* No puede existir educación de primera y educación de segunda y lo que esta norma realizaría en el caso de publicarla, sería profundizar precisamente esas diferencias, dijo Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF)
Ciudad de México | 05 octubre 2021
Tribuna
Libre.- De
publicar el Ejecutivo Federal la NOM 237 como fue creada por la Dirección
General de Normas de la Secretaría de Economía, sería dar un duro golpe a la
educación de calidad en el país, afectaría la libertad de los padres de familia
de optar por una alternativa para sus hijos y provocaría una mayor demanda de
espacios en el sistema público, además de que se convertiría en una presión más
para que el Estado Mexicano pueda cumplir con su obligación educativa, sobre
todo en estos momentos cuando le sería realmente imposible atender a quienes
deserten de las escuelas particulares por la crisis provocada por la pandemia,
revelaron los representantes de estas últimas.
Por su parte, la Unión Nacional de Padres de
Familia (UNPF) en voz de su presidente Luis Arturo Solís Bravo, destacó que la
puesta en ejecución de la NOM 237 “es muy preocupante porque atenta contra la
escuela particular en todo el país”, sobre todo porque “la Secretaría de
Economía (SE) está actuando en beneficio de un tercero, aquellos que van a
evaluar la Norma, porque no lo va a hacer el personal ni la infraestructura de
la SE, sino un tercero que va a evaluar a un tercero y el gasto operativo lo va
a tener que absorber el padre de familia”.
Desde el instante mismo de la publicación de
la NOM 237 en el caso de que se hiciera, en cifras mucho muy conservadoras, por
lo menos 18 mil escuelas particulares que formamos parte del Sistema Nacional
de Educación, estaríamos en una gran desventaja porque no podríamos, no sólo
cubrir los costos que la nueva norma nos obligaría; tampoco podríamos
defendernos de esta decisión mediante un juicio de amparo por los altos precios
que tomar una decisión de judicializar nuestro reclamo, significa, si tomamos
en cuenta que las escuelas mayormente afectadas son instituciones pequeñas, que
atienden zonas de bajo poder adquisitivo, con un promedio de 35 alumnos, sobre
todo de educación básica, dijeron en un comunicado leído por José Rogelio
Varela Cáñez, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de
Sonora (FEP - Norte de Sonora).
Si tomamos como referencia 18 mil escuelas
con un promedio mínimo de 35 alumnos –expresó el representante de los colegios
en peligro--, la cantidad de niños y adolescentes que se quedarían sin poder
continuar con sus estudios sería de 630 mil. Si a ellos se les cobra un
promedio de 1,200 pesos mensuales, las instituciones particulares dejarían de
recibir al año 9 mil 72 millones de pesos, lo que implicará el cierre del
empleo para 54 mil docentes al computar a 3 por escuela, más el director o
directora, una persona de intendencia y un empleo indirecto de contador, tienda
escolar u otro servicio, tomado en ½ empleo, lo que nos daría la cifra de 99
mil empleos afectados.
Expresó también que si se realiza un promedio
de 7 mil pesos de salario por empleo, la nómina anual de estas 18 mil escuelas
que se perdería suma 8 mil 316 millones de pesos. Además, los gobiernos
estatales dejarían de recaudar 207 millones 900 mil pesos por concepto de
impuesto sobre nómina y otros accesorios; el Gobierno Federal dejaría de
percibir 277 millones 992 pesos de Impuesto Sobre la Renta de los empleos,
mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social dejaría de contar con mil 771
millones 729 mil 740 pesos. A su vez, el Infonavit dejaría de recibir 415
millones 800 mil pesos, destacaron.
Estas sumas implican un impacto anual en
contribuciones de 2 mil 465 millones 521 mil 740 pesos, que se sumarían al
millón 575 mil alumnos dejarían de percibir sus becas de 40 por ciento que
ofrecen las escuelas particulares a través de la Secretaría de Educación
Pública (SEP). Sin embargo, consideran que, de acuerdo con el impacto
posterior, estas cifras se podrían extrapolar hasta un ciento por ciento más porque
el perjuicio crecerá poco a poco.
Los representantes de las escuelas de
educación particular consideran que quienes están al frente de la decisión por
publicar la NOM 237 no velan por el bien común, sino por el bien de algunas
empresas certificadoras y evaluadoras que asistieron a las mesas de trabajo,
donde contrario a nuestras argumentaciones, siempre estuvieron apoyando la
creación de la NOM, pese a su carácter inconstitucional, como fueron las
empresas IT Lawyers y CEIDIC.
Itzel Carmona, representante de la
Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), insistió en que
procedimentalmente todavía se puede cancelar la Norma 237 y evitaría que las
escuelas recurrieran al amparo. “No hay materia para la NOM. Es una insistencia
desde la Dirección de Normas”, expuso.
En su oportunidad, Jesús Nájera Martínez dio
a conocer que en los países exitosos en educación invierten 580 dólares
mensuales en educación, pero México es de los que menos invierte: 120 dólares
por mes; en cambio los particulares en nuestro país invierten 340 dólares por
mes.
Agregó que como hemos dicho en ruedas de
prensa anteriores, con esta NOM pretenden vulnerar las finanzas de las
instituciones particulares incrementando sus costos administrativos con
supuestas certificaciones de “cómo se supone deben promover sus servicios”;
convertirles en instituciones de crédito sin la capacidad de fondos, ni las
facultades para hacerlo, obligándolas a otorgar un plazo de hasta 3 meses y 15
días de gracia a las colegiaturas para cualquier padre de familia, que
simplemente lo solicite o lo haga de facto; y, además, pretenden regular cuándo
y cuánto pueden cobrar o incrementar las colegiaturas para mantener la
operación de la escuela.
Itzel Carmona aseguró que la pretensión de la
Secretaría de Economía es replicar la NOM 237 para cada nivel y tipo de
educación que hay en el país, entre ellos para quien dan clases de cocina, de
maquillaje, de artes marciales, de educación para el trabajo y todas y cada una
de los centros donde hay enseñanza de cualquier tipo.
Finalmente, Luis Arturo Solís Bravo,
presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó que “no
puede existir educación de primera y educación de segunda” y lo que esta norma
realizaría en el caso de publicarla, sería profundizar precisamente esas
diferencias. “Esto pone en total desventaja a la escuela del gobierno, y pone
en desigualdad a los millones de alumnos que en ella reciben educación. Los
números que tenemos de las llamadas escuelas oficiales son lamentables: tienen
muchas deficiencias, insuficiente infraestructura, carecen de internet y muchas
no tienen ni agua potable”, expresó.