*Se debe llegar a un acuerdo para hacer prevalecer la estabilidad económica del Poder Judicial.
Xalapa, Ver | 06 abril 2022
Tribuna
Libre.- El
Grupo Legislativo de Morena presentó ante la Diputación Permanente un
Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual hace un llamado al Poder Judicial
del Estado de Veracruz para que investigue, valore y determine la viabilidad de
los proyectos público-privados de construcción, equipamiento, conservación y el
estado que guardan los centros de impartición de justicia denominados Ciudades
Judiciales en la entidad, sin poner en riesgo su estabilidad financiera.
En el uso de la voz, la diputada Magaly
Armenta Oliveros explicó que, de acuerdo con los compromisos adquiridos para la
construcción de dichos espacios, el Poder Judicial ha iniciado la obligación de
otorgar la contraprestación económica a las empresas privadas encargadas de la
construcción y del equipamiento, traduciéndose en una suma económica
considerable que deberán devengar por 300 meses según lo pactado, pudiendo
mermar el estado financiero de dicho Poder.
Ante esta problemática, la cual se intensificará
al término de la construcción de las Ciudades Judiciales restantes, la
legisladora realizó un exhorto a las empresas que conformaron las Sociedades
Mercantiles de Propósito Específico y encargadas del proyecto, a examinar, en
conjunto con el Poder Judicial del Estado, las condiciones actuales de los
contratos con el objeto de ponderar el interés social y el de las obligaciones
contraídas y encontrar un esquema que favorezca a las y los veracruzanos.
En este sentido, continuó la Diputada, si
bien el Poder Judicial buscaba atender una problemática muy concreta relativa a
la impartición de justicia y garantizar su acceso a todas y todos los
ciudadanos, “también lo es que las condiciones actuales del proyecto distan de
ser asequibles en el mediano plazo y deben atenderse los criterios de
racionalidad, uso eficiente de los recursos públicos y contención del gasto, en
las acciones que desarrollen los entes públicos”.
Señaló que es obligación de esta Soberanía
fijar y revisar el presupuesto que se asigna a los órganos públicos, “por lo
que proponemos este exhorto a las partes involucradas para que revisen,
investiguen y concilien de la mejor manera, en aras de otorgar a la ciudadanía
un servicio digno y eficiente, sin comprometer el futuro de las instituciones
del Estado”.
