros y despide a empleados, gracias a las políticas de Cuitláhuac García
Claudia Guerrero Martínez | 05 agosto 2021
Tribuna
Libre.- Triste
observar que el tema de verificentros en Veracruz ha sido una ilegal pugna
entre empresarios, a quienes no se les respetan sus derechos como propietarios
de concesiones y el Gobierno Estatal necio, que pretende controlar toda la
operatividad de éstos, queriendo colocar a los dueños de verificentros como
empleados. Y varios de estos centros
eran propiedad del Grupo Chedraui, quienes en lugar de pelear jurídicamente
este tema, decidieron cerrar cuatro centros y dejar sin trabajo a decenas de
empleados, cuando el estado vive su peor época de parálisis gubernamental y de
desarrollo, sin fuentes de trabajo.
Con base a declaraciones a medios de
comunicación, por parte de administradores contratados por Grupo Chedraui, aseguraron
haber cerrado estos verificentros por ser incosteables y esta decisión fue
tomada por los dueños y directores de la familia Chedraui, desmantelando la
estructura y aparatos de los centros de Xalapa y están en proceso de cierre en
municipios como Veracruz, Coatzacoalcos y Córdoba.
La inversión de estos verificentros, tomando
en cuenta cada línea, con un costo de
dos millones de pesos y cada centro contaba con
tres a cuatro líneas, esto aunado
a la infraestructura del lugar, rentas, pago de servicios, salarios,
prestaciones, cuotas al seguro social, impuestos y moches, siendo una fuerte
inversión hecha por estos empresarios, calculando más de $30 millones de pesos
tirados a la basura, por la incapacidad del Gobierno de Cuitláhuac García, al
no llevar un programa efectivo de verificación en el estado, por parte de los
funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente en Veracruz.
Y sobre el tema de moches, es una actividad
cotidiana en esta administración estatal, que se autoelogia llamándose “Los Honestos
e impolutos”, cuando en realidad, obligan a los dueños de verificentros a pagar
sobornos y moches, para seguir operando los centros de verificación.
Funcionarios de SEDEMA en esta administración de MORENA, piden sobornos,
extorsionando al concesionario y estos moches fueron entregados a la extitular
de SEDEMA Roció Pérez Pérez y a la dependencia federal PROFEPA.
Se contabiliza de diez a doce empleados, por
cada verificentro, quienes se quedan sin trabajo y muchos no fueron liquidados.
Y Grupo Chedraui pudiendo acogerse al Artículo 14 Constitucional, no confían en
el recurso de amparo, pues existe el “rumor” de que los jueces federales tienen
la encomienda de negarlos.
Grupo Chedraui está perdiendo millones de
pesos y prefieren parar las actividades, que seguir perdiendo más dinero,
esperando se normalice esta situación, pues desde marzo detuvieron el
servicio. Con base a lo expuesto, la
intención de esta pugna es quitarles las concesiones a los empresarios y el
Gobierno Estatal de MORENA adjudicáselas para sus mismos funcionarios, sin
entender por qué no se está aplicando la ley, en evidentes actos de corrupción.
Analizando a profundidad, la corrupción está
en la Secretaría de Medio Ambiente, protegida por el Gobierno de Cuitláhuac
García. Y la rentabilidad de los verificentros, de acuerdo con las normas
oficiales, manejado por particulares sin intervención del gobierno estatal, ha
sido un buen negocio, pero desde adentro, también existe corrupción dividiendo
a grupos contrarios, unos pagando moches, trabajando en la ilegalidad y otros
defendiendo su patrimonio.
Hoy, el programa de verificación está
secuestrado por la SEDEMA y el Gobierno de Cuitláhuac García, quien quiere
tener el control, sin importarle la afectación a los usuarios de Veracruz. No
se está cumpliendo a cabalidad, por la ignorancia de los funcionarios
estatales, gracias a su avaricia, siendo el propio gobernador quien pidió la
renuncia de Roció Pérez Pérez, por evidentes actos de corrupción y beneficio
personal.
Por último, en marzo pasado, dueños de
verificentros se manifestaron en Palacio de Gobierno, llevando conos de huevos
y regalando estos a personas que pasaban por el lugar y a los propios
funcionarios. En esa ocasión se unieron todos los dueños de centros de
verificación, para después hubo represalias en contra de ellos. Un grave
problema, que los únicos afectados son los usuarios.
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