*Ruth Callejas Roldán presenta iniciativa que adicionaría el artículo 23 Bis a la Ley de Defensoría Pública del Estado de Veracruz.
Xalapa, Ver | 16 marzo 2022
Tribuna
Libre.- Con la finalidad de contar con más mediadores
y defensores públicos bilingües indígenas en favor de la justicia para personas
de pueblos originarios, la diputada Ruth Callejas Roldán presentó a la
Diputación Permanente una iniciativa que adiciona el artículo 23 Bis a la Ley
de Defensoría Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La iniciativa, presentada durante la sexta
sesión ordinaria, prevé establecer que, a fin de garantizar el derecho a la
defensa en materia penal y a la asesoría jurídica en favor de las personas de
los pueblos y comunidades indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en
la lengua indígena nacional en que sean hablantes, el Instituto Veracruzano de
la Defensoría Pública contará con una Defensoría Pública para el Pueblo y
Comunidades Indígenas.
Esta Defensoría deberá tener traductores e
intérpretes con conocimiento de la lengua y cultura de la de aquellos que
representen.
El Instituto deberá garantizar que la
Defensoría Pública para el Pueblo y Comunidades Indígenas cuente con el
personal necesario para el adecuado desempeño de sus funciones. Esto es:
peritos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües y asesores
jurídicos bilingües indígenas.
Además, tendrá que realizar las gestiones
necesarias para celebrar convenios de colaboración con las instituciones que
puedan coadyuvar a la obtención de estos fines y promoverá la formación, tanto
de defensores públicos, como de asesores jurídicos bilingües indígenas.
Al justificar el contenido de su propuesta,
la legisladora subrayó que en Veracruz hay un solo defensor público por cada 15
mil 798 habitantes indígenas. “Esto a pesar que la Constitución General y la
Ley disponen que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos
por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”,
refirió.
Destacó que, de acuerdo con datos del Censo
de Población y Vivienda 2020, Veracruz es uno de los ocho estados del país donde
se concentra el mayor número de población indígena con 663 mil 503 personas, lo
que representa el 8.6 por ciento de su población; de los cuales 48 mil 059
personas no hablan español.
Por otra parte, la también vocal de la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales explicó que en México
7 mil 11 personas de los pueblos originarios están en prisión, de los cuales el
85.2 por ciento no tiene acceso a un intérprete.
“De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Personas Privadas de la Libertad de dos mil dieciséis, el 99 por ciento de las
personas detenidas de los pueblos originarios termina únicamente en prisión
preventiva, es decir, que prácticamente todos los indígenas arrestados pasan su
proceso en la cárcel sin ser sentenciados”, agregó.
La iniciativa fue turnada, para su análisis y
dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales, de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de
Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes. Se adhirieron las
diputadas Anilú Ingram Vallines, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui e Itzel Yescas
Valdivia.
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