Abusos de autoridad y sin sustentar delitos, FGE de Veracruz se niega entregar bodega a José Antonio May González
***Jueza de control ordenó su entrega el pasado 9 de septiembre y la fiscal encargada alegó no terminar el inventario, en claro abuso de autoridad y protección a delincuentes.
Claudia Guerrero Martínez | 12 septiembre 2022
Tribuna
Libre.- En enero del 2022 dimos a conocer el grave
caso de violación a los derechos del empresario en Río Blanco, José Antonio May
González y el de sus trabajadores de la bodega “Comercializadora MAGA”, quienes
sufrieron abuso policiaco, tortura, secuestro y dos de ellos fueron golpeados
brutalmente por elementos de Seguridad Pública, para luego ser consignados
injustamente por policías de la Ministerial al mando de Rodolfo Astudillo
Medina, director de la Coordinación Regional Zona Sureste de las UECS, quien en
videos internos de la empresa se muestra llevar el operativo, dando
instrucciones para realizar los delitos arriba mencionados, además de perpetrar
robo, abuso de autoridad y sobre todo, la venganza instruida por el gobierno de
Cuitláhuac García Jiménez.
Para dar contexto, haremos una breve
introducción de este lamentable caso, que sigue
vigente por la necedad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al
mando de Verónica Hernández Giadans al negarse entregar la bodega de la
“Comercializadora MAGA”, cuando una jueza de control no encontró elementos para retenerla y al
hacerlo, se comprobará la denuncia por
robo, interpuesta por su dueño, en el saqueo de mercancía y la
afectación en la descomposición de productos. La autoridad judicial resolvió
que las imputaciones no tienen sustento y todos los detenidos ya están en
libertad por no comprobarles infinidad de delitos fabricados por el desleal
funcionario estatal Rodolfo Astudillo Medina.
Cabe mencionar que Rodolfo Astudillo Medina
es Licenciado en Derecho, con el número de Cédula Profesional 5588774,
estudiando la carrera del 2002 al 2007 en la Universidad Autónoma de Guerrero y
su única trayectoria profesional es laborar por casi 11 años en la Fiscalía General de Guerrero
como agente del Ministerio Público, hasta que en el 2019 llegó a Veracruz como
operador de los negocios sucios en la Fiscalía General del Estado. Sus abusos fueron aprendidos en la policía
guerrerense, donde son señalados de
torturar, abusos a los derechos humanos y un gobierno que cohabita con
grupos paramilitares y narcotráfico.
Con la columna titulada “Policías de
Cuitláhuac García torturan, secuestran y roban a víctimas; caso José Antonio
May”, con la liga: https://periodicoveraz.com/policias-de-cuitlahuac-garcia-torturan-secuestran-y-roban-a-victimas-caso-jose-antonio-may-videos/
relatamos cómo dos trabajadores
estuvieron más de un año presos al fabricarles delitos, cuando en videos
internos se comprueba el abuso de autoridad, secuestro y torturar a patadas a
las víctimas, para luego ser consignadas injustamente por el popular delito de
ultrajes a la autoridad.
En el mismo relato, advertimos que la FGE se rehúsa a entregar la bodega en Río Blanco, tratando de sostener
fabricados delitos en contra del dueño de la empresa, quien reporta pérdidas
millonarias y este operativo logró afectaciones al patrimonio de José Antonio
May González, sólo por la venganza electoral y política.
No debemos perder de vista esto que
publicamos: José Antonio May González es un empresario de la zona centro de
Veracruz. En el 2018 apoyó a Cuitláhuac García Jiménez, a MORENA y a sus
candidatos para que ganaran la gubernatura de Veracruz y escaños en el Congreso
Local. Y nunca pensó que este patrocinio le costaría disgustos, injusticias,
afectación a su patrimonio, robo agravado, tortura y encarcelamiento de sus trabajadores,
así como denigrar a May González y a su familia por órdenes del gobernador de
Veracruz, cuando José Antonio May apoyó al presunto cambio en el estado y
después se convertiría en el peor enemigo del sistema, por no cumplir con los
intereses electorales de MORENA en la elección del pasado 2021.
El 19 de junio del 2021, elementos
ministeriales de la FGE y de Seguridad Pública de Veracruz acudieron a la
“Bodega y Comercializadora MAGA”, ubicada en la calle Paso Carreta sin número,
congregación Vicente Guerrero, en el municipio de Río Blanco, alertados por un
presunto robo de cerveza, pero en realidad, los policías fueron quienes robaron
$1 millón 509, 067 pesos y violentaron los derechos de los trabajadores de la
empresa, para luego, torturar al empleado Juan Miguel Márquez Camacho y a
Miguel Ángel May Nasta, sobrino del dueño de la empresa, quienes permanecieron
presos hasta agosto del 2022, sin comprobar los delitos que se les imputaban.
Actualmente, José Antonio May González ha demostrado su inocencia en todas
las imputaciones y los detenidos dejados en libertad, pero sigue el calvario en
la entrega de la bodega, la cual paga renta, sufriendo otro abuso de autoridad
por parte de la fiscal adscrita a la Subunidad Integral de Procuración de
Justicia en Nogales, Patricia García Enríquez, quien bajo el oficio con el
número 6156/2022 pide una prórroga para la devolución del inmueble
“Comercializadora Maga SA de CV”, con la excusa de no haber terminado el
inventario y contabilización de los objetos que se encuentran en dicho
inmueble. Esta estrategia es evitar confrontar su inventario con el verdadero y
comprobarse que la bodega fue saqueada por elementos de SSP y Ministeriales,
robando productos perecederos bajo el mando de Rodolfo Astudillo Medina y protegido
por la fiscal general Verónica Hernández Giadans.
Además de robar como corrientes delincuentes,
portan placa y arma reglamentaria, se llevaron
la nómina y pago a proveedores, comprobándose esto en videos internos de
la empresa, mostrando cómo el maletín es custodiado por ministeriales vestidos
de civil y con chalecos antibalas, transportándose en camionetas doble cabina
con placas XY-01708 y Ford F150 con placas XY00606, propiedad de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz.
Tampoco hay castigo por la brutal
golpiza a la víctima y empleado de José
Antonio May, entre patadas en la cara y cuerpo, a ratos cachetadas y a momentos
la aplicación de la bolsa de plástico en la cabeza, para tratarlo de asfixiar,
con el fin de lograr que la víctima dijera la ubicación de José Antonio May
González. Existen denuncias por tortura y abuso de autoridad comprobadas y hasta el cierre de esta columna, la FGE no ha
abierto ninguna Carpeta de Investigación en Asuntos Internos y los
torturadores, al mando de Rodolfo Astudillo Medina, a quien como premio por su
“lealtad” en septiembre del 2021, fue nombrado como Coordinador Regional Zona
Sureste de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) como se
dio a conocer con la liga: https://www.masnoticias.mx/la-fge-designa-a-rodolfo-astudillo-como-titular-de-uecs-veracruz-coordinador-regional-zona-sureste/
No se debe omitir que en los videos se
confirma cómo ministeriales se llevan los cerebros de las cámaras de video y
nunca pensaron que había otro, el cual, cuando había pasado todo el presunto
operativo, José Antonio May González
pidió a la FGE poder entrar a la bodega y esta petición fue aceptada, pensando
que no habría problema y con peritos certificados, así como notarios públicos
se detectó este cerebro con cámaras que captaron todo el abuso, robo y tortura
a las víctimas. Los victimarios omitieron este “pequeño detalle” que hoy pone
en el banquillo de los acusados a estos hoy considerados delincuentes con placa
para robar, torturar, golpear y fabricar delitos e imputaciones.
Un hecho lamentable, pues ante este operativo
que más bien fue venganza del gobierno de Cuitláhuac García, la hermana de José
Antonio May fue violentada y a punto de ser violada sexualmente por un policía
de la Ministerial, quien en el video se observa portar una máscara de la
muerte. La vergüenza de la mujer fue tan grande que se resistió a ser tocada,
interviniendo su pareja para defenderla y siendo los dos detenidos, para luego, días después se
pagaron $100 mil pesos de soborno para dejarlos libres. Hoy, la hermana de May
González y su familia están fuera de México y llevan un proceso de asilo
político por el acoso y persecución del Gobierno de Cuitláhuac García, con
comprobados testimonios y material en video.
Las pérdidas en esta bodega en Río Blanco son
millonarias. Mucha de la mercancía es
perecedera y la Fiscalía de Veracruz se resiste a entregarla, sin justificar el
por qué, en un claro abuso de autoridad y violentando los derechos de José
Antonio May, quien ha pagado puntualmente la renta al verdadero dueño de este
inmueble, para no afectarlo en esta revancha política. Y May González ganó
todos recursos judiciales para que sea entregada esta bodega y quien resulte
responsable de pérdidas y robo por más de $13 millones de pesos. Lo interesante
es que José Antonio May González es dueño de otras siete comercializadoras,
trabajando de manera lícita y sus pagos de impuestos en regla.
Este tema es vergonzoso por donde se vea. Dos
víctimas en la cárcel por delitos de ultraje a la autoridad sin existir
elementos para sustentarlo y familias ya están tranquilas por la libertad de
trabajadores que se convirtieron en presos políticos. Quién va a pagar las pérdidas millonarias en una bodega que
inexplicablemente no es entregada. Ya
está interpuesta la denuncia ante la FGR, con la Carpeta de Investigación con
el número de expediente FED/VER/CORD/00002225/2021, así como otra Carpeta de
Investigación con el número SUIP/DV/541/2021 en la Fiscalía Tercera
Investigadora en Delitos Diversos Adscrita a la Subunidad Integral de Nogales,
Veracruz, perteneciente a la FGE.
Con base a la resolución emitida por la Jueza
de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo
Quinto Distrito Judicial Saray Hernández Pérez ordena a la FGE que: “Entregue
la bodega a más tardar el 09 de septiembre del 2022, de cumplimiento a la
resolución emitida en audiencia el 23 de junio del 2022 y restituya el bien
inmueble a José Antonio May González”. Triste que hasta el cierre de esta
entrega, la FGE no acate las órdenes y no cumpla lo que una jueza de control
ordena.
Abuso de autoridad, robo agravado, secuestro,
tortura e intento de violación sexual, complicidad, asociación delictiva y
crimen organizado es lo que se ve en este tema y perpetrado por elementos de la
Policía Ministerial, de Seguridad Pública y hasta de la Guardia Nacional, bajo
la protección de sus jefes, la fiscal Verónica Hernández Giadans y Hugo
Gutiérrez Maldonado, quienes han permitido tanta impunidad y protegidos por una
placa… Y todo, por una venganza personal de Cuitláhuac García Jiménez, quien ha
podrido a las instituciones FGE y SSP utilizando el poder para perseguir a sus
antes amigos patrocinadores, hoy perseguidos políticos.
Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com
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