La Presidencia de la República le pagó poco más de 161 millones de pesos en una pensión vitalicia que cada mes, desde 1987 al 2018, le llegó sin falta.
Ciudad de México | 20 enero 2022
Tribuna
Libre.- Luis
Echeverría Álvarez, quien este lunes 17 de enero cumple un siglo de vida,
recibió del Estado mexicano más de 161 millones de pesos en 31 años por
concepto de “pensión vitalicia”, una retribución que tuvieron los exmandatarios
mexicanos de 1987 a 2018. Además de una cantidad para su manutención, la
Presidencia de la República se hizo cargo de los salarios de personal de
ayudantía que lo apoyó en sus necesidades domésticas; es decir, choferes,
cocineros y mensajeros.
El cálculo de la cantidad pagada por los
mexicanos a Echeverría Álvarez proviene de la suma de lo devengado y el salario
que recibían los 17 trabajadores que tuvo a su cargo durante tres décadas, de
acuerdo con solicitudes de información a la presidencia de la República, mediante
el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al mes, para su manutención, se destinaba un
monto bruto de 205,122 pesos, el equivalente a la percepción de un secretario
de Estado. Así, al año, desde 1987 y si se considera la inflación en los
ochenta del siglo XX, el político priista recibió 2.4 millones de pesos en
promedio al año. Parte de ese dinero cubría un seguro de vida y otro de gastos
médicos mayores.
En cuanto a sus 17 empleados, entre todos
(con diferentes salarios) tuvieron 2.8 millones de pesos.
Con sus 100 años cumplidos, Echeverría
Álvarez es el protagonista más longevo de la vida pública nacional y la
personificación de las paradojas del sistema que durante 71 años gobernó en
México a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Fue él mismo quien ordenó en 1976, mediante
el acuerdo 7637, la asignación para los expresidentes de empleados
administrativos pagados por el erario; además de elementos de las fuerzas
armadas para su seguridad.
11 años después, Miguel de la Madrid Hurtado,
quien fue presidente de México de 1982 a 1988, añadió otro beneficio a la
prestación. Mediante otro acuerdo estableció que los ciudadanos que se
desempeñaron como ejecutivos federales tenían derecho a una pensión equivalente
al salario de un secretario de Estado.
La anulación de esa prestación con el fin de
ahorrar recursos fue uno de los ofrecimientos de campaña más conocidos de
Andrés Manuel López Obrador. Al llegar a la Presidencia, en el primer mes de su
gobierno, envió la iniciativa al Congreso para erradicarla.
El 5 de noviembre de 2018, el Congreso de la
Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de una
nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que prohibió las
compensaciones pagadas por el erario a los expresidentes. Además, prohibió que
los funcionarios públicos ganen más que el jefe del Ejecutivo.
Luis Echeverría Álvarez aceptó la pensión
incluso cuando permaneció en arresto domiciliario en 2006, resultado de la orden
de un tribunal federal por la acusación de genocidio de la extinta Fiscalía
para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Era el último año de gobierno de Vicente Fox
Quesada, mandatario postulado por el Partido Acción Nacional que por primera
vez derrotó al PRI en las urnas. Durante ese sexenio, se formó la Femospp con
el ordenamiento de esclarecer los actos violatorios a los derechos humanos de
grupos opositores al gobierno en los 60 y 70 del siglo XX, periodo conocido
como "guerra sucia". A Echeverría Álvarez se le investigó por su
presunta participación en las muertes de estudiantes debido al exceso de la
fuerza pública en 1968 y 1971.
Arrestado en su propia casa de San Jerónimo,
con 84 años, les dijo a los reporteros que vivía tranquilo y que en México
jamás se habían cometido delitos de lessa humanidad. Estaba en el jardín del
domicilio donde vive hasta ahora, frente a la estatua de Esther Zuno Arce, su
esposa, con quien procreó ocho hijos y quien falleció en 1999.
La tranquilidad del expresidente respecto al
pasado fue mayor con los años. En 2009, fue exonerado y la fiscalía que le
fincó responsabilidades desapareció sin ningún caso resuelto ni ninguna
explicación.
En 1964, cuando Gustavo Díaz Ordaz asumió
como presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez fue nombrado
secretario de Gobernación. Cuatro años después, con ese encargo público, tuvo
que darle la cara a un movimiento que se gestó desde las preparatorias
nacionales, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional
Autónoma de México. La liberación de estudiantes presos era la consigna.
Faltaban pocos días para las olimpiadas y de las calles de la Ciudad de México
brotaba al unísono: “¡No queremos olimpiadas. Queremos Revolución!”.
El 2 de octubre de 1968, en la plaza de las
tres culturas de Tlatelolco, el movimiento se transformó en uno de los traumas
sociales más señalados en la memoria mexicana. Por lo menos 300 estudiantes
(pese a cientos de estudios, la cifra aún no es precisa) fueron atacados a tiros
mientras realizaban un mitin pacífico. En 2022, se cumplirán 54 años de este
pasaje que aún conserva muchos espacios vacíos y otros sin aclarar. Pero en el
rompecabezas hay un nombre permanente: Luis Echeverría Álvarez, quien era
secretario de Gobernación.
Pero lo que sucedió en Tlatelolco no pesó
para que el 1 de diciembre de 1970, el mismo político que ingresó al PRI en
1946 recibiera la banda presidencial de manos de Díaz Ordaz. Así se inició la
era de Echeverría con el sello ante el mundo de una simpatía por los
movimientos de izquierda y un estilo progresista de gobernar. Como presidente
de México indultó a los líderes del movimiento estudiantil de 1968, recibió a
exiliados de regímenes de Latinoamérica y exigió la expulsión de España de la
Organización de las Naciones Unidas por la ejecución de cinco jóvenes en 1975,
ordenada por Francisco Franco.
En el contraste, dentro de México se empezó a
vivir lo que se conoce como “guerra sucia”. Los movimientos subversivos eran
aplastados con desapariciones y encarcelamientos. Genaro Vázquez y Lucio
Cabañas, identificados como guerrilleros, fueron asesinados en Guerrero. Y, el
10 de junio de 1971, ocurrió el otro evento que, como sombra, ha perseguido a
Luis Echeverría Álvarez. Un comando armado atacó a otra manifestación
estudiantil en la avenida San Cosme de la Ciudad de México, con un saldo
impreciso hasta ahora. Los activistas coinciden en 30 muertos, entre ellos, un
adolescente.
El
derecho a la pensión
Hasta 2018, tres exmandatarios – Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Luis
Echeverría Álvarez (1970-1976)– percibieron la pensión. Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) renunciaron al
beneficio monetario aunque mantuvieron el personal de ayudantía.
Según el acuerdo de 1987, la compensación
también debía beneficiar a las viudas de los expresidentes. Se estipuló el 80
por ciento del salario de un secretario de Estado el primer año del
fallecimiento y una cantidad 10% menor cada año hasta llegar al 50%.
Alejandra Acimovic Popovic (la actriz Sasha
Montenegro) quien era esposa de José López Portillo en 2004 al momento de su
fallecimiento, y Paloma Cordero, esposa del expresidente Miguel de la Madrid,
quien murió en 2012, también fueron beneficiarias de un pago mensual.
A las solicitudes de información, la Presidencia de la República respondió que los originales de los dos acuerdos en los que se basó la pensión para los expresidentes mexicanos son “inexistentes” en sus archivos. Es decir, el beneficio del que gozó Luis Echeverría Álvarez de los mexicanos, durante 31 años, carece de registro fiel.
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