Ciudad de México | 27 diciembre 2021
Tribuna
Libre.- El INE acusó al
diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, de
emprender una persecución política y penal en contra de sus integrantes por
diferencias de opinión, lo que –dijo– es una preocupante “acción injustificada
y sin sustento jurídico”.
Lo que se busca, alertaron, es “inhibir la
independencia con la que los miembros del consejo general” votan los asuntos y
afectar la autonomía del organismo, por lo que rechazaron las denuncias penales
que Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la Cámara, interpuso el
jueves pasado en contra seis de los 11 consejeros y Edmundo Jacobo Molina,
secretario ejecutivo del Instituto.
"Rechazamos las denuncias penales y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. En democracia, las diferencias de criterio no deben ameritar la persecución política" escribió en Twitter Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.
“Es muy preocupante que él pretenda convertir
un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General
de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo
mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las
decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento
jurídico”, se expresó en el documento.
Además, recordaron que las decisiones del
consejo general del INE pueden no ser unánimes y no ser compartidas por las
distintas fuerzas y actores políticos, pero la ley establece que pueden ser
impugnadas y serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última
instancia.
Los consejeros recordaron en el comunicado
que en el organismo las decisiones se toman de forma colegiada y con el voto de
la mayoría, pero se asumen de forma institucional por todos.
Las diferencias de criterio –añaden– "no
deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han
explicado públicamente los motivos de su decisión".
El 23 de diciembre pasado. Gutiérrez Luna
presentó formal denuncia ante la FGR en contra de seis consejeros y el secretario
ejecutivo por la presunta coalición de servidores públicos y abuso de
autoridad.
El morenista promovió la querella porque a su
juicio se cometieron esos ilícitos cuando el INE decidió el 17 de diciembre
–con seis votos a favor y cinco en contra- suspender algunas etapas del proceso
organizativo del proceso de revocación de mandato.
Además, de esa denuncia penal el diputado
entregó una queja ante el Órgano Interno de Control del INE por supuestas
irregularidades y faltas administrativas en las que supuestamente incurrieron
los consejeros.
El conflicto entre el INE y Morena, en este
caso los legisladores, se deriva del interés de ese partido de someter al
presidente Andrés Manuel López Obrador a un proceso de revocación de mandato,
pero al que llama “ratificación de mandato”, con el objetivo de que la mayoría
de los ciudadanos respalde la gestión del mandatario, tal como lo prometió en
campaña.
Un ejercicio de ese tipo se estima que tendrá
un costo de 3,830 millones 448,000 pesos, según estimaciones del INE, pues la
Ley Federal de Revocación de Mandato, aprobada en septiembre pasado por el
Congreso y promulgada el 14 de ese mes, ordena que se instale el mismo número
de casillas que el de la última elección federal (162,570 aproximadamente).
Esa ley también establece que la organización
del proceso revocatorio debe realizarse con los mismos estándares de una
elección federal , es decir, deben instalarse consejos distritales, contratarse
capacitadores, insacular a 12 millones de ciudadanos, visitarlos, convencerlos
para que funjan como representantes de casilla, capacitarlos y realizar todos
los controles de una elección.
Sin embargo la Cámara de Diputados recortó en
4,913 millones de pesos el presupuesto solicitado por el INE y le ordenó hacer
los ajustes necesarios para concretar el ejercicio revocatorio.
El INE realizó ajustes a su gasto y logró
generar una bolsa de 1,275.9 millones de pesos para hacer posible ese proceso,
no obstante, advirtió que aún enfrenta un déficit de 2,554 millones de pesos para
realizar el ejercicio.
Por el recorte, el 7 de diciembre el INE
presentó una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2022 y pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) que se suspenda la obligación de realizar adecuaciones presupuestarias y
garantizar la suficiencia presupuestaria de 3,830 millones de pesos requeridos
para la revocación.
El 15 de diciembre la Corte dio entrada al
recurso pero el ministro instructor Juan Luis González Alcántara negó la
suspensión solicitada por el INE pues es “un hecho de realización incierta” el
proceso revocatorio.
Además, el viernes 17 de diciembre 6 de 11
integrantes del Consejo General del INE aprobaron suspender algunas etapas
organizativas del proceso revocatorio.
Los que votaron a favor de esa decisión y
fueron denunciados por el diputado Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente
de la mesa directiva de la Cámara, son el consejero presidente Lorenzo Córdova,
además de los consejeros Ciro Murayama, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Roberto
Ruiz Saldaña y Dania Ravel.
En tanto, para contrarrestar la decisión del
Consejo General, el 21 de diciembre, con el rechazo de la oposición, Gutiérrez
Luna presentó una controversia constitucional ante la Corte contra el acuerdo
del INE que suspendió las tareas organizativas de la revocación de mandato.
Al día siguiente, el 22 de este mes, la
Comisión de Receso de la Corte acordó admitir a trámite la controversia
constitucional promovida por la Cámara contra el acuerdo del INE pero invalidó
la decisión de éste de suspender la etapa organizativa del ejercicio
revocatorio.
Según decidió la SCJN, el INE deberá abstenerse
de ejecutar el acuerdo de suspensión de actividades para la organización del
proceso de revocación de mandato del presidente y debe seguir con la
organización y todas las actividades con el presupuesto aprobado.
El sábado 25 de diciembre venció el plazo
para que todos los solicitantes del proceso de revocación entregaran al INE las
firmas para solicitar su realización.
El INE ha mantenido la revisión de todas las
firmas recibidas. De completarse las 2 millones 758, 227 firmas válidas de
solicitantes de la revocación, el Instituto deberá emitir una convocatoria para
su realización.
