*La estrategia de la oposición podría ser inútil, pues suman 18 cambios a la Carta Magna en lo que va del sexenio y el presidente podría conseguir ajustes vía la Suprema Corte.
Ciudad de México | 23 junio 2022
Tribuna
Libre.- Una
moratoria está más relacionada con términos económicos o fiscales, pero desde
que la oposición de Va por México anunció que aplicará una “moratoria
constitucional” en protesta por el presunto clima de ausencia de diálogo,
hostigamiento, e injerencia del gobierno federal en elecciones, hay dudas sobre
los alcances de esa medida.
El 9 de junio, los líderes de Acción Nacional
(PAN), Marko Cortés, del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno
Cárdenas y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano,
anunciaron esa estrategia de moratoria para no aprobar reformas
constitucionales.
Pero ¿qué detonó la decisión? ¿Por cuánto
tiempo prevén mantener esa moratoria? ¿Qué reformas van a dejar de legislar?
¿Ya no van a cobrar? ¿Habrá parálisis legislativa? Y sobre todo ¿Funcionará?
Esas son las dudas que surgen por la aplicación de esta medida de protesta
novedosa que aún sigue en el debate y aquí te explicamos.
De entrada según el Diccionario del Español
de México, editado por el Colegio de México, es la “postergación o aplazamiento
en la realización de alguna cosa o de la aplicación de cierta ley” o bien, la
“suspensión temporal de una decisión” hasta que se revise.
Por eso aplica por ejemplo en caso de deudas,
en que se decide no pagar, es decir declarar moratoria, hasta que haya
renegociación de lo adeudado.
Pero en el caso de Va por México no se
planteó ninguna condicionante para levantar la decisión de no aprobar reformas
constitucionales.
¿La
oposición puede decidir si hay o no reformas a la Constitución?
Sí, si se mantiene unificada. Esto porque en
la actual 65 Legislatura PRI, PAN y PRD suman 199 diputados federales, mientras
que el bloque de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) reúnen
276.
Para modificar la Constitución se requiere
mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados, es decir, 334
legisladores (66.8%) de un total de 500.
Y ninguno de los dos bloques tiene ese número
mágico para reformar la Constitución. Tampoco los reunirían con los 25
diputados de Movimiento Ciudadano, mismos que son oposición pero no van en la
misma tónica que Va por México.
Por eso Va por México tampoco puede reformar
la Constitución, pero sí puede bloquear que alguien intente modificarla.
Se requieren 167 legisladores para contener
una reforma constitucional “y en Va por México tenemos 200, tenemos sobrados
votos en la Cámara de Diputados para evitar la regresión, la destrucción y que
quieran cambiar la Constitución”, de acuerdo al líder panista Marko Cortés.
En su rueda de prensa apenas cuatro días
después de las elecciones de seis gobernadores, los dirigentes, acompañados de
algunos de los coordinadores parlamentarios de sus bancadas firmaron un
documento llamado “Pronunciamiento de moratoria constitucional”.
En la primera de cinco cláusulas acordaron:
“Durante el tiempo que resta a la legislatura del Congreso de la Unión, los
grupos parlamentarios no aprobaremos cualquier iniciativa de reforma, adición,
o modificación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.
Es decir, la temporalidad es hasta el fin de
la 65 Legislatura, misma que concluye el 31 de agosto de 2024, prácticamente el
fin del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que terminará el 1
de octubre de ese año.
Y el objetivo, textualmente, es no avalar
“cualquier” reforma a la Carta Magna. Además, en la cláusula cuarta
garantizaron que aprobarían sólo reformas a leyes secundarias.
“Como oposición responsable siempre
continuaremos impulsando diversas iniciativas a la legislación secundaria” para
beneficio de los mexicanos y la democracia, según lo firmado.
En la cláusula tercera los opositores se
declararon alerta para, en caso de que se avale algo en contra de la
Constitución, acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fue hasta después de que se generó polémica,
que los dirigentes salieron a aclarar que no será un rechazo a todas las
reformas constitucionales, sino principalmente a dos que son del interés del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estas son la reforma electoral, cuya
iniciativa fue presentada por el mandatario el 28 de abril, y la reforma para
adscribir a la Guardia Nacional al organigrama de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), mismas que aún no se ha formalizado.
Aunque en el acuerdo firmado no se establece
con claridad, el líder del PRD, Jesús Zambrano, si acotó la moratoria a esas
dos enmiendas, que son las que consideran “dañinas”.
La electoral “no va a pasar (porque) busca
desaparecer al INE y afectar su autonomía para regresar a los tiempos en que
desde el gobierno se controlaba los procesos electorales, no pasará”.
Pero tampoco pasará “la pretensión de
culminar el proceso de militarización de la seguridad pública” que significa
integrar la GN a la Sedena.
Aunque “la militarización que ya está en
curso” con la presencia militar en un sinnúmero de actividades civiles y
administrativas durante el actual gobierno, concretar el cambio en la
Constitución sería llegar al “militarismo pleno como sustento de una
dictadura”.
“No vamos a permitir que eso suceda y como
son reformas constitucionales, presentamos la propuesta de moratoria
constitucional”, explica el perredista.
No. Una parte de los senadores del PRI ya
expresó su rechazo a acatar esa medida.
Tras el anuncio de la multicitada suspensión
de reformas los senadores del tricolor marcaron su distancia. Principalmente,
porque no quedó claro que sólo se rechazarán dos reformas constitucionales,
“las dañinas” pero además porque –anunciaron- privilegiarán su función de
legislar.
