* El Congreso suprime la condición de veracruzano * Se resquebraja el PAN * Alcalde de Tatahuicapan amenaza y se acobarda * Pidieron lana y les dieron obra * Winckler a Almoloya * El frío, el olvido, el miedo * Nanchital: alcaldesa atiza guerra periodística
Mussio Cárdenas Arellano | 04 agosto 2022
Tribuna
Libre.- Por
la puerta trasera, como el ladrón en la noche, Rocío Nahle avanza en el asalto
a Veracruz, retorciendo la ley, induciendo al Congreso a darle condición de
veracruzana a quien nació en Zacatecas.
Como ese ladrón, Nahle arrebata una máxima
histórica —“Veracruz para los veracruzanos”, parafraseando a Monroe— y hace del
artículo 11 de la Constitución local un traje a la medida… de su ambición.
Ya no se reduce el requisito para ser
candidato a gobernador a haber nacido en Veracruz o ser hijo de padre o madre
veracruzanos. Ahora, con el mayoriteo de Morena en el Congreso, pueden aspirar
a la candidatura los no nacidos en la entidad pero que tengan hijo o hija
veracruzanos, o quien acredite cinco años de residencia efectiva antes de la
elección.
Vía fast track, como el ardid de un pillo, la
Ley Nahle se llevó cinco días en entrar al horno y ser cocinada.
Una de sus corifeas, Magaly Armenta Oliveros,
diputada por Cosoleacaque, la del sainete del gobernador Cuitláhuac García en
Chinameca donde salió entre mentadas y chiflidos, la presentó el jueves 28 de
julio en la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz. De ahí pasó a la
Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales. Se simuló el análisis y se
redactó el dictamen.
El martes 2, a eso de las 13 horas, la
Comisión Permanente se reunió y citó a sesión extraordinaria y menos de dos
horas después se había aprobado. Fast track.
Por 38 votos a favor, 30 de ellos de Morena,
11 en contra y cero abstenciones, se aprobó la Ley Nahle. No votó el diputado
morenista, Luis Ronaldo Zárate Díaz, quien pasó lista pero se ausentó.
La fracción panista, menos tres diputados que
emitieron su voto a favor —Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Hugo González
Saavedra y Othón Hernández Candanedo—, advirtieron que se violó el Reglamento
del Poder Legislativo. Las reformas a la Constitución Política local se deben
realizar durante un periodo ordinario de sesiones, no en un receso.
La Ley Nahle es el retrato legaloide de
Rocío. Quien urde un parche a la Constitución para beneficio propio, gobernará
para beneficio propio.
Es un acto de mezquindad, de ausencia de
nobleza, de franco arrebato y de atropello a la sociedad. Veracruz, los
veracruzanos, no se merecen a una obsesiva, caprichosa, mentirosa, tramposa,
que decidió no gobernar Zacatecas, su estado natal, donde si pide un voto le
dan la espalda, y si suelta una promesa la mandan a volar.
No me venga con que la pinche Constitución es
la pinche Constitución. Párchenla, refórmenla, háganme con sus páginas un traje
a la medida. Que no sea una ley general. Que sea la Ley de Herodes versión Ley
Nahle.
Nahle, como truhán del barrio, anda en el agandalle.
Y ya ha jodido bastante a Veracruz.
Ha gobernado 3 años y medio usando a
Cuitláhuac García Jiménez como títere y bufón y le ha solapado abusos,
atropellos, violaciones a la ley, corruptelas y hasta metidas de mano al cajón.
Mientras haya créditos bancarios cuyo destino
no ha podido explicar, Cuitláhuac duerme tranquilo, o subejercicio en obras
federales que permiten que millones de pesos regresen a las nada santas manos
de López Obrador, o pagos a empresas fantasma, tipo Javier Duarte.
Cuitláhuac es un bandolero y Nahle la madrina
de sus crímenes. Es tan irracional que justifica los presos políticos. Y el
encarcelamiento de inocentes. Y que la fiscal espuria, Verónica Hernández
Giadáns, fabrique delitos e invente asesinos. Y que los ministeriales torturen
a empleados de una bodega y les imputen delitos inexistentes.
Y cuando le preguntan por qué Cuitláhuac
incurre en actos tan aberrantes, tan demenciales, Rocío Nahle exhibe ella es
como él.
“Es un hombre solidario y justo”, dice.
“Tenemos la fortuna de contar con un buen gobernador”. La locura total.
En 2024 será peor para Veracruz. Será el
inicio de otra pesadilla. Nahle es infinitamente más arbitraria y torpe que
Cuitláhuac García. Es más necia y malvada. Es marrullera y tramposa.
Se multiplicarán los presos políticos y será
el sexenio de la impunidad. Ni Cuitláhuac ni el secretario de Gobierno, Eric
Cisneros Burgos; ni el líder del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín; ni la
fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, enfrentarán la ley.
Sus delitos, sus excesos, los crímenes y
atropellos, no tendrán castigo. Ni habrá justicia para aquellos detenidos que
murieron en los separos de las cárceles. Para eso se hizo la Ley Nahle.
Será gobernadora porque el Partido Acción
Nacional no tiene rumbo. El panismo vive su peor división. El yunismo azul
controla el 51 por ciento del partido; el antiyunismo tiene el 49 por ciento
restante. Y nadie cede. Unos son pro Morena; otros, los Yunes creen merecerlo
todo.
El albazo legislativo que gestó la Ley Nahle,
deja ver la dimensión de la fractura en el PAN. Tres diputados panistas
aprobaron el cambio constitucional, favoreciendo a la secretaria de Energía.
Dos de ellos, Othón Hernández Candanedo y
Nora Jessica Lagunes Jáuregui, se vinculan a la corriente del ex líder estatal
del PAN y cacique de Tantoyuca, Joaquín Guzmán Avilés.
No hay día que el yunismo no los fustigue. Y
cada golpe, cada descalificación, cada crítica, les da pretexto para acercarse
a Morena y frustrarle a los Yunes el regreso al poder.
Mientras, Rocío Nahle opera. Un negocio
armado para un yunista azul, ex líder de la fracción parlamentaria del PAN,
Sergio Hernández, fue relevado por el portal Referente.
La empresa Lisec, S.A. de C.V. será
intermediaria entre el ayuntamiento morenista de Coatzacoalcos y la Comisión
Federal de Electricidad. Sergio Hernández se ostenta como gestor de Lisec y el
negocio representa un auténtico botín por la gestión ante CFE para disminuir el
pasivo de más de 2 mil millones de pesos, así como otras mediciones mensuales.
De acuerdo con Referente, Lisec “suministrará
servicios de gestoría ante instancias de la Secretaría de Energía, Comisión
Federal de Electricidad y SEFIPLAN” y gestionará “reembolso y reducción de la
facturación de consumo de energía eléctrica que genera el municipio de
Coatzacoalcos”.
Negocio seguro pues quien tiene la última
palabra es Rocío Nahle, titular de Energía, y el morenista Amado Cruz Malpica
es alcalde de Coatzacoalcos.
Según fuentes panistas, la empresa que
representa Sergio Hernández cobraría el 30 por ciento sobre las cantidades que
CFE le reduzca al viejo litigio y en el consumo mensual actual. El contrato fue
aprobado hace dos semanas por el cabildo de Coatzacoalcos.
Uno de sus allegados, el diputado local
Miguel David Hermida Copado, realizó diversos viajes a Coatzacoalcos para
concretar el negocio. Algo así como cuando Tony Macías, suegro del ex
gobernador Javier Duarte de Ochoa, fue intermediario del ex alcalde Marcelo
Montiel Montiel en el cobro del impuesto de traslación de dominio a tres
petroquímicas de Pemex. Por un par de notificaciones su despacho, Abogados y
Asociados Internacionales, se llevó 44 millones de pesos.
El voto de Hermida Copado habría sido a favor
de la Ley Nahle, pero el amago de exhibirlo como parte del negocio de Sergio
Hernández, lo movió a repudiar el cambio constitucional.
De acuerdo con fuentes del PAN, otro panista,
Gabriel Lagunes Jáuregui, alcalde de Comapa, hermano de la diputada Jessica
Lagunes, participa en el negocio. Ella voto a favor de la Ley Nahle.
Y así avanza Rocío Nahle hacia el gobierno de
Veracruz. A veces teje fino. A veces es burda y arbitraria. Ya puede aspirar a
la candidatura. No tiene enemigo al frente. La oposición es un caos. El PAN se
partió en dos. El PRI se mimetiza con Morena; se achica y los priistas brincan
al partido guinda. El PRD es un fantasma. Y a Movimiento Ciudadano, sin
alianza, no le alcanza para ganar.
Entró Nahle por la puerta trasera, a oscuras,
como un ladrón en la noche y les robó la Constitución.
Archivo muerto
Eusebio, el alcalde, hizo una travesía fugaz.
Brincó del sabotaje al reclamo, y de ahí a la amenaza, al rejuego, al deslinde,
a la contradicción y a la cobardía. Y todo por 2.3 millones de pesos por
liberar la presa Yuribia. Un burdo chantaje. Decía Eusebio González Hernández
que son los ejidatarios de Tatahuicapan, no él, los autores de la toma de la
presa. “Yo únicamente soy el representante de la ciudadanía”, argumentaba
lanzando la bola de fuego a los integrantes del ejido donde está enclavado el
vaso de captación que surte de agua a Coatzacoalcos, parte de Minatitlán y en
menor medida a Cosoleacaque. De los alcaldes de Coatzacoalcos, Minatitlán y
Cosoleacaque dice: son muy “chingones” cobrando los servicios de reforestación
“y ni un peso han invertido en la parte alta del Yuribia”. Y les espetó. “Se
hacen patos”. En esos términos se expresó. Y amagó: si los tres municipios no
cumplen, que busquen otra fuente de abastecimiento. Cambió la tonada cuando los
periodistas le mencionaron que la autoridades de Coatzacoalcos lo señalaban de
ser el orquestador de la toma de la presa Yuribia y cuando le revelaron cifras.
Y Eusebio terminó admitiendo que le pidió dinero al presidente municipal, Amado
Cruz Malpica, para el carnaval de Tatahuicapan. “Pero era para el pueblo”. Al
final lanzó un “me deslindo”. Como siempre se ha esgrimido, las causas son
justas; el reclamo de los tatahuis a tener beneficios sociales, desarrollo,
servicios médicos, carreteras, escuelas, es su derecho, y es obligación del
gobierno de Veracruz y ayuntamientos aportarle lo que requieren a cambio del
suministro de agua, que es un recurso federal. El punto es que no se pervierta
el fin, que no ocurra lo del Javier Duarte, que obligó al entonces presidente
municipal de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, a entregar 2 millones
mensuales, que luego eran repartidos entre ejidatarios y población y así se
consolidó Morena en aquella región. El otro punto es el proyecto del acueducto
San Gabriel y los 2.3 millones de pesos que reclama la constructora. En el
ayuntamiento de Coatzacoalcos se planteó que existe el compromiso, que data de
los tiempos del ex alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, pero que ese
proyecto lo desconocen. Fue realizado por decisión de los ejidatarios. El
alcalde Amado Cruz Malpica fue tajante: es un chantaje y no va a incurrir en
algo que viole la ley. Habría que revisar si el proyecto fue licitado, si lo
elaboró el ayuntamiento de Tatahuicapan o si es una obra de particulares. Y si
es de particulares, habría que ver bajo qué figura un ayuntamiento puede
destinar recursos públicos sin incurrir en una violación a la ley. Amado
sentenció: primero el diálogo y si no hay arreglo, la instancia legal. Terminó
el conflicto con un acuerdo: Coatzacoalcos pagará la mano de obra de la
construcción del acueducto San Gabriel, Minatitlán los materiales hidráulicos y
Cosoleacaque les construirá el puente de Zapotillo. Obras sí, dinero no. Va
siendo hora de buscar otras fuentes de abastecimiento de agua para
Coatzacoalcos, sea en el río Uxpanapa o la presa Cangrejera. Y que el gobierno
de Veracruz no deje de apoyar a Tatahuicapan y otros municipios de la sierra de
Soteapan, a quienes les asiste el derecho al desarrollo con todos sus
servicios… Deja tú el frío o el olvido; el miedo. Jorge Winckler ve su vida
destrozada en el Penal Federal del Altiplano o Almoloya. Allá lo envió el
obradorismo tras su vinculación a proceso, consumada la venganza de Javier
Duarte, Andrés Manuel López Obrador, Cuitláhuac García. Sin aviso alguno, de
madrugada, el martes 2 dejó la cárcel de Pacho Viejo y se le envió al de máxima
seguridad del Altiplano. Allá lo confinan al olvido. Gran parte ya lo vivía de
sus amigos, del yunismo azul que no lo cuidó. O como dicen unos, apuestan
otros, los Yunes lo negociaron a cambio de impunidad. U otros más que avizoran
que en los meses por venir la cacería se centrará en Miguel Ángel Yunes Márquez
—Chiquiyunes— y su hermano Fernando, uno ex alcalde por partida doble de Boca
del Río, y el otro presidente municipal de Veracruz hasta diciembre de 2021,
entregado el poder a su cuñada Patricia Lobeira Rodríguez. Mientras, Jorge
Winckler, el ex fiscal del yunismo, pasa las horas y los días cerca de reclusos
pesados, narcos, secuestradores, generadores de violencia, algunos de los que
persiguió desde la Fiscalía de Veracruz, lo que incrementa su nivel de riesgo,
una vecindad con la muerte… Gobierno de arrabal, de arrebato, chisme e intriga,
en Nanchital. Su alcaldesa, Esmeralda Mora Zamudio, no gobierna pero qué tal
atiza los pleitos internos y los escándalos públicos, a la greña con el
síndico, Félix Olarte Ferral, y orquestando una embestida contra medios de
comunicación y portales digitales que exhiben el caos. Olarte Ferral,
periodista de carrera, metido a político, frenó las ocurrencias y abusos de la
comadre de Rocío Nahle, secretaria de Energía. En consecuencia, lo ha tundido
con todo. Y ha sido fuego amigo. El artífice de la gresca mediática es el
secretario del ayuntamiento, Antonio García Yáñez, un mercachifle de la comunicación,
quien antes laboró, con desastrosos resultados, como vocero del ex alcalde de
Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, aprovechando el cargo para armar
jugosos negocios con la Secretaría de Turismo de Veracruz. A Doña Esmeralda le
conforma un pull de prensa y supone que golpeteando a los medios y periodistas
que la critican, reparará en algo el asco de gobierno que encabeza. Es tan
burda, que entre sus apologistas recluta a Romana Ortega Cruz, de Ruta Istmo,
cuya hermana, Joselyn, aparece como proveedora de medicamentos en el
ayuntamiento de Nanchital, según factura difundida por el portal El nanche.com
de Víctor Nazariego. Aquello es una batalla. Quizá habrá saldo rojo que irá a
la cuenta de Esmeralda Mora, y de rebote al historial de Rocío Nahle. Atizando
el fuego, luego no hay cómo apagarlo…
mussiocardenas_arellano@hotmail.com
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