La postura de la oposición Va por México con su Moratoria constitucional, hay dudas sobre los alcances de esa medida

*La estrategia de la oposición podría ser inútil, pues suman 18 cambios a la Carta Magna en lo que va del sexenio y el presidente podría conseguir ajustes vía la Suprema Corte. 

                                                               Ciudad de México | 23 junio 2022

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Tribuna Libre.- Una moratoria está más relacionada con términos económicos o fiscales, pero desde que la oposición de Va por México anunció que aplicará una “moratoria constitucional” en protesta por el presunto clima de ausencia de diálogo, hostigamiento, e injerencia del gobierno federal en elecciones, hay dudas sobre los alcances de esa medida.

El 9 de junio, los líderes de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, anunciaron esa estrategia de moratoria para no aprobar reformas constitucionales.

Pero ¿qué detonó la decisión? ¿Por cuánto tiempo prevén mantener esa moratoria? ¿Qué reformas van a dejar de legislar? ¿Ya no van a cobrar? ¿Habrá parálisis legislativa? Y sobre todo ¿Funcionará? Esas son las dudas que surgen por la aplicación de esta medida de protesta novedosa que aún sigue en el debate y aquí te explicamos.

De entrada según el Diccionario del Español de México, editado por el Colegio de México, es la “postergación o aplazamiento en la realización de alguna cosa o de la aplicación de cierta ley” o bien, la “suspensión temporal de una decisión” hasta que se revise.

Por eso aplica por ejemplo en caso de deudas, en que se decide no pagar, es decir declarar moratoria, hasta que haya renegociación de lo adeudado.

Pero en el caso de Va por México no se planteó ninguna condicionante para levantar la decisión de no aprobar reformas constitucionales.

¿La oposición puede decidir si hay o no reformas a la Constitución?

Sí, si se mantiene unificada. Esto porque en la actual 65 Legislatura PRI, PAN y PRD suman 199 diputados federales, mientras que el bloque de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) reúnen 276.

Para modificar la Constitución se requiere mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados, es decir, 334 legisladores (66.8%) de un total de 500.

Y ninguno de los dos bloques tiene ese número mágico para reformar la Constitución. Tampoco los reunirían con los 25 diputados de Movimiento Ciudadano, mismos que son oposición pero no van en la misma tónica que Va por México.

Por eso Va por México tampoco puede reformar la Constitución, pero sí puede bloquear que alguien intente modificarla.

Se requieren 167 legisladores para contener una reforma constitucional “y en Va por México tenemos 200, tenemos sobrados votos en la Cámara de Diputados para evitar la regresión, la destrucción y que quieran cambiar la Constitución”, de acuerdo al líder panista Marko Cortés.

En su rueda de prensa apenas cuatro días después de las elecciones de seis gobernadores, los dirigentes, acompañados de algunos de los coordinadores parlamentarios de sus bancadas firmaron un documento llamado “Pronunciamiento de moratoria constitucional”.

En la primera de cinco cláusulas acordaron: “Durante el tiempo que resta a la legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobaremos cualquier iniciativa de reforma, adición, o modificación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.

Es decir, la temporalidad es hasta el fin de la 65 Legislatura, misma que concluye el 31 de agosto de 2024, prácticamente el fin del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que terminará el 1 de octubre de ese año.

Y el objetivo, textualmente, es no avalar “cualquier” reforma a la Carta Magna. Además, en la cláusula cuarta garantizaron que aprobarían sólo reformas a leyes secundarias.

“Como oposición responsable siempre continuaremos impulsando diversas iniciativas a la legislación secundaria” para beneficio de los mexicanos y la democracia, según lo firmado.

En la cláusula tercera los opositores se declararon alerta para, en caso de que se avale algo en contra de la Constitución, acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Fue hasta después de que se generó polémica, que los dirigentes salieron a aclarar que no será un rechazo a todas las reformas constitucionales, sino principalmente a dos que son del interés del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estas son la reforma electoral, cuya iniciativa fue presentada por el mandatario el 28 de abril, y la reforma para adscribir a la Guardia Nacional al organigrama de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mismas que aún no se ha formalizado.

Aunque en el acuerdo firmado no se establece con claridad, el líder del PRD, Jesús Zambrano, si acotó la moratoria a esas dos enmiendas, que son las que consideran “dañinas”.

La electoral “no va a pasar (porque) busca desaparecer al INE y afectar su autonomía para regresar a los tiempos en que desde el gobierno se controlaba los procesos electorales, no pasará”.

Pero tampoco pasará “la pretensión de culminar el proceso de militarización de la seguridad pública” que significa integrar la GN a la Sedena.

Aunque “la militarización que ya está en curso” con la presencia militar en un sinnúmero de actividades civiles y administrativas durante el actual gobierno, concretar el cambio en la Constitución sería llegar al “militarismo pleno como sustento de una dictadura”.

“No vamos a permitir que eso suceda y como son reformas constitucionales, presentamos la propuesta de moratoria constitucional”, explica el perredista.

No. Una parte de los senadores del PRI ya expresó su rechazo a acatar esa medida.

Tras el anuncio de la multicitada suspensión de reformas los senadores del tricolor marcaron su distancia. Principalmente, porque no quedó claro que sólo se rechazarán dos reformas constitucionales, “las dañinas” pero además porque –anunciaron- privilegiarán su función de legislar.