* Tribunal federal le niega el amparo * Dos años a salto de mata * Y los Yunes vacacionan, pasean y hasta congenian con López Obrador * Caso Caro Quintero: punto para Andrés Manuel * Y para El Mayo y Los Chapitos * Otra corruptela de Lizandro * Triste final de Aguilar Zubieta * Un crimen brutal
Mussio Cárdenas Arellano | 19 julio 202
Tribuna
Libre.- A
salto de mata, Jorge Winckler vive su desgracia, un prestigio destruido, el
índice del poder acusándolo de tortura, de violar la ley. Winckler y su injusta
tragedia. Y no lejos, sus mecenas, los Yunes azules, de fiesta, de carnaval, en
la alcaldía, en la felicidad total.
Agazapado, Winckler vive días oscuros y
angustias diarias, asediado por Cuitláhuac García y la fiscal espuria, Verónica
Hernández Giadáns, capoteando una orden de aprehensión y observando que allá,
en el puerto, en el feudo, las risas, la alegría, no paran y hasta Patricia
Lobeira de Yunes congenia con Andrés Manuel López Obrador.
Winckler vive un calvario bíblico al tiempo
que los Yunes azules disfrutan de los misterios gozosos en el rosario del
poder.
Ya no volverá a la Fiscalía de Veracruz,
sepultado su caso por un tribunal de chueco, el Colegiado en Materia
Administrativa de Boca del Río, que atropella con desparpajo y descaro el
derecho de las víctimas —“y no me salgan con que la ley es la ley”— desechando
un proyecto para restituirlo como fiscal.
Por mayoría —dos magistrados contra uno—, se
dio por legal lo que es ilegal. Se dio por justo lo que es injusto, se negó un
amparo que rehabilitaría a Jorge Winckler Ortiz y tácitamente validó que no fuera el pleno del Congreso de
Veracruz el que destituyera a Winckler, como señala la Constitución local, sino
la cáfila marrullera de Morena, los sucios diputados de la recua de Juan Javier
Gómez Cazarín, en una Comisión Permanente que carecía de atribuciones para
tumbarlo.
El tribunal de chueco de Boca del Río es algo
parecido, aunque mucho más indecente, que la Tremenda Corte de Tres Patines.
Uno de los magistrados, Roberto Castillo Garrido, adujo una zarandaja
fenomenal: que las violaciones al procedimiento de remoción “no pueden
estudiarse en este momento”. ¿Entonces cuándo, güey, si ese era el punto
crucial?
El otro leguleyo, Alfonso Ortiz, se aventó
una maroma peor. Sí existió —dijo— un proceso de destitución iniciado por el
Congreso local “por lo que la separación temporal y luego definitiva estuvieron
dentro del marco legal”.
Pues no. A Jorge Winckler Ortiz lo designó el
PLENO del Congreso de Veracruz para el cargo de fiscal general y su remoción
sólo podía realizarla el PLENO del Congreso.
El golpe asestado por los dos magistrados es
contrario a la ley. Ignora la Constitución de Veracruz, violenta el derecho de
Winckler, evita su regreso a la Fiscalía, frustra la remoción de Verónica
Hernández Giadáns e impide revertir el descomunal abuso de autoridad de esta
caterva de maleantes, el encarcelamiento de inocentes, la existencia de presos
políticos, el estado de terror en que Morena sumió a Veracruz.
Winckler es el hilo delgado del conflicto
Yunes-López Obrador. Es la hebra que cedió ante la presión y reventó. Y de ser
un fiscal que llevó a prisión al duartismo voraz, terminó huyendo por la
persecución del desgobernador Cuitláhuac García y su banda criminal.
Su cabeza tuvo precio tras la derrota de
Miguel Ángel Yunes Márquez. Se perdió la gubernatura y el poder se desvaneció.
Se fueron los Yunes azules. Se debió ir Winckler pero lo usaron. Alguien debía
cuidar la retirada. Y ofrendarse. Y morir en la gesta patriótica.
A Winckler lo desairaron López Obrador,
Cuitláhuac, alias La Vedette; el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, el que
cuida que un cártel no vea violentado su territorio por otro cártel; Hugo
“Pistolas”, secretario de Seguridad, el del Cártel de la SPP.
Le negaban el acceso a las mesas de seguridad
“para la construcción de la paz” (qué mamón es López Obrador con esos
membretes) mientras Veracruz se ahoga en un mar de sangre.
Le imputaban la ola delictiva cuando que la
prevención es tarea de las policías estatal y municipal. Cisneros siempre usó
esa falacia para responsabilizarlo de la inseguridad desbordada.
La gota que derramó el vaso ocurrió en
Coatzacoalcos. Cuatro malandros quemaron el teiboldans Caballo Blanco con saldo
de 30 muertos, la mayoría asfixiados, y se le fueron encima a Winckler.
Primero, que un delincuente apodado “La Loca”
habría sido el autor del crimen. Cuitláhuac García engañó a López Obrador
haciéndolo decir desde el púlpito de la mañanera que la Fiscalía de Winckler lo
tuvo detenido por un evento anterior y lo soltó.
Minutos después, Winckler desmintió a Andrés
Manuel. “La Loca” fue aprehendido por la Fiscalía General de la República, o
sea la fiscalía del ámbito federal, y con la misma lo dejaron libre. Luego
ocurrió la masacre. Y hasta “La Loca” desmintió que tuviera algo que ver.
Pero la FGR tenía la instrucción de embestir
y quitarlo del camino. Atrajo el caso y sometió a investigación a Winckler y su
estructura de fiscales. De ahí a la remoción había un paso.
Asediado, perseguido, Jorge Winckler no sólo
dejó la Fiscalía de Veracruz vía una trastada de Cuitláhuac y su mastín en el
Congreso estatal, Juan Javier Gómez Cazarín, líder de la fracción parlamentaria
de Morena, un gañán de baja estofa y un historial de trastadas, incluida la
venta de autos de los que no entregaba documentación, uno de ellos marca
Volkswagen Jetta, por el que firmó un pagaré que se ha negado a liquidar,
derivándole una demanda civil en el Juzgado Segundo de Coatzacoalcos.
Winckler pasó de fiscal a acusado. Y
perseguido. Le imputan tortura, secuestro y abuso de autoridad. El caso se
remite a un chofer de su antecesor, Luis Ángel Bravo Contreras, alias Fisculín,
cuya declaración sirvió a la banda de Cuitláhuac y Verónica Hernández Giadáns
para lograr una orden de aprehensión. Los jueces en Veracruz para eso están.
Son la mafia judicial.
Ahí cambió su destino. Y su vida. De fiscal
pasó a imputado. De la gloria se precipitó al infierno. Su única opción era
lograr el amparo que lo restituyera en el cargo, revertir las denuncias en
contra, ajustar cuentas con la fiscal espuria, liberar presos políticos y
ciudadanos inocentes. Pero dos magistrados de la Tremenda Corte de Boca del Río
le negaron el amparo violentando la ley.
A un paso de la cárcel, Winckler vive una
pesadilla. De aquel abogado brillante, nada queda. Su prestigio se hizo trizas,
su carrera frustrada, su familia sufriendo su ausencia.
Contra Winckler, contra el fiscal
anticorrupción del yunismo, Marcos Even Torres, y contra una decena de
funcionarios que actuaban contra el duartismo, el asedio ha sido implacable.
Agazapado, sabe Winckler que si entra a
prisión no saldrá en años. Y mientras, sus mentores, los Yunes azules, los que
controlan a la mitad del PAN, viajan y gozan, disfrutan una temporada en
España, que a Miguel Ángel Yunes Márquez le costó no acreditar la residencia
efectiva para ser candidato a la alcaldía de Veracruz.
A Fernando Yunes, su otro mecenas, se le ve
en el maratón de Nueva York o en el Super Bowl. O en los negocios al amparo del
poder, sus amigos —¿prestanombres?— convertidos en propietarios de las torres
empresariales y departamentales de la conurbación Veracruz-Boca del Río.
Y Patricia Lobeira, esposa de Chiquiyunes, la pieza emergente para no
soltar la alcaldía de Veracruz, congeniando con Andrés Manuel López Obrador, el
artífice de la persecución a Winckler; o con Cuitláhuac, el brazo ejecutor de
la embestida.
Le sonríe Paty Yunes al presidente. Le
agradece. Es la súbdita frente al emperador. Gracias al proyecto del tirano,
Veracruz tiene empleo, los que genera Nestlé y Constellation Brands.
Y Patricia Lobeira preside la fiesta, el
Carnaval, el Festival de las Velas, contagiada de la alegría del pueblo
jarocho, así el gobierno de Cuitláhuac García arrebate el Acuario de Veracruz,
así Morena vuelva a traer el futbol profesional al puerto.
A salto de mata los ve Jorge Winckler, él
pagando el costo de enfrentar al obradorismo y los Yunes azules en la vida loca
del poder.
Así es el juego. Mientras Winckler huye, los
Yunes festejan.
Archivo muerto
Punto para López Obrador. Y para El Chapo,
los Chapitos, el Mayo Zambada. Con la captura de Rafael Caro Quintero, el
Cártel de Sinaloa tiene un enemigo menos. Los Chapitos y El Mayo están de
plácemes, felices, sabiendo que Andrés Manuel neutralizó a su más enconado
rival. Tácitamente se debilita el Cártel de Caborca, que Caro Quintero había
reinsertado en la lucha por el control de puntos clave en el trasiego de droga
hacia Estados Unidos, vía alianzas con La Línea, brazo armado del Cártel de
Juárez. Punto en contra para López Obrador: si Caro Quintero es extraditado a
Estados Unidos y “canta”, la seguridad y libertad de Manuel Bartlett Díaz
penden de un hilo. Bartlett, hoy director de la la Comisión Federal de
Electricidad en el gobierno obradorista, fue secretario de Gobernación en el
régimen de Miguel de la Madrid, cuando ocurrió el secuestro, tortura y muerte
del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, a manos de Caro Quintero,
Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, cabezas del
Cártel de Guadalajara. Bartlett los protegió como también encubrió que la
Dirección Federal de Seguridad, la policía política del gobierno mexicano, se
hubiera convertido en el ente con el que el narcotráfico pactó. A partir de ahí
se trazó la ruta hacia el narcogobierno, lo que hoy es una tragedia nacional.
Todo un criminal, a Caro Quintero se le imputa también el brutal asesinato de
11 integrantes de la familia Le Baron —tres mujeres y ocho niños—, a los que
los matarifes del “narco de narcos” rafaguearon y quemaron vivos entre los
límites de Chihuahua y Sonora y que provocó una reacción virulenta de círculos
políticos norteamericanos por tratarse de ciudadanos con doble nacionalidad,
incluso exigiendo declarar terroristas a los grupos de la delincuencia
organizada por el nivel de violencia ejercida. Todo se precipita tras la visita
nada triunfal de Andrés Manuel a su homólogo norteamericano, Joe Biden. Falta
ver a Bartlett en prisión, extraditado y condenado para lo que le queda de vida
y así hacerle justicia a Enrique Camarena Salazar… La red de extorsión de Obras
Públicas Municipales no tiene llenadera. A Jacqueline Carballo le impusieron
sellos de clausura en su casa de la colonia Las Gaviotas sin que realice
construcción o modificación de su vivienda. Y la conminan a llevar 6 mil pesos
a la Dirección Jurídica y arreglarse sin que la Tesorería Municipal de
Coatzacoalcos se dé por enterada. Un audio y un video dejan ver la trastada de
la que una vez más es protagonista el no abogado Lizandro Pérez Hernández. El
inspector Jesús Mendoza se hizo presente, arguyó que existía una irregularidad
por falta de permiso de construcción y colocó sellos de clausura. La
propietaria de la vivienda, Jacqueline Carballo, negó haber incurrido en alguna
falta. Entonces fue conminada a acudir al área jurídica de la Secretaría de
Obras Públicas del ayuntamiento de Coatzacoalcos con 6 mil pesos en la mano. Ya
con el “permiso” de Lizandro Pérez quedaría “liberado” el inmueble. “No sería
necesario el ingreso al ayuntamiento”, le dijeron. Obviamente, no lo hizo. Lo
denunció a funcionarios de alto nivel de Obras Públicas. El audio es por demás
demoledor. Es evidencia de que las corruptelas en la 4T son como la ley de la
materia: ni se crean ni se extinguen, sólo se transforman… No, en Coatzacoalcos
no hay secuestros, pero sí extorsión y crímenes brutales. A la estadística roja
se suma el levantón y muerte, el martes 12, de Ricardo Aguilar Zubieta,
instructor y preparador físico, propietario del Comic’s Gym. Atacado por
sicarios en el estacionamiento del gimnasio, en la nada célebre colonia Benito
Juárez Norte, Aguilar Zubieta intentó resistirse. Pese a su corpulencia,
músculos de acero y gran condición física, fue doblegado. Le asestaron un tiro
en una pierna. A las 48 horas, el jueves 14, su cuerpo desmembrado apareció en
una bolsa negra, en los límites de Coatzacoalcos y Agua Dulce. Era concuño del
ex tesorero, ex síndico y ex alcalde de Coatzacoalcos, Alfonso Morales
Bustamante, fallecido hace un par de años. Conmociona su muerte y el nivel de
brutalidad. Hay quien dice que fue extorsión. Hay quien afirma que el móvil
conduce a una hipótesis política. Sea como sea, es la realidad dramática de
Coatzacoalcos. Parafraseando a Héctor de Mauleón, el reconocido periodista y
escritor, es la roja oscuridad. Y el gobernador Cuitláhuac García y el
secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado,
presumiendo que en Coatzacoalcos se acabaron los secuestros. Sí, los
delincuentes cambiaron de giro. Lo suyo es la extorsión, la quema de comercios,
los cortinazos, el levantón, la tortura y el hallazgo de las víctimas
desmembradas en bolsas de plástico. Terrible realidad…
