Auditoria Superior de la Federación detecta irregularidades por 2,561.2 mdp en el manejo de la pandemia
*De acuerdo con la revisión, Insabi, INER, CENAPRECE y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública no cumplieron las disposiciones legales y normativas.
Ciudad de México | 21 febrero 2022
Tribuna
Libre.- La
revisión de la Cuenta Pública 2020, el primer año de la pandemia por COVID-19,
reveló diversas irregularidades en los recursos para la atención de la
emergencia sanitaria que ha dejado más de 315,000 personas fallecidas hasta el
momento.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), se determinó un monto por aclarar de 2,561 millones 268,268
pesos por irregularidades como que se realizaron pagos de adicionales y pagos a
personal que no trabajaba en hospitales NO COVID; además de que no se
entregaron 650 ventiladores mecánicos y más de un millón de mascarillas KN95.
La Auditoría también detectó que el Insabi no
distribuyó a las dependencias de la Administración Pública Federal y a los
Servicios de Salud un total de 8 millones 369,670 de insumos (batas,
mascarillas, guantes, etc.), además de que no contó con el control de la distribución
de éstos.
En general, la auditoría de cumplimiento al
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) Recursos Destinados a la Atención
de la Pandemia por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) determinó que el Instituto, la
Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER), el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
(CENAPRECE) y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública no
cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
Entre las anomalías se detectaron
deficiencias en la supervisión efectuada por parte Insabi de los recursos
ejercidos para la atención de la epidemia mediante la subcuenta “Recursos del
INSABI conforme al artículo Décimo Transitorio del Decreto del 29 de noviembre
de 2019 (40 mil mdp)” del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), debido a
que se realizaron pagos en demasía por concepto de sueldo respecto del personal
médico, paramédico y afín contratado, y se realizaron pagos a 280 enfermeras y
médicos voluntarios en hospitales NO COVID con un rango de edad de 60 a 65 años
sin contar con la autorización de dicho estímulo ni con la documentación que
acredite la convocatoria del personal referido.
La ASF señaló que el Insabi contrató a un despacho
legal para iniciar acciones legales contra un proveedor extranjero con el que
se adquirieron 1,000 ventiladores, 650 de éstos con un costo de 920 mdp, que no
fueron entregados; mientras que en dos contratos donde se estableció la
aplicación de penas, no se acreditó la entrega de equipos de protección
personal y de más de un millón de mascarillas KN95, por 40 mdp, asimismo los
insumos se dieron de forma extemporánea, entre 11 y 526 días después del plazo
establecido en el contrato.
La Auditoría también detectó que el Insabi
realizó pagos a cuatro proveedores durante el periodo del 2 al 27 abril de 2020
por concepto de la adquisición de 2,250 ventiladores por 1,600.3 mdp; sin
embargo, no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que sustentó
los procedimientos de adjudicación, los instrumentos jurídicos formalizados y
la recepción por parte del Instituto y distribución de dichos ventiladores a
las unidades médicas.
El Insabi, señaló la ASF, no distribuyó a las
dependencias de la Administración Pública Federal y a los Servicios de Salud un
total de 8 millones 369,670 insumos (batas, mascarillas, guantes, etc.), además
de que no contó con el control de la distribución de éstos, “ya que dicho
control se llevó mediante una base de datos en formato Excel en la que se
registraron los insumos entregados a las dependencias y a los Servicios de
Salud de las Entidades Federativas y la cual no es coincidente con el número de
insumos entregados por el proveedor”.
De los 31 millones 403,840 insumos entregados,
dicha base de datos contó con un registro de sólo 15 millones 621,497;
asimismo, de 199 bienes que fueron donados por la Administración del Patrimonio
de la Beneficencia Pública, el Insabi no contó con su registro en su
patrimonio, los cuales fueron entregados a las unidades médicas en comodato.
La auditoría también señala que la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) no proporcionó evidencia respecto de las
adquisiciones efectuadas a dos proveedores extranjeros ni se acreditó que se
efectuara la invitación a diversos proveedores para participar en ambos
procedimientos de adjudicación; así como la investigación de mercado en la que
se determinó que sólo existía un posible proveedor extranjero y que éste
expresó su interés en contratar conforme a la legislación de su país; tampoco
se sustentó que los procedimientos de contratación no se podían realizar dentro
del territorio nacional, por lo que se contrataron en el extranjero.
Además, expuso que de los recursos donados
por la Cámara de Senadores, se comprobó que 99.8 mdp no se ejercieron con
oportunidad, toda vez que la aportación fue recibida el 11 de mayo de 2020,
mientras que la carta de instrucción de pago fue recibida por el fiduciario del
Fondo de Salud para el Bienestar el 1 de junio de 2021, es decir, 386 días
naturales posteriores a la recepción del recurso; asimismo, a la fecha de la
auditoría (diciembre de 2021), no se había acreditado el ejercicio de 128,400
pesos, por lo que continúan en el patrimonio de dicho fondo sin haber dado cumplimiento
a lo convenido.
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