Entre lo utópico y lo verdadero

El peor gobernador, el peor Congreso Local y el peor Poder Judicial en la historia de Veracruz 

                                                Claudia Guerrero Martínez | 02 marzo 2022

 www.tribunalibrenoticias.com

Tribuna Libre.-Todos advertían que el tema de Ultrajes a la Autoridad colocaría a Cuitláhuac García en el banquillo de los acusados y evidenciar ser mal asesorado en temas legales, así como mostrar su desconocimiento de las leyes y la Constitución de un gobernador ignorante, tonto, interesado en desmantelar el estado de derecho y sobre todo, utilizar el poder para sus venganzas personales, sacando su lado corriente, vulgar, mostrando ser un resentido social y tener traumas por su vida oculta, llena de complejos.

Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio clases de Derecho a un gobernador de caricatura.

Este pasado lunes, ministros de la SCJN resolvieron ser inconstitucional el delito de Ultrajes a la Autoridad aplicado en Veracruz como deporte para venganza, censura y ataques a opositores del gobierno de MORENA. La declaratoria coloca a la administración de Cuitláhuac García como represora, violentando los derechos humanos y sobre todo, el estado de derecho, así como declara violaciones en el Código Penal de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial, modificado por la Legislatura pasada y con posibles imputaciones en contra de ex y diputados torpes, manipulados, quienes sólo obedecieron las órdenes del gobernador Cuitláhuac García y su líder en la JUCOPO, quien repitió como diputado local, el antes defraudador de coches,  Juan Javier Gómez Cazarín.

La Suprema Corte, máxima tribuna en México, aprobó el proyecto de Acción Inconstitucional 66/2021, elaborado por el ministro veracruzano Jorge Mario Pardo Rebolledo, el cual, expone la violación a los derechos a la libertad de expresión y a la información, además de poner en riesgo la actividad periodística.

El PRD en Veracruz convocó a rueda de prensa para exponer las graves anomalías constitucionales perpetradas desde el Poder Ejecutivo, aprobada por el Legislativo, así como ejecutada por el Poder Judicial. Sergio Cadena Martínez, dirigente del PRD exigió a Cuitláhuac García respetar la ley y los derechos fundamentales de la Constitución que rige al Estado de Veracruz. Y dijo: “Que el gobernador se ponga a trabajar, Veracruz vive la peor crisis de legalidad en años y la SCJN cerró la puerta al abuso de poder y autoritarismo”.

Y el que dice ser el gobernador en funciones, cuando no ejerce su liderazgo, ni sabe gobernar, Cuitláhuac García, éste piensa que con cambiarle de nombre a su ley de Ultrajes a la Autoridad podrá continuar con sus actos ilegales y represivos. Increíble el nuevo revés que resuelve la evidente violación a los derechos de las víctimas y el gobernador de Veracruz sale a dar una rueda de prensa y dicen estupideces.

La dirigencia del PRD Estatal, junto con el diputado federal Jesús Velázquez exigen que en lugar de las venganzas personales de un gobernador ocurrente y represor, debería atender los temas económicos, la creación de empleos, el combate a la pobreza, mejorar el sistema de salud, rescatar las aulas y mejorar la educación, apoyo al campo y ha olvidado el tema de la inseguridad en todo Veracruz.

Y fíjense inteligentes lectoras y lectores, que Cuitláhuac García al ser cuestionado por la resolución de la SCJN y derogar el delito de ultrajes a la autoridad, él cínicamente dijo que se previno esta situación y se trabajó otras opciones para que los presuntos “delincuentes” siguieran sus procesos judiciales por otros delitos. En pocas palabras, la fabricación de delitos, testigos y escenarios, para que las víctimas que están llevando su proceso judicial dentro de penales, no puedan salir, aun cuando hayan sido detenidos por romper una camiseta a un ministerial, como el caso de Rogelio Franco Castán.

Vergonzoso, que ante un ignorante del Derecho, como Cuitláhuac García, tenga como secretario de Gobierno a otro incompetente como Eric Cisneros Burgos, así como ser sus aplaudidoras, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz y la fiscal general, Verónica Hernández Giadans. Y en un futuro, todos ellos, pueden ser candidatos a ser inquilinos en el Penal de Pacho Viejo.

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