Ciudad de México | 04 junio 2022
Tribuna
Libre.- En
sesión pública la Sala Monterrey revocó diversas resoluciones que negaban la
expedición de credencial, porque la ciudadanía solicitó la reposición del
documento y ello no altera el listado nominal. #DecisionesClaras
#LaJusticiaElectoralSigue.
En sesión pública por videoconferencia del 3
de junio, al resolver los juicios SM-JDC-61/2022, SM-JDC-63/2022 y
SM-JDC-65/2022, la Sala Monterrey revocó, por unanimidad, las determinaciones
de diversas Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en
Aguascalientes y Tamaulipas, que declararon improcedentes las solicitudes de
expedición de credenciales de elector, por reposición, de diversas personas
ciudadanas.
Durante la sesión pública, el pleno de la
Sala Monterrey consideró que no podía restringirse el derecho a votar de la
ciudadanía que no hubiera tenido la oportunidad temporal de solicitar la
reposición de su credencial de elector antes del plazo fijado por la normativa
del INE, por un acontecimiento extraordinario suscitado en fecha posterior,
sobre todo, al tratarse de sucesos no previsibles y que escapan de su voluntad,
como pueden ser el robo, extravío o deterioro grave.
En las sentencias, se explica que, conforme a
la jurisprudencia en la materia, es procedente la reposición de la credencial
ante situaciones imprevistas y, por tanto, las personas que la pidieron por
situaciones extraordinarias tendrán derecho a recibir una copia certificada de
los puntos resolutivos de las sentencias, para que puedan ejercer su derecho al
voto en la jornada electiva de este domingo.
En dicha sesión, también se resolvieron los
juicios SM-JDC-62/2022 y SM-JDC-64/2022, en los que, a diferencia de los
anteriores, la Sala Monterrey confirmó la improcedencia de diversas solicitudes
de credencial para votar, pues no sólo se trataba de la restitución de un
documento para votar, sino que pedían un cambio de domicilio y esto habría
implicado una modificación al padrón electoral fuera de plazo.
Durante la sesión, el Pleno resolvió 5
juicios para la protección de los derechos político-electorales de la
ciudadanía.
