Jean Paul Huber, consultor político en materia electoral, detalla el esquema mediante el cual 'el Bronco' reunió las firmas ciudadanas

                                                                                      Redacción | 19 marzo 2022

 www.tribunalibrenoticias.com

Tribuna Libre.- Más de 600 funcionarios del gobierno de Nuevo León recolectaron entre octubre de 2017 y febrero de 2018 las firmas necesarias para que Jaime Rodríguez Calderón, 'el Bronco', obtuviera su registro como candidato independiente para la Presidencia de República.

En ese momento, Rodríguez Calderón había solicitado licencia a su cargo como gobernador de Nuevo León y, en su lugar, fue nombrado como interino el secretario de Gobierno, Manuel González Flores. En esa administración se creó un esquema para que los trabajadores del estado recolectaran en horario laboral las llamadas "broncofirmas".

Hoy, 'el Bronco' enfrenta en prisión preventiva un proceso por ese esquema, siendo acusado por presunto desvío de recursos materiales y humanos. Aquí te contamos cómo se llevó a cabo esta operación.

La denuncia contra Jaime Rodríguez —presentada en 2018 por el entonces senador y actual gobernador de Nuevo León, Samuel García— sostiene que presentó firmas ilegales para lograr su candidatura presidencial independiente en las elecciones de 2018.

En entrevista con Expansión Política, Jean Paul Huber, notario y consultor político en materia electoral, señala que antes de llegar a la vinculación a proceso en este asunto hubo tres procedimientos relacionados con quejas ciudadanas contra 'el Bronco' por tres aspectos: el uso de empresas fantasma, prometer pagos a asociaciones religiosas y el uso de servidores públicos para la recolección de firmas.

"¿Qué descubre la autoridad electoral? Primero, que solo hubo una promesa a las asociaciones religiosas de recibir 100,000 pesos a cambio de 10,000 firmas en favor del 'Bronco', pero esto no se acreditó. Luego está el programa social Aliados Contigo, con el que se levantaron encuestas electorales, pero esto ocurrió antes del periodo de recolección de firmas. Y por último está el tema de las 'broncofirmas', que es lo delicado", explica.

Huber detalla que la autoridad electoral hizo un cruce entre los auxiliares de Jaime Rodríguez y el padrón de funcionarios del gobierno de Nuevo León. Los primeros resultados arrojaron que alrededor de 831 servidores públicos habían recabado firmas para 'el Bronco'.

En una depuración se encontró que en realidad eran 639 funcionarios, de 23 dependencias estatales, que levantaron de manera directa firmas en favor del entonces aspirantes presidencial en horario laboral; estos obtuvieron un total de 25,023 apoyos ciudadanos.

"Después de otros cruces, la cifra se eleva a 656 funcionarios que subieron firmas a través de la app (del Instituto Nacional Electoral), de los cuales solo 211 obtuvieron las firmas fuera del horario de trabajo, el resto fue en horario laboral, pagados por el estado. Ahí hay un desvío de recursos", enfatiza.

Al momento de investigar este hecho, la autoridad electoral evidenció que no hubo ningún rechazo por parte del 'Bronco', es decir, no hubo deslinde de la presunta actividad irregular de sus colaboradores ni de los servidores públicos.

Jean Paul Huber refiere que en materia electoral hay una jurisprudencia que se llama culpa in vigilando, la cual consiste en que los partidos políticos y los candidatos son responsables por lo que hagan sus militantes y simpatizantes: "Si ellos están haciendo algo ilegal tú tienes el deber de tomar todas las precauciones para que dejen de hacerlo".

Bajo esa jurisprudencia, Jaime Rodríguez no hizo nada al respecto, no se deslindó, no hubo un rechazo ni presentó una denuncia a sabiendas de que eso estaba ocurriendo, "todo fue pasividad".

Además, los "voluntarios" debieron llenar un formato para acreditar que su función era gratuita, pero 'el Bronco' no contaba con esa documentación. En términos de fiscalización, el INE le contabiliza ese servicio al entonces aspirante.

Al tomar en cuenta que cada "voluntario" recibió alrededor de 4,000 pesos al mes y fueron 656 funcionarios en estas tareas, se determina que el gasto que Jaime Rodríguez recibió en especie asciende a 2 millones 624,000 pesos.

Para imponer la sanción, el INE calcula de ese monto el 180% por haber recibido apoyo en especie. Pero además, como se acreditó que sí sabía de esta operación y no se deslindó se le impuso otro 50%; entonces, la multa llegó a 230%, es decir, 6 millones de pesos.

Luego viene otra multa de 377,000 pesos por la conducta en la que incurrió (una aportación indebida por parte del gobierno del estado). Acto seguido, el INE da vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y el asunto, tal como resolvió el instituto, se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ratifica las sanciones.

¿Cuál es el problema para 'el Bronco'? Que ya tiene una resolución del órgano técnico administrativo electoral en la que se determina que decidió incurrir en esa falla, y jurídicamente está firme, porque llegó a la última instancia judicial que ratificó la sentencia del tribunal. Entonces, la Fepade no necesita mayores pruebas, solo basta con integrar la carpeta de investigación y solicitar el ejercicio de la acción penal", detalla Huber.

Después, el INE toma la decisión de separar el asunto de las "broncofirmas" de las tarjetas "oxxosaldazo", operación que consistió en empresas fachada que depositaron dinero a tarjetas del Oxxo en las que supuestamente se dispersaron las aportaciones de simpatizantes a Jaime Rodríguez. Pero las transferencias eran desde 75,000 pesos hasta 230,000 el mismo día.

El saldo de la triangulación de recursos a través de empresas fachada fue de 6.5 millones de pesos, por lo que 'el Bronco' recibió una sanción de 11 millones de pesos, más 135,000 de multa. Mientras que la simulación de aportación de simpatizantes dejó un monto de casi 5 millones de pesos; la sanción fue de 8 millones de pesos.

Con todo esto se determina que, en todo el proceso de recolección de firmas, hubo aportaciones en especie prohibidas, desvío de recursos públicos y donativos por empresas privadas (que está prohibido ante la ley) mediante triangulaciones.

Los montos totales por los cuales 'el Bronco' enfrenta su proceso son 11 millones de pesos por la triangulación de recursos con empresas y 2.6 millones de pesos por las aportaciones en especie no reportadas.

Huber explica que, además de los montos, el proceso se inició en el ámbito federal por tratarse de un proceso electoral de este nivel (elecciones presidenciales de 2018) y porque fue el INE el que dio vista a la Fepade.

El caso lo mandan al estado de Nuevo León únicamente para los efectos de la ejecución de la orden de aprehensión. Una vez cumplimentada, el juez de control que recibió el asunto, y quien celebró la audiencia del 16 de marzo en la que 'el Bronco' fue vinculado a proceso, se declara incompetente por el carácter de la elección y lo remite a un juzgado federal.

De momento, al 'Bronco' se le dictó la prisión preventiva como medida cautelar por posible riesgo de fuga. Pero será el juez federal el que determine, con el desahogo de pruebas, si le permite seguir su proceso en libertad o si lo declara culpable y le impone una pena de cárcel.

"Eso dependerá del o los delitos por los cuales lo van a procesar, ahorita estamos hablando de entre dos y tres delitos, cada uno oscila entre los tres y los nueve años de prisión, entonces sí puede ser una pena de cárcel muy alta", estima Huber.

El especialista considera que el tema de las "broncofirmas", aunque es el más escandaloso, es en realidad menos grave si se compara con la triangulación de recursos con empresas.